La extraña renuncia del abogado de Estrada Ferreiro

JESÚS ESTRADA FERREIRO. “descapitalizado”.

En plena audiencia, Estrada se queda sin defensa

El ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, cambió su tono de voz en un segundo. De acusar, enojado, a los Fiscales de fabricar delitos y al gobernador de estar detrás de su proceso, suavizó la voz cuando sus abogados anunciaron que renunciaban y pidió le nombraran un defensor de oficio porque ya no tiene dinero para pagar una defensa particular.

El martes pasado, el proceso penal se le complicó al ex presidente municipal después de que la jueza rechazó abrir un incidente para debatir para la posibilidad de cerrar la causa penal y, de manera repentina, su abogado Josué Javier Ontiveros dijo que él y su compañero, Juan José Galindo, se revocaban y ya no continuarían con la defensa.

Durante la audiencia, el que hizo las manifestaciones fue Estrada Ferreiro, mientras que su abogado permaneció en silencio.

El ex alcalde dijo que le sorprendió la renuncia porque antes de entrar a la sala no sabía que el abogado dejaría la defensa.

“No (sabía), pero ya había algunos detalles que no son precisamente la discrepancia de esto”, expreso.
Comentó que pidió un defensor de oficio “porque no tengo para pagarles, realmente pudiera defenderme sólo, pero lo técnico no me encuadra. No sé qué pasaría en el fondo, pero no quiero hablar de nadie”.

Señaló que él es abogado, pero no llevará su defensa porque hay tecnicismos que no conoce.
El proceso penal es por los delitos de abuso de autoridad y discriminación de las viudas de los policías municipales asesinados.

El inicio del juicio oral estaba programado para el lunes, pero el defensor Josué Ontiveros pidió a la jueza, Graciela Adriana Peraza García, abrir un incidente de sobreseimiento.

El abogado manifestó a la jueza que la causa penal debía cerrarse porque no hay delito y mencionó que tienen un video que demuestra que nunca ofendió a las viudas y, además, hay un testigo presencial.
La juzgadora comentó que las víctimas debían estar enteradas de la solicitud que pretendían hacer y en la sala solo había cuatro de las 48 viudas, por lo que pidió que citaran a las que no acudieron para el día siguiente.

El martes acudieron las víctimas y al iniciar la audiencia el abogado Josué Ontiveros dijo que su defendido quería hacer unas manifestaciones y fue Estrada Ferreiro el único que intervino durante toda la sesión mientras que el abogado se mantuvo en silencio.

Estrada Ferreiro tomó la palabra y mencionó que la causa penal debía cerrarse y fundó su solicitud en el Código Penal que señala que podrá sobreseerse cuando el hecho no se cometió, el hecho cometido no constituye delito y apareciere claramente establecida la inocencia del imputado.

Manifestó que la conducta que acusa la Fiscalía sí es delito, pero él en ningún momento la cometió.

“Soy inocente de lo que me están acusando porque en ningún momento ofendí a alguna persona”, expresó.

Pidió a la jueza que apercibiera los ministerios públicos para que se conduzcan con verdad porque están ante una autoridad judicial, e imputar hechos falsos es un delito.

El Ministerio Público, Ramón Valenzuela, señaló que la jueza carece de facultades para resolver un sobreseimiento en esa etapa del proceso penal porque cuando la defensa haga la solicitud deberá exponer antecedentes y la jueza de enjuiciamiento está impedida para conocer los datos de la etapa previa al juicio.

Señaló que, si la jueza conoce los antecedentes del caso o las pruebas, tendría que excusarse porque no podría llevar el juicio oral.

El asesor victimal, José Ángel Bejarano, manifestó que la intención de la defensa era contaminar a la jueza con los antecedentes para que ella se excusara de conocer el juicio y así retrasarlo porque tendrían que nombrar a otro juez.

Pidió a la jueza dar vista a la Fiscalía para que abriera una carpeta de investigación contra el abogado Josué Ontiveros porque estaba cometiendo un delito, ya que el día anterior fue él quien promovió el sobreseimiento que claramente es improcedente y lo hizo con la intención de retrasar el juicio.

Detalló que el Código Penal establece una pena de tres meses a tres años de prisión para quien utilice tácticas para retrasar un juicio.

Estrada Ferreiro respondió que él es menos interesado en que se retrase el juicio y eso solo beneficia a la Fiscalía que ha buscado alargar el proceso.

Manifestó que en una ocasión el gobernador Rubén Rocha Moya le dijo “no vas a ganar estos casos” y “contra la Fiscalía no vas a poder”.

Acusó que el gobernador y el secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, están detrás de su proceso, al igual que con el ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres; y el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina.

“Soy víctima política de estos barbajanes”, aseguró, y acusó que a los ministerios públicos le pagan para armar delitos.

La jueza Graciela Adriana Pereza dijo que no podía resolver un sobreseimiento porque en la solicitud tendrían que exponer antecedentes del caso o datos de prueba y ella está impedida para conocerlos antes de que inicie el juicio.

Rechazó dar vista la Fiscalía para que abriera una carpeta de investigación al abogado porque la solicitud no era notoriamente improcedente.

La jueza dio nueva fecha para el inicio el juicio oral y cuando dio la palabra a los defensores para que hicieran una ultima manifestación antes de cerrar la audiencia, Josué Ontiveros dijo que se revocaban por diferencias en la estrategia de defensa.

Estrada Ferreiro cambió el tono de voz que había mantenido durante la sesión y en tono tranquilo, pidió que le nombraran un defensor de oficio porque está “descapitalizado” y no puede pagar un abogado particular.

Al día siguiente, la jueza nombró a Manuel Gómez Rizo, como nuevo defensor de oficio del ex alcalde.
El juicio oral fue programado para iniciar el próximo 18 de septiembre.

Artículo publicado el 13 de agosto de 2023 en la edición 1072 del semanario Ríodoce.

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