El abogado de Héctor el Güero Palma Salazar denunció que la razón por la que su cliente no logró salir de prisión, a pesar del ordenamiento de un juez, es porque se negó a pagar 6 millones de dólares, al director del penal del Altiplano, a cambio de su libertad.
José Gabriel Martín Hernández Rodríguez, abogado del narcotraficante, dijo en una entrevista en Radio Fórmula, que las autoridades penitenciarias le exigieron 6 millones de dólares para que pudiera abandonar la prisión.
De acuerdo con lo explicado por Hernández Rodríguez, el Güero Palma denunció que en 2020, el entonces director del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, fue quien le solicitó la estratosférica cifra a cambio de su libertad, acto del que su cliente se negó ser parte.
“Él denunció al director del Altiplano de hechos de abril de 2020, así como hechos de febrero del 2021 donde el director sacó una información falsa que le generó un ataque a su esfera jurídica, esfera familiar y emocional. Esa denuncia la presentó desde el 2021, donde expresó que todo esto ocurrió porque él no accedió a meterse a un acto de corrupción y extorsión”, agregó.
Ayer miércoles, María Dolores Olarte Ruvalcaba, quien es magistrada instructora del Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Jalisco, determinó que no hay pruebas suficientes para ligar al Güero Palma con el delito de delincuencia organizada, motivo por el cual ordenó que se efectúen las gestiones necesarias para su liberación.
Sin embargo, un día después de dicha resolución, autoridades federales concretaron una nueva orden de aprehensión en contra del capo sinaloense por el delito de homicidio calificado.
Sobre ello, el abogado José Gabriel Martín Hernández Rodríguez explicó que se trata de un delito ocurrido en 1992, del cual Palma Salazar salió librado, pues no se encontraron imputaciones en su contra.
“Estos hechos son de 1992 en los cuales él ya llevó un proceso y resultó libre por la cuestión de que no había responsabilidad penal en ese hecho delictivo. (El caso) es el de nueve personas que fueron asesinadas en 1992 en Iguala, Guerrero; cuando fue detenido en 1995 se le llevó ese cargo y dentro del término constitucional, una apelación y un amparo se determinó que no era responsable de estos hechos”, detalló el litigante.
Por todo lo anterior la defensa del Güero Palma “comenzará a trabajar para acreditar las violaciones constitucionales” y desacreditar la nueva orden de aprehensión en contra del narcotraficante.
