Líderes indígenas, activistas ambientalistas comunitarias, pescadores y representantes de Los Mochis fijaron su oposición a la industria petroquímica que el Gobierno y empresarios pretenden instalar en el puerto Topolobampo, incumpliendo normas de protección ambiental amañando las manifestaciones de Impacto Ambiental.

Felipe Montaño Valenzuela, Gobernador tradicional de Ohuira, Irene Díaz López, habitante Paredones, activista ambiental, Melina Sandoval, residente de Lázaro Cárdenas, ambientalista y pescadora, Armando Pinzón, prestador de servicios turísticos, habitante de Topolobampo y activista de ¡Aquí No!, Enrique Ayala Carrejo, vecino de Los Mochis y activista social indicaron que ya son 2 empresas las que pretenden instalarse en Topolobanpo, GPO y Productores Pesqueros de Topolobampo para producir amoniaco, que sumadas a etano de Mexinol, sumarían 11 empresas las que generarían toda clase de riesgos para los habitantes, desde contaminación química del mar, aire y suelo hasta riesgos mortales para la población en caso de fugas.

Las empresas y los gobiernos pretenden hacer de Topolobampo una bomba petroquímica, dijo Montaño Valenzuela.

Estas son negarse a la consulta indígena por inexistencia de mayos yoremes, y a una consulta pública ocultando deliberadamente en medios foráneos el ingreso de la solicitud del proyecto; presumen construcción de tecnología de punta; omiten distancia segura entre instalaciones de alto riesgo; niegan usar el agua de mar como sistema de enfriamiento; usar escombros para relleno de esteros a la entrada de Topolobampo; dragado hasta 12 metros del canal de navegación para la dársena de maniobra con un destino final del fondo marino a depositarse en rellenos de esteros; importación de gas natural; destrucción de cerro de Las Gallinas; interconexión al sistema de alta tensión de Topolobampo; y rechazan contaminar el mar con sus desagües porque lo verterán al sistema de ASIPONA, pero ASIPONA descarga finalmente en el mar.

Exigieron al gobierno federal reubique la industria petroquímica fuera de un polígono habitado; que en el plan de desarrollo municipal se regule con visión de protección ambiental y los permisos de uso de suelo, deberán contar con la anuencia de los pueblos originarios, vecinos del puerto y de la ciudad de Los Mochis.

Y de los legisladores federales demandaron leyes sobre el derecho a la vida, la Salud y a un territorio libre de contaminantes de los ciudadanos de Ahome, además de conocer el resultado de las investigaciones sobre sólidos en el mar.

Ayala Carrejo denuncio que las empresas amañan con negativas a la consulta indígena por inexistencia de mayos yoremes, y la consulta pública, ocultando deliberadamente en medios foráneos el ingreso de la solicitud de los proyectos, entre otras irregularidades.