Agentes de la Fiscalía no pueden realizar cateo en la UAS; el ‘velador se llevó las llaves’, argumenta abogado de la Universidad

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Agentes de la Fiscalía General del Estado no ingresaron a catear el campus Buelna de la UAS debido a que el velador se llevó las llaves y no lo localizaron, a pesar de que el mandamiento los autorizaba a romper las cerraduras.

Elementos de la Fiscalía Especializa en Combate a la Corrupción llegaron esta mañana de lunes con una orden de cateo pero el campus donde se ubica la torre de Rectoría, estaba cerrado y tras esperar alrededor de dos horas se retiraron.

El asesor legal de la Universidad, Alfonso Carlos Ontiveros Salas, aseguró que la UAS nunca se opuso al cateo.

“Nosotros no estamos impidiendo absolutamente el paso”, señaló.

Manifestó que la orden tiene fecha para ejecutarse el 15 de julio a las 20:00 horas y ya pasó el plazo.

Señaló que les dijeron que si tenían que usar cerrajeros para entrar lo hicieran.

“No entraron porque no quisieron”, expresó.

Manifestó que no es imputable a la UAS que no se haya realizado el cateo.

El abogado comentó que la Fiscalía no tiene pruebas en la carpeta de investigación y ahora las está buscando porque tienen una necesidad de allegarse de ellas.

La FGE informó que solicitaron el mandamiento judicial de un Juez para acceder a las instalaciones y archivos contables de la UAS ante la negativa de sus autoridades de entregar información solicitada desde mayo pasado.

Dicha orden de cateo se sustenta en el artículo 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se indican o expresan los indicios de los que se desprenda la posibilidad de encontrar en el lugar persona o personas que hayan de aprehenderse o los objetos que se buscan. El Juez autorizó inclusive a romper cerraduras y a introducirse a los recintos, indicó.

Señala que esta medida se realiza por necesidad procesal para poder tener a la mano los documentos que se necesitan para la integración debida de las carpetas de investigación; toda vez que se les estuvo solicitando de manera reiterada, a lo cual se negaron.

La documentación es información mínima de oficio que debiera estar publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, sin embargo, no se encuentra disponible, por lo que se tomó la decisión de llevar a cabo dicha medida de investigación apegada a derecho, indica.

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