Los productores de maíz y trigo del Noroeste están viviendo una de las peores crisis de su historia. Esta crisis no se acaba con la liberación del aeropuerto de Culiacán. Esto es una pausa para un problema que no hubiera ocurrido si los precios internacionales de los granos se hubieran mantenido, pero han caído más de 20 por ciento en un año. Esta difícil situación tampoco hubiera pasado si siguiera vigente el esquema que operó hasta el 2018, en el que los productores contaban con el apoyo del Gobierno para las coberturas de precios y para la planeación de sus cosechas a través de la agricultura por contrato.
Las cosas están tan mal que estamos en el proceso de buscar villanos. La lista es extensa: tenemos al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que se hizo cargo del tema cuando estalló la primera crisis, a mediados de mayo, pero estaba más preocupado por su precandidatura que por dar seguimiento a un acuerdo de difícil ejecución. Tenemos también a los grandes corporativos compradores de granos, Gruma, Cargill y Minsa, que cometieron “el pecado” de comprar el maíz al precio internacional (en el rango de 5 mil-5 mil 200 pesos por tonelada), en vez de adquirirlo al precio de garantía de casi 7 mil pesos por tonelada. En la lista, no podemos dejar fuera a los administradores de Seguridad Alimentaria Mexicana, que fueron incapaces de honrar el nombre de la dependencia: el desajuste en el mercado de maíz amenaza la seguridad alimentaria. La crisis de los productores en el 2023 puede liquidar a muchos productores y complicar el abasto de maíz blanco en el futuro próximo.
En estos tiempos de metaversos y universos paralelos, una buena lista de villanos debe mezclar lo real con lo imaginario. De los problemas de los productores de maíz, el presidente culpa al pasado neoliberal. Nosotros no necesitamos viajar al pasado para culpar al Super Peso. La revaloración de la moneda mexicana ha significado un duro golpe para los hombres del maíz. ¿Por qué? Porque el precio de este grano en México se define a partir del precio internacional que se expresa en dólares. El maíz ha bajado 23.68 por ciento respecto al máximo nivel registrado a fines de abril del 2022. En pesos, esto quiere decir un doble descenso. Al 23 por ciento hay que sumarle el 12 por ciento que ha ganado el super peso. Por cada tonelada reciben alrededor de 35 por ciento menos. Todo esto en un contexto en el que pagan mayores costos financieros, por el alza de tasas de interés.
De la toma del aeropuerto de Culiacán, el presidente López Obrador culpa a oscuros intereses partidistas/empresariales. A reserva de que el presidente presente pruebas, podemos tejer una explicación más sencilla, con información disponible. El gobierno canceló un esquema que se utilizaba en el pasado y que funcionaba más o menos bien. Lo sustituyó por algo que es más caro y “protege” a menos productores. Se eliminaron las coberturas de precio, que tendrían un costo aproximado a los 2 mil millones de pesos anuales, si se compran a tiempo y que podrían garantizar precios superiores a los del mercado (en caso de bajas tan abruptas como las que se viven en el 2023).
En su lugar, resucitaron los precios de garantía, en donde el Gobierno asume completamente el riesgo de una baja y se obliga a pagar la diferencia entre lo garantizado por el Gobierno y lo que el mercado paga. Para explicarlo con peras y manzanas: el Gobierno de Sinaloa comprará medio millón de toneladas a casi 7 mil pesos. Este esfuerzo le costará 3 mil 500 millones de pesos. Segalmex se comprometió a comprar 1.3 millones de toneladas, a un precio similar al que garantiza Sinaloa. El esfuerzo presupuestal supera los 8 mil millones de pesos, aunque hay que aclarar que Segalmex no ha hecho su parte. Entre ambos, los compromisos de gasto oscilan entre 11 mil 500 y 12 mil millones de pesos.
Con estos números, es normal que la cobija del dinero público no alcance para todos los productores. El apoyo se limita a los que trabajan menos de 10 hectáreas. ¿Dónde está el problema? Que quedan fuera 4.3 millones de toneladas, que corresponden a los productores que trabajan más de 10 hectáreas. Si el Gobierno se comprometiera a comprarlas todas, en condiciones similares al primer millón 800 mil toneladas, debería erogar un poco más de 30 mil millones de pesos. No hay dinero, ni soluciones a la vista. Para eso tenemos villanos.
Artículo publicado el 18 de junio de 2023 en la edición 1064 del semanario Ríodoce.
