Ciudadanos denunciaron que la corrupción oficial en dependencias municipales, estatales y federales no ha disminuido, sino que continua impune operando desde una red criminal, y dieron ejemplos de cómo se triangulan decisiones para el beneficio de unos cuántos.

Las afirmaciones se lanzaron durante el anuncio para integrar la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa, a donde concurrieron agrupaciones no alineadas con los intereses del alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros, del gobernador, de Rubén Rocha Moya ni del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Los denunciantes son conocidos por su oposición a ceder los espacios ciudadanos a la red de tranzas oficiales.

De estos, Luis Alfonso Cota Sánchez, especialista en urbanismo y de desarrollo sustentable de recursos naturales, denunció la existencia de convenios perversos para regalar áreas de donación a particulares, regular el predio del Ingenio, y trazar polígonos que destruyen el espectro de la ciudad.

Los actos ilegales se ocultan en un instrumento al que se denominó convenio Canadevi, que se firmó entre el Ayuntamiento de Ahome y la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda para reducir los espacios públicos en nuevos fraccionamientos a cambio de columpios y resbaladeras, cuyo costo es inflado a placer. Además, acusó que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) sirve para oficializar tratos amañados entre el gobierno que facilita robos de superficie servida a particulares.

“Los actos ilegales deben de ser frenados al menos con un extrañamiento y con juicios imparciales sobre funcionarios que tuercen la ley para beneficio de unos cuantos; sin embargo, encausarlos cuesta dinero y no es fácil, para los organismos civiles, encausarlos, de allí la desventaja social sobre la corrupción oficial”, consideró.

Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira, maestro de lengua mayo-yoreme, fundador del colectivo ¡Aquí No! y vocero de Nación Yoreme-Mayo, señaló que la corrupción se ha fomentado desde el Gobierno y por todas las dependencias que debieron proteger los espacios comunes y las zonas libres de contaminación de industria pesada y de petroquímica. Esto ha facilitado que empresas corruptas pretendan instalarse en territorios indígenas.

Las empresas y los gobiernos usan las necesidades de educación, salud y economía de los pueblos indígenas para corromperlos y dividirlos, comprándolos con despensas. “Estamos luchando contra la empresa GPO y otras que pretenden instalarse en nuestros territorios, en sitios Ramsar, en donde no se permite la construcción de industria petroquímica, pero ellos, sin permisos ni autorizaciones de ninguna especie ya talaron 28 hectáreas de manglares y van por 200 más.

Esto se ha permitido desde los mismos gobiernos municipal de Ahome, estatal y federal, pues los gobernantes se han corrompido para imponer empresas. “Lo han intentado con nosotros para favorecerse política y económicamente y dejar a esas empresas”.

“Los gobernantes dividen a las comunidades originarias, las leyes no se consultan, y siguen empeñados en dañar un sistema lagunar y un sitio Ramsar; ninguno de los diputados ha presentado defensa de sus representados, y por ello, el pueblo está solo, abandonado a merced de corruptos. ¿De qué manera vamos a parar esto?

Por el contrario, las cosas van subiendo de intensidad pues ahora nos ofrecieron y nos dieron chalecos antibalas, pero eso no te va quitar un atentado, cuando el Gobierno quiere que sirvan a sus intereses políticos y económicos, sostuvo Montaño.

Manuel Aragón, miembro de la UAdeO acusó que, tras el brote de inconformidad por la imposición de un rector, ahora hay amenazas, hay temor a los líderes que exigen una auditoría a la construcción de la nueva rectoría pues se paran paredes de cartón y se gastan 63 millones de pesos en un edificio que no se sabe cómo se construyó; las canchas deportivas parecen montes, no se puede practicar deporte.

Carlos Mendoza, del Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa, acusó que la interpretación de la ley por los funcionarios los hace ser más impositivos, con un incorrecto vínculo con contribuyentes en fiscalización y contribuciones.

Jesús Manuel López Marroquín, presidente del colegio de Abogados “Ignacio L. Vallarta” denunció cómo la autoridad deja pasar los casos y citó que en la actualidad se da la apología de la corrupción, delincuencia y drogas día a día en redes sociales restándole integridad hacia los jóvenes para prevenirla; en tanto el asesor de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasín) sostuvo que en el municipio, Estado y Federación hay mucha corrupción y falta Seguridad Pública, que debe de ser combatida. Se debe de exigir a los titules de fiscalía y Poder Judicial se combata la corrupción pues esta es un “cáncer social”.

Laura Guzmán Torróntegui, presidenta de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Codimentados, expresó que muchos de los actos de corrupción son por desconocimiento de los procedimientos, de lo que se aprovechen las personas. Dijo que hacen falta buenos sistemas que ayuden a bajar esa nómina negra de pagos.

José Luis Olivas Montoya, presidente del Colegio de Abogados Ignacio Sánchez González, sostuvo que el Poder Judicial del Estado de Sinaloa no es ajeno a la corrupción, y que en Sinaloa no hay un rincón ni espacio en donde no ocurra. Ejemplificó su aseveración con el caso de designación de peritos en donde se aportan peritajes dos horas después de designados, cuando la ley da 10 días para su elaboración. ¿Cómo es posible esto, sí hay filtros para la designación de esos peritos?

Fernando Ruiz Rangel, Rocío Elvira Jacobo Lara y Lucía Irene Mimiaga León, presidente e integrantes del Comité de Participación Ciudadana del sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, respondieron que los casos planteados tendrán una respuesta contundente que llegue hasta la sanción de los funcionarios previa investigación si la comunidad se integra en la red y contribuye denunciando y puntualizando cada evento.

Sin embargo, lo relevante será el monitoreo de las políticas públicas anticorrupción pues siempre se tendrá interés en reducir las medidas anticorrupción.

“El que tenga que decir algo, que se sume para formalizar la red”, reiteró Ruiz Rangel.

Y sostuvo que para que se dé la corrupción se requieren dos personas, el funcionario y el particular. El primero se aprovecha de que, en ocasiones, las leyes tienen requisitos de más o permiten decisiones discrecionales de servidores públicos, lo que se traduce en riesgos de actos indebidos.

Esto se combatirá con mejoras regulatorias y el uso de tecnologías para profesionalizar el servicio público íntegro.

Aclaró que, en la actualidad, los órganos internos de control en los ayuntamientos son esenciales para reducir las posibilidades de corrupción, pues tienen competencia para prevenir, investigar y sancionar faltas administrativas no graves; sin embargo, esto derivó en interés de los alcaldes y los cabildos por tener funcionarios a modo para evitar riesgos. Incluso, dijo, las sindicaturas de procuración se han opuesto a transparentar el cargo.

Contó que en el 2020 se recomendó se transparente y se garantice la idoneidad del pretenso facultando a regidores para que emitan la convocatoria, clarifiquen los requisitos del perfil, inviten a la sociedad y previo análisis de los requisitos realizar entrevista pública y después lo designen los ediles, pero los síndicos procuradores pretendieron vetarla aduciendo invasión de atribuciones.

Resultó que el método fue impugnado, pero se defendió con la reforma a la Ley de Responsabilidades administrativas de funcionarios Públicas que lo contempla. “Lo que falta es armonizar las leyes municipales para transparentar el proceso, y en eso estamos”.

Artículo publicado el 21 de enero de 2024 en la edición 1095 del semanario Ríodoce.