María y David Hernández, mamá y tío de los hermanos Arellano Hernández, y nueve accionistas, colaboradores y excolaboradores del grupo empresarial mazatleco, entre ellos Alfredo Arámburo Nájar, dueño del equipo Algodoneros de Guasave, son señalados por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada

Once accionistas y colaboradores de Grupo Arhe, entre los que se encuentran María y David Hernández Ramos, mamá y tío de los hermanos Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández, así como Alfredo Arámburo Nájar, dueño del equipo Algodoneros de Guasave, tienen una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, al ser señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de formar parte de una red de empresas y particulares utilizada por Genaro García Luna para triangular recursos.

Los señalados del Grupo Arhe por la FGR son también Roberto Osuna Rubio, Jorge Luis Hernández Díaz, Mara Thelma Vega Pozos, Héctor Carrasco Muro, Jesús Artemio Nieblas Talamantes, Juan Eladio Mariscal Gutiérrez, Ramón Alejandro Ruelas Flores y Rubén Darío Leza Alvarado, quienes están vinculados a la empresa Operadora Grupo Gas Mart, S. de R.L. de C.V., a la cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusa de haber recibido más de 42 millones de pesos en 2013, 2016 y 2017 de Nunvav Inc, de grupo Weinberg, y posteriormente realizar 16 transferencias bancarias, entre 2015 y 2016, por más de 20 millones de pesos a Glac Security Consulting Technology Risk Managent SC, propiedad de García Luna.

Los recursos transferidos por Nunvav Inc a Operadora Grupo Gas Mart, una de las más de 100 empresas del grupo empresarial de los Arellano Hernández, la UIF señala que fueron obtenidos a través de contratos amañados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRES) de la SSP federal.

“Hay aquí otro operador, Grupo Gas Mart, que también era, digamos, vinculada a las actividades de la empresa de Glac Security, y algunas otras…’”, dijo Pablo Gómez, titular de la UIF el pasado 9 de marzo, cuando dio a conocer la red de empresas vinculadas a García Luna durante la conferencia mañanera.

LA UIF señala que Nunvav Inc, creada en Panamá por los Weinberg, obtuvo 21 contratos entre 2011 y 2018 de la Policía Federal, OADPRES y el CISEN por 337 millones 200 mil pesos, además de transferencias por más de 787 millones de la Tesorería de la Federación (2013-2018) y el Gobierno de Nuevo León (2018-2019), los cuales transfirió a otras empresas suyas, así como a particulares en México Israel, Barbados, Estados Unidos, entre ellas Operadora Grupo Gas Mart, las cuales a su vez transfirieron parte de esos recursos a empresas controladas por ellos y García Luna.

La FGR informó que los 61 funcionarios y particulares contra quienes se giraron órdenes de aprehensión, entre los que se incluyen a los socios y colaboradores de Grupo Arhe, se coludieron con García Luna y sus socios Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, “para saquear los recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (cárceles federales), dependiente de dicha Secretaría”.

“Lo anterior, a fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro “G”, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de 10 contratos ilícitos, por la suma de 5 mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”, señala el comunicado de la FGR.

La Fiscalía también dio a conocer que solicitó la ficha roja a la Interpol para todos aquellos que se han fugado del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación.

“Ya se están recabando todas las pruebas necesarias para proceder a la vinculación penal correspondiente y a la recuperación de los bienes sustraídos”, añade el comunicado.

Las órdenes de aprehensión fueron giradas también contra el propio García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez, sus hermanos Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto García Luna, así como contra Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Mauricio Samuel Weinberg López y Oswaldo Luna Alderrabano, ex Oficial Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), entre otros.

El proceso penal que inició la Fiscalía contra los señalados en el entramado de desvío de recursos de García Luna, es independiente a otra denuncia dada a conocer por la UIF por despojo multimillonario contra de la Policía Federal.

El gobierno de México también tiene en proceso una demanda civil en contra de García Luna y sus cómplices ante la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade, en EU, con la que pretende recuperar más de 700 millones de dólares que, asegura, el exfuncionario federal y sus cómplices “lavaron” y transfirieron a cuentas bancarias de ese condado, y después utilizaron para comprar bienes y propiedades.

