La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGE), inició de oficio una Carpeta de Investigación por la filtración y publicación de fotografías de los cuerpos del magistrade Ociel Baena y de su pareja Dorian Daniel Nieves en el interior de su domicilio.
La indagatoria por la filtración y difusión de las fotografías comenzó tras la expresión de indignación y enojo de colectivos de la comunidad LGBTQ por la publicación de fotografías del cuerpo sin vida del magistrade.
“Se abrió carpeta de oficio CI/AGS/30817/11-23 por las fotos que se filtraron y andan circulando en redes sociales, así como el certificado de defunción”, dice el comunicado.
De acuerdo al contenido de las fotografías fueron tomadas antes de que peritos y agentes investigadores llegaran a la escena de los hechos y los primeros en atender el reporte del suceso fueron policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes actuaron como primeros respondientes.
En las imágenes se captaron desde la puerta de acceso a la casa del magistrade, aún no aparecen los conos de fijación de la escena de los hechos que de acuerdo a los protocolos de investigación colocan los expertos forenses para marcar los indicios y delimitar la escena.
Luego de que la empleada doméstica de Jesús Ociel Baena y Dorian Daniel los encontró fallecidos tirados en el suelo, y que comunicó el hecho al escolta del magistrade, quien se encontraba en el exterior del inmueble.
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso, ha descrito que la corporación fue en su calidad primeros respondientes.
La indagatoria se sustenta en la llamada “Ley Ingrid”, prevista en el artículo 225 del Código Penal Federal por delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos por la filtración de imágenes de víctimas de violencia.
La conducta ilícita también está prevista en el artículo 183 fracción VI del Código Penal del Estado de Aguascalientes, en el que se establece que se afecta la dignidad de las personas por fotografiar o videograbar, así como difundir o permitir la difusión o por cualquier medio, de las imágenes o videos de uno o más cadáveres, restos humanos, documentos o datos que permitan su identificación, sin la autorización de los ofendidos.
