Rechazan apelación para aumentar sentencia al ‘Quillo‘

En la apelación de la sentencia de Juan Francisco “P”, el Quillo, por el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, asoman negligencias tanto de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) como del Poder Judicial Federal.

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La Feadle, encabezada por Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, presentó una apelación para que aumentara la condena, pero fue rechazada porque no tenía firma; y el Centro de Justicia Penal Federal tardó casi dos años para dar trámite al recurso legal y a dos meses de que la apelación fue rechazada, el Tribunal de Apelaciones no ha notificado formalmente a la Fiscalía y a las asesorías victimales.

La apelación de la defensa del Quillo fue presentada en tiempo y forma, y sí fue admitida y es la que está en trámite.

Las asesorías victimales de Propuesta Cívica y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentaron apelaciones adhesivas que no pudieron ser admitidas debido a que la de la Feadle, que era la principal, fue rechazada.

El Quillo fue sentenciado, tras un juicio oral, a 32 años de prisión en junio de 2021.

En julio de 2021, la Feadle apeló la sentencia para que reciba una pena más alta, pero el Poder Judicial dio trámite al recurso legal hasta diciembre pasado.

De acuerdo con información de las listas de acuerdos del Tribunal de Apelaciones, fue rechazada porque no tenía firma y carece de validez.

El Tribunal señala que la apelación fue presentada vía electrónica, por lo que debía tener firma electrónica para establecer que efectivamente existe la voluntad de realizar o solicitar un acto por parte de la persona quien signa el documento, o tener reconocida su identidad.

“Se advierte que dicho oficio carece de evidencia criptográfica de la firma electrónica del solicitante; por tanto, no se encuentra ajustada a derecho, ya que carece de derecho personal y certeza de quién lo presentó”, indica.

Añade que la firma es un requisito formal sine qua non, la cual tiene por efecto que quien suscribe manifieste de manera expresa e indubitable su voluntad previa y legítima para ejercer su potestad de acción, lo que a su vez garantiza la seguridad jurídica de quien se estima parte legitima para actuar en un proceso, como lo es la representación social de la federación.

“Se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el fiscal federal en contra de la resolución ya indicada; en consecuencia, al haberse declarado inadmisible el citado recurso de apelación, los recursos de apelación adhesiva interpuestos por asesores jurídicos de las víctimas indirectas, siguen la suerte de ésta”, determinó el Tribunal.

El abogado de Propuesta Cívica y asesor victimal, Víctor Martínez, dijo en la apelación ha habido negligencias de Feadle y el Poder Judicial Federal.

Mencionó desde julio de 2021 se promovieron las apelaciones y se quedaron “atoradas” en el Centro de Justicia.

Señaló que de parte del Poder Judicial ha habido negligencias para hacer las notificaciones.

Manifestó que se enteraron que la apelación de la defensa fue admitida y que la de Feadle y la de ellos fueron rechazadas, porque ellos hicieron llamadas telefónicas al Centro de Justicia y por el sistema electrónico, porque hasta la fecha el Poder Judicial no ha notificado formalmente.

Desde Propuesta Cívica promovimos no solo una apelación adhesiva sino también la contestación de las apelaciones, entonces, como tal no pudimos adherirnos a los argumentos de Feadle en contra de la sentencia que estaban tendientes a incrementarle la pena a Juan Francisco, pero sí le dimos contestación a los escritos de apelación de la defensa defendiendo la sentencia del juez, dijo.

La asesoría victimal por parte de Propuesta Cívica, indicó, al menos es parte en el proceso y eso da pauta para darle continuidad en el amparo al que es probable que recurra alguna de las partes una vez que se resuelva la apelación.

Señaló que Feadle todavía puede promover alguna impugnación para que la apelación sea admitida, pero es necesario que le notifiquen formalmente, lo que no ha ocurrido.

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El Centro de Justicia Penal federal en Culiacán y el Tribunal no han notificado formalmente de la admisión de las apelaciones a ninguna de las partes, supongo que a la defensa y a Juan Francisco sí, pero a la Feadle y asesoría jurídica no se nos ha notificado absolutamente nada. Es un vacío grave porque en cualquier procedimiento sea penal o administrativo lo que les da fuerza a las decisiones y te permite controvertirlas, es que te notifiquen formalmente, expresó.

El abogado exigió al Poder Judicial sea más diligente a la hora de realizar las notificaciones, porque no es la primera vez que omiten notificar en un caso de agresiones a periodistas.

Consideró una negligencia que Feadle no haya firmado la apelación.

Hubo negligencia de Feadle pero también hay una negligencia del Poder Judicial de la federación. Es la segunda instancia de una sentencia que costó mucho tiempo construir y que no se le está permitiendo a Feadle controvertirla o tratar de salvar su apelación por falta de notificación, indicó.

“No sabemos por qué el Centro de Justicia se tardó tanto, el pretexto es que efectivamente no se les notificó a las víctimas, mi apuesta es que fue una negligencia del Centro de Justicia, que se tramitó la apelación y que se dieron cuenta básicamente un año después, creo que el Centro de Justicia también tiene una responsabilidad muy grande”, manifestó.

Artículo publicado el 26 de marzo de 2023 en la edición 1052 del semanario Ríodoce.