Operadora Grupo Gas Mart y sus nexos con García Luna

La empresa Operadora Grupo Gas Mart, —cuyo objeto social es proporcionar servicios de consultoría contable, fiscal, financiera y legal—, fue creada en diciembre de 2012 con el nombre de Canadá Resort S de RL de CV, por Roberto Osuna Rubio, y en 2014 cambió su nombre a Operadora Grupo Gas Mart S de RL de CV. Posteriormente modificó el tipo de sociedad a una SA de CV y en 2016 fue escindida parcialmente para dar paso a Consultoría Administrativa Río Nazas SA de CV, que a su vez transformó su nombre a Operadora de Servicio ICIT SA (abril de 2017), luego a Consultores Administrativos Río N SA de CV. Y en enero de 2020 cambió de nuevo su razón social a Canadá R Servicios de Operación SA de CV, nombre que lleva actualmente.

Los socios de Operadora Grupo Gas Mart son Roberto Osuna Rubio y Consultora en Opciones de Negocios SC de RL, que fue escindida totalmente en diciembre de 2019 para dar paso a Consorcio de Consultores en Servicios Extraordinarios PREN, SC de RL de CV y Despacho VLCC, SC de RL de CV, en las que María y su hermano David Hernández Ramos, su cuñado José Patrón Millán, Roberto Osuna Rubio y Jorge Luis Hernández Díaz, son accionistas. Mientras que Alfredo Arámburo Nájar, dueño de los Algodoneros de Guasave, fungió como administrador en Consultores en Opciones de Negocios.

El vínculo con Operadora Grupo Gas Mart de los otros colaboradores de Grupo Arhe, señalados por la FGR de los presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, como son Mara Thelma Vega Pozos, Héctor Carrasco Muro, Jesús Artemio Nieblas Talamantes, Juan Eladio Mariscal Gutiérrez, Ramón Alejandro Ruelas Flores y Rubén Darío Leza Alvarado, es que son o han sido apoderados o representantes legales de la firma de consultoría.

La red de socios y colaboradores de Grupo Arhe

De los 11 accionistas y colaboradores de Grupo Arhe, contra quienes pesa una orden de aprehensión por parte de la FGR, los nombres de María Hernández Ramos, David Hernández Ramos, Roberto Osuna Rubio y Jorge Luis Hernández Díaz son los que más se repiten en el entramado empresarial del Grupo Arhe, con sede en Mazatlán.

María Hernández Ramos, por ejemplo, ha sido accionista de forma directa o a través de otros negocios del grupo Arhe, en los que también han sido socios o conformado los consejos de administración sus hijos Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández como Inmobiliaria y Práctica Activa EME, Se de RL de CV, Inmobiliaria Gran Casa, SA de CV, Práctica Activa Management SC de RL de CV , Corporativo en Servicios de Construcción S de RL de CV, Operadora de Servicios Inn At Mazatlán SAPI de CV, Inmobiliaria Práctica Activa, SC de RL de CV, Arrendadora de Inmuebles Arhe, SAPI de CV, Holding Practica Activa SC de RL de CV, Inmobiliaria Arellano Hernández, SAPI de CV, Inmuebles Arellano Hernández, SAPI de CV (que cambió su razón social a Inmuebles Prácticos A&H, SAPI DE CV), y Comercializadora Náutica de Mazatlán, SA de CV.

UPC & TAX Advisors, SC, María Hernández Ramos y su hijo Juan José, figuran como socios, mientras que con Erick Ernesto Arellano ha sido socia en Soluciones Operativas La Laguna, SA DE CV, Comercializadora Náutica de Mazatlán, SA DE CV, además Comercializadora Paseo del Centenario SA de CV, Administración y Servicios de PQT, SA DE CV e Ingeniería Sinapa, S.A. DE C.V., las tres últimas creadas luego de una escisión de Administradora de Servicios Puerto Viejo, SA de CV.

En el Corporativo en Servicios de Construcción S de RL de CV, Operadora de Servicios Inn At Mazatlán, además de los hijos de María Hernández, ha tenido participación Roberto Osuna Rubio, quien además es accionista en Impulsora de Desarrollos Inmobiliarios Aynti, SA de CV, en la que tanto ella como Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández, han tenido alguna participación de forma directa o a través de otras empresas del corporativo.

En el Despacho VLCC, SC de RL de CV y Consorcio de Consultores en Servicios Extraordinarios PREN, SC de RL de CV, María Hernández, su hermano David, Roberto Osuna y Jorge Luis Hernández Díaz, son accionistas junto con su cuñado José Guadalupe Patrón Millán.

