Maiceros y trigueros iniciaron movilizaciones y protestas, contra el gobierno. Lo acusan de atentar contra la soberanía alimentaria en producción de granos y de tratar de desaparecer la agricultura intensiva, algo peor que lo que ocurrió con el neoliberalismo nacional cuando los precios de las cosechas nacionales se tasaron en dólares en bolsas de valores de mercados internacionales y en competencia con otros países con mayores subsidios.

Están dolidos, y se consideran engañados, y por ello se dicen hartos de tanta simulación. Por eso, dicen, la protesta masiva es la única opción.

“No nos queda de otra, nos movilizamos o desaparecemos; de qué grado será la movilización, tenemos 15 días antes de que todo el sistema de producción comience a caerse a pedazos, pero ya estamos resueltos, salir a la calle, bloquear carreteras, tomar oficinas, despedir a funcionarios mediocres, señalar a gobernantes; las opciones son muchas y de diversos objetivos, la masa lo definirá, el pueblo, los productores lo harán a su debido tiempo. Apenas nos estamos organizando, eso sí, todas las organizaciones van, nadie se queda atrás, nadie se va adelante. Todos juntos”, opinó Baltazar Valdez Armentía, un dirigente agrario afiliado a Campesinos Unidos, una organización naciente que busca reivindicar a los productores de granos versus política agropecuaria nacional.

Desde la perspectiva de los productores hay una discordancia entre lo que pide el presidente al llamar a que se produzca más maíz blanco para combatir la especulación, las políticas de abandonado al campo de la Secretaría de Agricultura y la anulación de toda clase de créditos y subsidios, y lo que en realidad ocurre con las actividades, consideró.

“Con la política agrícola de este régimen, que dice que nos rasquemos con uñas propias, quita a la Financiera y libera los precios de insumo, nos vemos abandonados porque está actuando en sentido contrario; entonces fuerza la reacción, y esa será la movilización”, reiteró el líder agrícola que también buscó la transparencia en los módulos de riego y el fin de cacicazgos y que por ello se convirtió en un perseguido político en el sexenio de Mario López Valdez.

Valdez Armentía dijo que exigirán un precio de garantía de 7 mil pesos para el maíz blanco y de 8 mil pesos para el trigo, para obtener una rentabilidad media, aunque aún insuficiente, para arrancar el próximo ciclo.

“Lo que en realidad está en juego con las condiciones actuales de desplome del precio y el encarecimiento de los insumos, es la permanencia en la actividad, pues muchos no tendrán para iniciar el ciclo y pondrán en renta sus predios, por lo que el maíz blanco quedará en unas cuantas manos, industriales poderosos y trasnacionales que podrán especular a placer y sumiendo al país en una dependencia agroalimentaria. La otra opción es que dependerá de la importación de un grano malo y caro”.

Explicó que la especulación en las bolsas de valores, de granos, en Chicago, es incongruente porque hay un derrumbe de los precios con una caída en los inventarios mundiales, que se traduce en una pérdida de mil 500 pesos por tonelada en las condiciones actuales cuyo valor se fija en 5 mil 500 pesos contra los 7 mil en que se valorizó el ciclo pasado, sumando los incrementos en fertilización, semilla, diesel y preparación de los terrenos.

Además, con la base de compensación de 61 dólares por tonelada ofrecida por Segalmex se llega a una utilidad de cero pesos, incluso esta se sostiene así se eleve la cobertura a 100 dólares y a 6 mil 200 pesos la tonelada, que multiplicada por una producción promedio de 12 toneladas por hectárea tampoco hay ganancia, mucho menos soporte para el arranque del ciclo próximo.

Valdez Armentía señaló que, una vez logrado en consenso con las organizaciones similares, se pedirá al Gobernador Rubén Rocha Moya que lleve al presidente la lucha de los maiceros y trigueros para que se liberen 4 mil 500 millones de pesos en apoyos.

“Lo vemos difícil, por eso debemos defendernos con las uñas, porque vamos a desaparecer. Los productores tenemos que manifestarnos tan enérgicamente como la situación lo requiere. Pasaremos de una acción a otra, porque esto se debe de resolver de una manera inmediata, no en las cosechas. El 10 de abril será el detonante para 22 mil productores de Sinaloa. Ese día es el límite.

Artículo publicado el 19 de marzo de 2023 en la edición 1051 del semanario Ríodoce.