El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó presentar una controversia constitucional por la falta de nombramiento de dos comisionados, lo que pone en riesgo su viabilidad jurídica.
En sesión de emergencia, los comisionados y comisionadas reaccionaron a la objeción que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a dos nuevos nombramientos.
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La acción presidencial pone el riesgo el funcionamiento del organismo autónomo, ya que necesita al menos cinco de sus miembros para operar, lo que se dejará de tener el 31 de marzo.
El INAI ordenó a su jurídico, Gonzalo Sánchez de Tagle, para que acuda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar el recurso.
El abogado del INAI dijo que la ausencia de comisionados podría generar vulneraciones a las facultades que la ley otorga al Instituto.
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Además, sostuvo que a partir del 31 de marzo podría no sesionar, afectando los derechos de los mexicanos.
La comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, confió en que la Suprema Corte hará su papel para preservar el sistema de contrapesos.
“La defensa y promoción de los derechos humanos que tutela el INAI no es una opción para la democracia, es un imperativo irrenunciable…”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador objetará el nombramiento de dos personas elegidas por el Senado de la República para integrarse al pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Apenas el pasado 1 de marzo el Pleno del Senado aprobó por mayoría calificada los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, como nuevos comisionados para ocupar las dos vacantes del Instituto.
El proceso para elegir a comisionados del INAI (artículo 6 de la constitución) son atender la convocatoria del Senado y superar las etapas de evaluación, la Junta de Coordinación Política elige a los mejores perfiles, el Pleno del Senado vota a los ganadores con dos terceras partes de los miembros presentes.
Después, el nombramiento se envía al Presidente de la República, quien tiene 10 días para objetar, en caso de objeción, el Senado repetirá el proceso y nombrará a otras personas con voto de tres quintas partes de los presentes en el pleno.
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