David Hernández Ramos, tío de los hermanos Arellano Hernández, es accionista de otra empresa señalada en una investigación previa de la UIF por lavado de dinero: Administradora de Negocios Tres Islas, SAPI de CV, la cual a su vez figura como socia junto con él en Parque Logístico MLC, SAPI de CV, (Operadora de Servicios Paquetexpress, SA de CV y Proyecciones de Empresas Celestum, SA de CV), en esta última fungió como apoderado, Jesús Artemio Nieblas Talamantes, otro de los personajes del grupo Arhe con orden de aprehensión por parte de la FGR.

Nieblas Talamantes fue también representante legal de Innovación en Inmuebles Las Labradas, SA de CV y Mezcaleros de Sinaloa, S. de RL DE CV, en las que Juan José Arellano Hernández es accionista.

Jorge Luis Hernández Díaz es socio también de Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández y de María Hernández Ramos, en la empresa Baja Boats, SC de RL de CV, creada en Tijuana.

María Hernández Ramos y Jorge Luis Hernández Díaz también fueron accionistas de Corporativo de Servicios en Construcción, S. DE R.L. DE C.V. (Coseco), creada en 2007 por Juan José Arellano Hernández y en la que también su hijo Juan José Arellano Cristerna es accionista. Dicha empresa ha obtenido contratos de los gobiernos estatal y de Mazatlán, como la construcción del puente El Quelite I, ubicado en el Km.

1+900 de la carretera Mazatlán-Culiacán, en conjunto con Quel Obras y Edificaciones, SA de CV, por un monto de 86 millones de pesos durante la administración de Quirino Ordaz. También construyó un tramo del remodelado malecón de Mazatlán.

El dueño de los Algodonores de Guasave, Alfredo Arámburo Nájar, también fungió como apoderado de otra empresa de los Arhe, Caja Noroeste, SC de RL de CV, en la que fueron accionistas Juan José Arellano Hernández y Roberto Osuna Rubio.

Operadora Grupo Gas Mart, la punta del iceberg

Las acusaciones contra Operadora Grupo Gas Mart, S. de R.L. de C.V., una de las más de 100 empresas del Grupo Arhe, no son nuevas; en abril de 2021 Ríodoce publicó un amplio reportaje basado en una investigación de la UIF de 2019, sobre los nexos del corporativo de los hermanos Arellano Hernández con la red de empresas nacionales e internacionales de Genaro García Luna y sus socios utilizada para la triangulación de recursos.

Dicha investigación coincide con la nueva información dada a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo ahora de Pablo Gómez, quien señaló que la empresa de los mazatlecos fue parte de esa red empresarial y de particulares, que recibió y a su vez envío el dinero obtenido de contratos irregulares con instituciones gubernamentales durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hacia empresas en el país y del extranjero creada por García Luna, los Weinberg y otros socios.

“Todas estas erogaciones que se hicieron a una sola holding, a un conglomerado, a un consorcio de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López e Israel Livnat, que son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos… para sistemas de rastreo, localización, básicamente localización de redes celulares, un sistema que se llama Safe City, instalado supuestamente, que no lo fue, en Ciudad Juárez. Y todos de la empresa Nunvav y otras empresas que son parte del mismo consorcio, tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el sexenio de Enrique Peña Nieto”, detalló Pablo Gómez.

“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares, no es una cantidad menor, es una cantidad muy grande. El gobierno mexicano, como ya se ha informado, ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, en donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y de este dinero. Se procura que, a través de un juicio civil, sean restituidos a México todos estos recursos”.

Con los recursos, García Luna, señala la UIF llevó un opulento modo de vida en Miami, donde adquirió propiedades y vehículos de lujo, hasta su detención en abril de 2019.

Pese a estar una investigación en curso que involucraba a las empresas del Grupo Arhe, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en palacio nacional, en julio de 2022, a Juan José Arellano Hernández, como invitado a una cena con empresarios donde se promovería la rifa de terrenos del frustrado proyecto turístico Playa Espíritu, en Escuinapa.

Y no solo eso, el 29 de marzo pasado se dio a conocer la noticia de que, a través de la Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, el gobierno federal otorgó la habilitación y administración del primer Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) al Grupo Arhe.

Algo no articula el gobierno federal, pues esta autorización la obtuvo días después de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmara en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que Operadora Grupo Gas Mart forma parte del entramado financiero de empresas y personas, mediante el cual Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico, y sus cómplices, consiguieron más de 726 millones de dólares a través de contratos amañados con dependencias de seguridad del país.

La primera piedra del recinto fiscal fue puesta, en una ceremonia donde se dio cita la clase empresarial, políticos en desuso y representantes de los gobiernos municipal, estatal y federal, el 14 de abril pasado.

Artículo publicado el 28 de mayo de 2023 en la edición 1061 del semanario Ríodoce.