El Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes-Mayos de Sinaloa, el alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, empresarios y diputados locales echaron las campanas al vuelo cuando se enteraron de que el juzgado Sexto de Distrito había validado la Consulta Indígena que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había realizado como requisito insalvable para la autorización de la planta de amoniaco en territorios de la etnia.

Pero pasada la euforia de primer momento, los disidentes al proyecto gubernamental y protegidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra autos de Semarnat, pusieron los puntos sobre la ies y resumieron: “no hay un porqué del cacaraqueo, porque el huevo aún está güero”, no sirve; todos los permisos que tiene la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) están suspendidos. La lucha legal, aún va para largo, en realidad, GPO no tiene nada. Ninguno de los dos amparos que la frenan, está resuelto, y estos, aún soportan varios procedimientos más.

“La ley está de nuestro lado, y en realidad, GPO no tiene nada, ni un solo permiso. En cuanto los intente obtener, estaremos allí para iniciar los procedimientos. Si ellos fuesen inteligentes y quisieran revertir sus pérdidas y estar tirando el dinero, ya hubieran buscado otro lugar para instalarse. Deben de entender que no estamos en contra del proyecto ni su desarrollo, sino en contra del territorio que los políticos voraces y avariciosos les asignaron, porque va a dañar el medio de subsistencia de nuestros hijos”, dijo, Claudia Quintero Sandoval, alférez mayor de la etnia mayo yoreme de Ohuira.

Respaldada por al menos una decena de habitantes de Lázaro Cárdenas, Paredones, Ohuira y Topolobampo, Quintero Sandoval salió al paso de las afirmaciones que a su juicio tergiversaron públicamente lo indicado en un acuerdo del amparo 528/2018 que se desahoga en el Juzgado federal y con el que validabala consulta indígena que Semarnat había realizado dentro de la sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó.

La yoreme aseguró que el juez no está emitiendo un fallo o resolutivo a favor o en contra de la empresa ni ha emitido sentencia por lo hecho por Semarnat, sino que está dando, solamente, aviso a las partes para que acepten o impugnen su pretendida calificación de dar por ejecutada la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que consta de dos puntos: la empresa se quedó sin permisos de aprobación del proyecto, y que la Semarnat realice una consulta indígena en donde aparezca si las comunidades amparadas otorgan el consentimiento a la planta de amoniaco.

“En ningún párrafo de la calificación del juzgado ni en el informe se emite un juicio del caso, solo se consigna qué comunidades dieron y cuales no su consentimiento solicitado, ni siquiera cuenta los votos, ni hay resolutivo gráfico de la participación que indique qué población votó, cuántas mujeres y cuántos hombres, y mucho menos indica cuántos dieron su consentimiento y cuántos lo negaron”.

Aseguró que para sentenciarse el asunto, aún falta tiempo. “Cuando se presente la inconformidad a la consulta indígena por las comunidades quejosas, el juzgado la traspasará a la Suprema Corte de Justicia, la calificación de esta tardará varios meses más en definirse”.

Aclaró que las versiones divulgadas aducen que GPO ganó una resolución. “En realidad, GPO no ganó ninguna consulta, pues en realidad tiene un gran obstáculo todavía, porque el último amparo concedido a Lázaro Cárdenas paró los nuevos permisos. Semarnat otra vez incumplió la ley al darle permisos condicionados por abajo del agua a GPO sin tener aún el consentimiento del juez. María Luisa Albores otorgó esos permisos reservando la información de la consulta durante dos años”, dijo.

La consulta indígena se realizó el 9 y 10 de julio del 2022 en 15 centros ceremoniales y cuatro sedes alternas a donde fueron convocadas 80 comunidades indígenas de Guasave, El fuerte y Ahome, incluyendo a tres de las quejosas y quienes motivaron la paralización de la construcción de la planta de amoniaco.

En tanto que el cobanaro de Ohuira, Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, llamó a las comunidades a revelarse contra los falsos dirigentes, que como librado Bacasegua Elenes y Silvina Valenzuela, se han enquistado en los cargos, viviendo de los yoremes.

Ellos no representan a nadie, salvo sus propios intereses, y el del gobierno que los utiliza para afectar a las comunidades y a sus pobladores que están en contra de la utilización de la población para fines perversos.

Artículo publicado el 05 de marzo de 2023 en la edición 1049 del semanario Ríodoce.