Constructora arrasa con chozas de asentamiento irregular en Ahome

Constructora arrasa con chozas de asentamiento irregular en Ahome

A sus 70 años de edad, don Humberto Mejía Anacleto monta guardia bajo un venadillo que 25 años atrás sembró junto con sus compañeros de la colonia Cirilo Mena, justo en la acera sur del bulevar Centenario.

A sus espaldas, un grupo de hombres trabaja desclavando la poca madera rescatable del incendio intencional que unos desconocidos provocaron después de que los buldócer y retroexcavadoras tumbaran chozas en un polígono de 6 hectáreas, y el cual fue revendido en tres ocasiones por fraccionadores que hasta ahora han salido impunes.

Don Humberto, quien está sentado en una piedra cuidando una lona que ataron a un árbol para denunciar el despojo de que fue objeto por la constructora Mezta y su filial JF Inversiones, es también vigilado por el ocupante de un Spark rojo y un vehículo particular camuflado como patrulla y que es utilizada por guardias privados, los que a su vez hicieron migas con el halcón cadavérico que se mueve a sus anchas en la zona, a veces en actitud amenazadora y amigable, en otras.

Antes de estar en ese punto, el hombre hipertenso de la tercera edad estuvo en huelga de hambre durante 72 horas afuera del palacio municipal. Por el esfuerzo, se descompensó al grado que tuvo que ser canalizado. Cuando estaba entrando en crisis, sus compañeros llamaron a la Cruz Roja pero los socorristas desatendieron el reporte y rechazaron prestar el auxilio. “Comprendí que los socorristas nos dejarían morir, porque son también parte de ese complot contra nosotros. Entonces, decidimos levantar la protesta, porque muertos no vamos a pelear”, dijo.

Don Humberto tiene seis causas para luchar. Son seis lotes que compró en 1998 en la colonia “Cirilo Mena”, uno para cada uno de la media docena de hijos que tuvo. Él compró los lotes a Emeterio Echevarría Félix y a Ezequiel Islas González, los mismos que revendieron al colegio Sor Juana Inés de la Cruz y cuyas “monjas” traspasaron los derechos a JF Inversiones y de donde aparece la constructora Maika.

HUMBERTO MEJÍA. Seis lotes que le robaron.

“Nunca fui citado a un juzgado, pero aparece que sí, que me ganaron el juicio. Todo es una farsa de los licenciados y de los juzgados, por eso estoy aquí, defendiendo lo que es el patrimonio de mi familia”, dice.

Una de sus casas es de las pocas que quedó en pie, tras la destrucción. Y está levantada porque la ocupan sus hijas, las mismas que estuvieron el lunes 15, cuando llegaron las máquinas tumbando todo. “Yo andaba trabajando, cuando mis hijas me llaman diciendo que las querían sacar unos hombres, que amenazaban con derrumbar la casa. Llegué y pedí permiso para entrar a mi propia casa. Un ingeniero me lo concedió y me ordenó que sacara mis cosas. A lo que respondí que estaba bien, pero una vez adentro, me paré frente a ellos, y les reté: ahora sí, túmbenla y aquí morimos todos. No lo hicieron. Se fueron y destruyeron y quemaron otras casas. Ahora, llega el amigo del carro rojo amenazándome con sacarme. Le reto, hazlo. Después me invita una birria y me ofrece dinero, pero no vendo. Es mi casa, y el patrimonio de mis hijos”, dice resuelto don Humberto.

Olivia Cháidez, fundadora de la colonia, aseguró que los juicios civiles en los juzgados Primero, Tercero y Cuarto son una farsa pues, si bien existen, se enderezaron contra un grupo y no contra los 300 ocupantes, pero fueron integrados en una acción que el alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros, solapó. Aseguró que, para denunciar el tráfico de influencias, ahora recurrirían al Gobierno Federal.

Eusebio Mena Urías, hijo de Francisco Mena Gámez, aseguró que su padre tiene 28 años ocupando unos lotes que compró para crear una graja. “A él no lo desalojaron, pero las amenazas allí están”, dice.

Angélica María Félix Zavala, colona en el mismo predio, denunció que lo ocurrido es una arbitrariedad amparada en el tráfico de influencias, pues se trata de empresarios y abogados con influencias políticas y económicas, mientras que los posesionarios son personas sin ninguna protección.

Jesús Armando Pérez Ornelas, Adrián García y Óscar Vega aseguraron que su desalojo fue arbitrario y fue una operación concertada en los Juzgados, en donde los actuarios se prestaron para cometer la felonía.

Oscar Loza Ochoa, visitador general de la Comisión de Defensa de Los Derechos Humanos en Sinaloa, aseguró que el caso reviste importancia medular por la violencia ejercida por los empresarios contra las personas y la protección de los actuarios y policías a estos y la omisión contra los civiles.

Aseguró que el exceso está siendo investigado.

Recomendó a los afectados con el desalojo, acudir ante el gobernador Rubén Rocha Moya.

El secretario de la comuna, Genaro García Castro, se lavó las manos en el asunto y aseguró que estaban impedidos para actuar por tratarse de un caso ya juzgado y derivado de un conflicto entre particulares.

Artículo publicado el 21 de mayo de 2023 en la edición 1060 del semanario Ríodoce.

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