La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) consideró no satisfactorios los niveles de transparencia de la UAS, el PAN y los gobiernos municipales de El Fuerte, Concordia, Rosario, Sinaloa y San Ignacio.
La evaluación forma parte de los resultados generales de verificación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en 2023, aprobados por el Pleno de la CEAIP.
En el documento presentado ante los comisionados de la CEAIP, se registró que al UAS apenas alcanzó un 64.29 % del nivel de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, lo que ubica a esta institución en el fondo del ranking del apartado de organismos autónomos, los cuales en su conjunto obtuvieron un promedio de 94.67%.
Respecto a los Ayuntamientos los niveles reprobatorios fueron registrados como sigue: El Fuerte (59.17%), Concordia (45.17%), Rosario (42.33%), Sinaloa (35.17%) y San Ignacio (7.67%).
Los niveles más bajos en transparencia fueron registrados en el bloque de los organismos paramunicipales, compuesto por 73 instituciones, las cuales alcanzaron puntajes de 68 hasta cero. Entre las instituciones con más bajos niveles se encuentran el Zoológico de Culiacán (1.5%), el Instituto MÍA (0.60%), y nivel cero la Junta de Agua Potable del Municipio de Sinaloa, DIF San Ignacio y Choix.
En las secretarías del gobierno estatal, registraron un nivel satisfactorio, pero con amarillo preventivo en materia de transparencia, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (87.17%) y la Secretaría de Seguridad Pública (76.60%).
En cuanto a organismos del Poder Ejecutivo salieron reprobados en transparencia el Desarrollo Urbano Tres Ríos (69.40%) y el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social (64.33).
En partidos políticos, apareció con un nivel no satisfactorio el PAN con un 30.25%, en tanto que e PT con un nivel de cero.
El proceso de verificación contempló la revisión de 189 sujetos obligados entre el 3 de julio y el 31 de octubre de 2023.
Por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia, la CEAIP impondrá medidas de apremio y sanciones económicas, las cuales deben ser cubiertas directamente con recursos por el servidor público que incurrió en la omisión.
