Información filtrada de la Sedena, de 2019, da cuenta de diversas reuniones en las que los representantes de las tres instituciones de seguridad planean la detención de integrantes del Cártel de Sinaloa en la zona sur

La Sedena y el exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, no solo han simulado flagrancias para justificar detenciones, como señalaron jueces, sino que han fabricado “denuncias ciudadanas” con información obtenida de las áreas de inteligencia del Ejército, para “agilizarle” a la Fiscalía General de la República la integración de carpetas de investigación en contra de integrantes de grupos delictivos.

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Correos hackeados por el colectivo Guacamaya, exhiben diversas reuniones celebradas en 2019 entre el cuerpo directivo del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Noroeste (CRFINO) de la Sedena, el exsecretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda y el exdelegado de la FGR, Víctor Manuel Martínez Mendoza, en las que planean judicializar investigaciones contra operadores del Cártel de Sinaloa en la zona sur del estado, a partir de “denuncias ciudadanas” elaboradas por el propio instituto castrense.

En una de las tarjetas informativas, remitida por el CRFINO al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CNFI) de la Sedena, fechada el 20 de junio de 2019, se señala que dos días antes, el 18 de junio, el cuerpo directivo del Centro Regional se reunió con el Teniente Coronel de Infantería del Estado Mayor, Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública del Estado, en la cual se “trató información relacionada con la situación de la carpeta de investigación, así como de las actividades delictivas que realizan los principales actores delictivos del caso ‘Playa’, que opera en el sur de la entidad”.

“Dicho jefe (Cristóbal Castañeda) propuso al cuerpo directivo de este Centro Regional que existe la factibilidad de que el Lic. Víctor Manuel Martínez Mendoza, el cual recientemente fue nombrado delegado de la FGR en esta entidad, sea apoyado por este Centro Regional, en el fortalecimiento de la carpeta de investigación de los principales actores delictivos del caso ‘Playa’”.

Otra tarjeta, con fecha del 10 de julio de 2019, informa sobre una videoconferencia previa celebrada el 24 de junio de ese mismo año con Castañeda Camarillo, quien también fue secretario de Seguridad Pública durante el actual gobierno, y de otra reunión presencial realizada el 9 de julio de 2019, a la que asistió el exsecretario de Seguridad y el entonces delegado de la FGR.

En esta última, se señala que Martínez Mendoza, —quien estuvo en el cargo de 2018 a 2023—, informó que no tenían “avances significativos” sobre la situación de la carpeta de investigación del caso “Playa”, que inició a partir de un video que se difundió en redes sociales el 15 de enero de 2019, en el municipio de Escuinapa, donde se observa a un grupo armado de aproximadamente 40 personas, caminando por las calles del municipio.

Directivos del CRFI Noroeste, Castañeda Camarillo y Martínez Mendoza acordaron en dicha reunión que el Centro Regional emitiría los datos generales de los principales actores delictivos del caso “Playa” en forma de una “denuncia ciudadana”, la cual sería enviada al secretario de Seguridad Pública del Estado, quien a su vez la remitiría al delegado de la FGR, para que se integrara a la carpeta de investigación.

“La información que contiene la denuncia ciudadana (anexa a la presente tarjeta informativa), refiere las actividades delictivas que realizan los principales actores delictivos del caso ‘Playa’, que operan en Mazatlán, Concordia, Villa Unión, El Rosario y Escuinapa, Sin., misma que es requerida por el delegado de la FGR en esta entidad para la integración de la carpeta de investigación”, señala el informe.

“Con la finalidad de obtener resultados positivos dentro del caso ‘Playa’, se aprecia la necesidad de que el cuerpo directivo del CNFI autorice a este Centro Regional que se remita la denuncia ciudadana al TTe. Cor. Inf. DEM Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública en el estado de Sinaloa, con el objetivo de que el Lic. Víctor Manuel Martínez Mendoza, delegado de la FGR en Sinaloa, esté en condiciones de integrar dicha denuncia a la carpeta de investigación y a la vez remitirla a la SEIDO para que se agilice su proceso legal”.

