Sanciones para exdirectivos del TEESIN

GUILLERMO TORRES. Castigo leve.

Pagos irregulares y falta de documentación de soporte de gastos

En el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) hubo pagos no estipulados en los contratos, tuvieron un gasto superior a los ingresos e irregularidades en los registros contables y los responsables fueron sancionados solo con una amonestación privada y una inhabilitación temporal.

Los responsables son el ex presidente del Teesin, Guillermo Torres Chinchillas, sancionado con una amonestación privada; y la ex titular de la Unidad de Administración de Recursos Humanos, Alma Zulema Ruiz Cázares, inhabilitada por 100 días.

El Órgano Interno de Control (OIC) del Teesin determinó que ambos eran responsables de las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado en la cuenta pública de 2019 y en febrero pasado resolvió sancionarlos.

Para el ex presidente del Teesin, el OIC estableció sancionarlo por ser responsable de faltas administrativas al incumplir con la realización de actos de carácter administrativos, necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal.

Entre las irregularidades se encuentra que en su gestión realizaron pagos por concepto de aguinaldo y prima vacacional que no se apegaron a los montos estipulados en los Contratos de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilables a Salarios.

En total fueron 44 pagos por un total de 527 mil 520 pesos, de los que tampoco proporcionaron el documento que ampare las dispersiones realizadas para el pago de la prima vacacional otorgada en los meses de julio y diciembre de 2019.

Además, hizo un pago de 24 mil 700 pesos por reembolsos de diversos gastos de presidencia, cuyos comprobantes digitales por internet están ilegibles, por lo que no fue posible validarlos.

Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Tribunal tuvo ingresos por 26 millones 526 mil pesos y gastos por 27 millones 777 mil pesos, por lo que hubo un gasto superior a los ingresos y quedó un monto que no contaban con fuente de financiamiento.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) también señaló que el 2019 el Tribunal cerró con insuficiencia financiera por un millón 319 mil pesos.

Durante 2019, Torres Chinchillas no instaló el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y no elaboró su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Con pruebas documentales acreditadas por la Dirección de Investigación de la Auditoría Superior del Estado y la autoridad investigadora del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, de la declaración por escrito y de las pruebas presentadas por el ex servidor público, se determinó que es responsable de faltas administrativas no graves, señala la resolución del OIC.

Alma Zulema fue sancionada con una inhabilitación de 100 días para ocupar cargos públicos, a partir del 24 de febrero de 2024.

Al igual que a Torres Chichillas, la responsabilizaron de los 44 pagos por 527 mil 520 pesos que no se apegaron a los montos estipulados en los Contratos de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilables a Salarios.

En su caso también detectaron pagos por 395 mil pesos por concepto de combustible y omitieron proporcionar bitácoras individuales para el control y registro del consumo para cada uno de los vehículos propiedad del Tribunal, que detallen el kilometraje, precio y consumo por litros.

Con recursos de la cuenta de Bienes Muebles, compraron una camioneta Highlander Premium color blanco modelo 2013, que no fue registrada.

En las retenciones de Impuesto sobre la Renta por Salarios en nómina la retención fue de 3 millones 597 mil 53 pesos y en los registros contables registraron 2 millones 934 mil 493 pesos, por lo que hay una diferencia de 662 mil 560 pesos.

En las retenciones de pagos al Infonavit, en las listas de raya el monto total fue de 175 mil 574 pesos y en los registros contables de 80 mil 638 pesos.

La auditoría además detectó que pagos de aportaciones patronales de IMSS, Infonavit, correspondientes al ejercicio fiscal 2018 por 250 mil pesos no fueron realizados oportunamente.

En la cuenta de Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente y Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio, no había documentos que ampararan las dispersiones realizadas para el pago de nómina correspondiente a las quincenas de enero, febrero, marzo, abril, primera de agosto, segunda de noviembre y diciembre de 2019.

El Órgano Interno de Control también la responsabilizó de que los funcionarios que manejaron recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2019 no contaban con fianzas vigentes expedidas por instituciones afianzadoras y tampoco realizaron el levantamiento físico del inventario de los bienes muebles y además omitieron publicar el inventario en su página de internet.

La resolución señala que Ruiz Cázares no aplicó de manera eficiente los lineamientos, normas y procedimientos establecidos en la normativa aplicable, para la administración de los recursos financieros, materiales y humanos del Tribunal.

Menciona que todo servidor público tiene obligación de actuar apegándose en todo momento a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y entre sus tareas estaban las de cumplir con las medidas pertinentes para el buen funcionamiento de la unidad a su cargo, así como ejercer el presupuesto de manera eficiente y organizada y atender y tramitar las prestaciones económicas a las que tienen derecho los trabajadores, el pago de impuestos y derechos a las instancias correspondientes.

Artículo publicado el 21 de abril de 2024 en la edición 1108 del semanario Ríodoce.

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