Políticos, camioneros, inspectores de Transporte, involucrados
Emilio Sam Curiel y don Jaime Catarino Osuna Lizárraga iniciaron una lucha legal en contra de aliancistas de carga que por la fuerza les impedían trabajar en la movilización de diversas mercancías, pero se toparon con políticos ahora encumbrados que por influencias trabaron la pesquisa en la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Tras casi 4 años de estira y afloja, la carpeta de investigación por abuso de autoridad, cohecho y uso indebido de la función pública 50/20/2018 fue trabada; los políticos como Feliciano Valle Sandoval, ex director de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado, y quien saltó a diputado local y su protegido Eduardo Acuña, entonces jurídico de Vialidad en Los Mochis, quedó en la banca, lo mismo que Hugo Leal Sañudo, ex delegado, en tanto que los inspectores diversos terminaron siendo “piratas” en el acarreo de personal al campo. Don Jaime Catarino murió, y Sam Curiel se deshizo de sus unidades y vendió sus permisos por problemas económicos.
Mientras que las alianzas de carga que comenzaron todo continúan trabajando, y hasta se organizaron en una coordinadora de transporte que desde el 2018 y hasta el 2024 funciona como un poder paralelo al Estado asignando cargas y descargas por complicidad y enjuague del actual director de Vialidad y Transporte, Miguel Loaiza Torres, que resulta ser también concesionario de carga, según Sam.
Este afirmó que no quita el dedo en la llaga y continúa con los procesos a sabiendas de que lucha contra un mar de corrupción fomentado por individuos encumbrados en el gobierno de Rubén Rocha Moya y por tanto intocables, y alianzas de transportistas que más parecen mafiosos y traficantes del poder público.
“Don Cata, que era mi vecino, murió esperando justicia que siempre le negaron al menos tres fiscales generales, incluyendo Sara Bruna; a él, habiendo sido líder de la Alianza del Valle del Fuerte le trataron muy mal, lo segregaron, hostigaron, quemaron el camión, y finalmente la acumulación de hechos lo enfermó y el padecimiento lo mató. No quiero terminar como él, pero tampoco voy a dejar las cosas así, que la corrupción me venza. Voy hasta el final, los autores de tanta maldad, tropelías, abusos y sus protectores deben de pagar por mal uso del poder investido. Por esa clase de políticos: el municipio, el estado y la nación están hundidos en un océano de podredumbre, de mierda, de cagada. Los Mochis es el reino de la impunidad de la corrupción”, acusó Sam Curiel.
Según Emilio y Don Cata en vida, sus casos son copias y se trata de la violación sistemática de la ley por parte de camioneros que conformaron una red de corrupción y protección amparada ahora desde los gobiernos de la Cuarta Transformación, como antes lo hicieron los priistas y los panistas, acusa Emilio Sam, otro ex permisionario de carga federal afectado con el freno de mano impuesto por el agente del ministerio público, Heriberto Estrella, que negligentemente hace lo contrario a lo realizado por Juan Pedro Cota, quien avanzó enormidades en la integración de la misma carpeta.
“Estrella se la lleva dando evasivas para no judicializar la carpeta 50/20/2018. Que se la quitaron, que faltan periciales, que faltan peritajes, que ya pronto. Ofreció que un jueves, pero ya han pasado 45 días y se aproxima el Jueves Santo y nada más no llega a tribunales”, aseguró Sam Curiel.
En la carpeta se consigna la anulación de concesiones de los dirigentes transportistas José Antonio Chinchillas Fierro, Ignacio Santos Montes, José Rosario Acosta, Plinio Castro Sosa, José Luis Angulo, Gerardo Villegas y otros por obstruir el tránsito a unidades con permisos federales cargadas de perecederos.
De acuerdo con los hechos, en el trienio 2015-2018 y fechas anteriores, las alianzas del Valle del Fuerte, Espiguita, de carga, con la manipulación de inspectores de transporte bloquearon los camiones de Sam y Osuna con el pretexto de que cruzaba Ahome sin tener los permisos del estado.
Entonces, les levantaban infracciones y retiraban las placas, remitiendo las unidades a los corralones. La misma maniobra la realizaron en muchas ocasiones y en diversos puntos de la ciudad, hasta que forzaron a las empresas a eliminarlos como proveedores de transporte. Esa fuente de trabajo terminó siendo explotada por los aliancistas, hasta ahora. Los iniciadores de la relación laboral, Sam y Osuna terminaron desplazados.
Y desde entonces, la lucha legal comenzó, recordó Sam.
“Pero el Heriberto Estrella la estancó y obstruye cada avance a judicializarse, al grado de mentirnos, de que estaba en sus manos para firma, resultando en que es un ministerio público corrupto y sátrapa, que se ha dedicado a reírse de los ofendidos”.
Hasta ahora, cuatro años después de iniciada la investigación, esta no llega a ningún lado, pero según Sam, lo es así porque la corrupción y las complicidades políticas en las alturas del Gobierno se autoprotegen de los particulares.
Artículo publicado el 10 de marzo de 2024 en la edición 1102 del semanario Ríodoce.