En un anexo del correo, se envió la “propuesta del contenido de la denuncia ciudadana elaborada en este Centro Regional como resultado del seguimiento técnico a los principales actores delictivos del caso ‘Playa’”.

“Una vez que el delegado de la FGR en Sinaloa remita la carpeta de investigación a las oficinas centrales, para que sea atraída por la SEIDO, gestionar la colaboración para integrar toda la información disponible del caso ‘Playa’, para fortalecer y agilizar dicha carpeta de investigación”.

En la “denuncia ciudadana”, elaborada por el CRFINO, presuntamente el denunciante dice que trabajó para uno de los cabecillas del Cártel de Sinaloa en Escuinapa, quien lo amenazó y le asesinó a un familiar, porque supuestamente grabó el video que se difundió en enero de 2019. De ahí que decidió hacer la denuncia.

“Señores les solicito ayuda ya que aquí estoy amenazado por un bato al que le dicen el Lobo es el mero encargado de Escuinapa yo trabajaba con este compa por necesidad pero me mato a un familiar por una grabación de un video que hizo con su celular donde se ven un montón de sicarios como unos cuarenta entre ellos el Lobo y el 40 este según es el que manda en todos los municipios de alrededor según este bato le reporta al Oscar Noé Medina González el Panú que según es brazo derecho de los patrones de Sinaloa y al Luis Ángel Castaño Peña El Titán que es el Jefe de Plaza en Mazatlán, este video lo subió al face el 16 de enero, por lo que al lobo le avisaron y empezaron a investigar y dieron con mi familiar, se lo llevaron por dos días, donde lo torturan y lo entregaron a los familiares posteriormente murió por eso me atrevo a denunciarlos”, inicia el texto elaborado por el área de inteligencia de la Sedena.

Juan Alfonso Medina, el Lobo, quien era jefe de plaza en Escuinapa, fue asesinado el 13 de agosto de 2019, de acuerdo a un informe de la Sedena.

Hasta el momento no se tienen indicios de que la estrategia armada por la Sedena en coordinación con el secretario de Seguridad Pública y el delegado de la FGR en Sinaloa, para detener a los señalados en el caso “Playa”, se haya concretado.

Documentos hackeados a la Sedena de 2020 y 2021 señalan que por lo menos hasta esos años, el caso “Playa” seguía abierto, y se contaban con órdenes de aprehensión desde 2019 contra los principales cabecillas del Cártel de Sinaloa en Escuinapa y Mazatlán.

Ríodoce publicó en la edición 1106 que, en el caso de cinco personas detenidas en 2023 por elementos de la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva en Culiacán y Mazatlán, los jueces determinaron autos de no vinculación a proceso, debido a que se simularon flagrancias a partir de denuncias anónimas, para justificar las aprehensiones.

En una de dichas detenciones, participó incluso Cristóbal Castañeda Camarillo, entonces secretario de Seguridad Pública.

Los agentes que participaron en las aprehensiones señalaron que las cinco personas fueron detenidas en flagrancia, a partir de denuncias anónimas. Durante las audiencias las versiones de los militares y policías cayeron en contradicciones y los jueces calificaron como “inverosímiles” las historias de las flagrancias.

Un ejemplo fue la detención de una mujer indígena Tzotzil, en Escuinapa, cuando viajaba a bordo de un autobús con 18 paquetes con 40 kilos de metanfetamina. En este caso agentes de la Policía Federal Ministerial dijeron haber recibido un oficio de investigación firmado por el ministerio público, que señalaba una denuncia anónima de una supuesta vecina de la mujer, en la que se detalla la vestimenta, calzado, número de asiento de la pasajera, número económico, color y placas del autobús, así como el itinerario exacto del recorrido.

“La supuesta denunciante dio el número de asiento de la pasajera, el número económico, color y placas del autobús, cuando en el boleto de la imputada ni en la lista de pasajeros aparece el número de placas ni el color, por lo que no se entiende cómo la denunciante sabía esos datos, antes de que la imputada abordara el autobús”.

Artículo publicado el 14 de abril de 2024 en la edición 1107 del semanario Ríodoce.