La exsecretaria de Desarrollo Social fue absuelta el viernes del delito de ejercicio indebido del servicio público, que le fue imputado en 2019 por su probable participación en el esquema de desvíos millonarios

El pasado viernes, un juez federal absolvió a Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, del proceso penal en su contra por el caso de la “Estafa Maestra”.

La llamada “Estafa Maestra”, fue destapada en 2017 por una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en la que se mostró que dependencias federales, entre ellas la Sedesol y Sedatu, ocho universidades, más de 50 funcionarios y empresas fantasma, utilizaron un esquema para desviar entre 2013 y 2014, al menos, 7 mil 670 millones de pesos, de los cuales se desconoce el destino de 3 mil 433 millones.

La investigación incluyó datos de la revisión de las Cuentas Públicas 2013 y 2014, en las que encontró que las instancias involucradas eran Sedesol, Pemex, el Banco Nacional de Obras, el Registro Agrario Nacional, la SEP, Fovissste y Superissste, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Agricultura.

Dichos organismos, añade, utilizaron a la UAEM y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen, y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado, para triangular contratos, en su mayoría con empresas fantasmas.

“De la revisión de los convenios y de cada una de las empresas involucradas, se concluye que 3 mil 433 millones de pesos fueron a parar a empresas irregulares; y las universidades públicas se quedaron con 1 mil millones más por ser parte de la estafa, sin realizar un solo servicio”, menciona la publicación.

Entre las universidades utilizadas para el desvío de recursos se encontraba la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (antes Autónoma Indígena de México), la cual no apareció en el primer recuento de la “Estafa Maestra”, sino hasta 2016, cuando la Auditoría Superior de la Federación revisó la Cuenta Pública de ese año.

Ríodoce publicó en agosto de 2019 que la ASF encontró que la UAIS, con sede en El Fuerte, utilizó el mismo esquema que las otras instituciones y dependencias involucradas en la “Estafa Maestra”. La Universidad firmó contratos con la Sedatu en enero de 2016, cuando Rosario Robles era su titular, y el monto fue por 106.84 millones de pesos.

De acuerdo al rastreo de la ASF, en la Auditoría Forense 16-0-15100-12-1792, el contrato se hizo para un Manual de Gestión del Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort y lo firmó “la Directora General Adjunta para la Igualdad de Género de la Sedatu”, cargo que no existía y por tanto la funcionaria carecía de atribuciones para contraer obligaciones a nombre de la Sedatu.

“Para acreditar la ejecución de los servicios pagados a la UAIS, la Sedatu proporcionó a los auditores comisionados de la ASF, los entregables siguientes: I. Diagnóstico de las necesidades de las mujeres y análisis de oferta de servicios para el empoderamiento de las mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero y municipios aledaños. II. Manual del sistema de Gestión y Operación de los servicios del Centro Ciudad de las mujeres en Tlapa de Comonfort, Estado de Guerrero.

“Respecto de ambos entregables, conforme a lo descrito en los Resultados 11 y 13 del presente informe, se determinó que dicho Diagnóstico y Manual fueron elaborados al amparo de la Coordinación Técnica número ME-T1259 formalizada el 28 de marzo de 2014, y financiado por el BID y liderada por la Sedesol.

unado a ello, los servicios se contrataron y pagaron en dos ocasiones, ya que la Sedatu contrató para presuntamente realizar los trabajos del Diagnóstico, al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), mediante el Primer Convenio Específico núm. SEDATUITSC/SOT/33901-03/2015 de fecha 16 de octubre de 2015, y en lo que respecta al Manual del Sistema de Gestión, contrató y pagó el servicio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), a través del Primer convenio específico núm. SEDATU/DGAPADNUPFIM/33901.03/2016, de fecha 2 de febrero de 2016”.

La Auditoría encontró en las pesquisas que los servicios que se contrataron a la UAIS ya habían sido contratados y pagados en dos ocasiones anteriores, y que también se pagó de manera irregular porque los servicios habían sido financiados con anterioridad por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en un proyecto que lideraba la Sedesol, no la Sedatu, en 2014, dos años antes de cuando supuestamente se prestaron los servicios.

El mismo esquema de la UAIS se utilizó repetidamente el resto de los desvíos que forman parte de la “Estafa Maestra”. El dinero no se recuperó.

El viernes el juez aplicó el principio pro persona y una interpretación conforme para determinar que la vía para sancionar a Rosario Robles por no evitar los desvíos millonarios en el caso de la Sedesol y Sedatu es la administrativa, y por tanto sobreseyó el caso penal y absolvió a la exfuncionaria del delito de ejercicio indebido del servicio público que le fue imputado en 2019 por la Fiscalía General de la República, y por el que estuvo presa tres años.

LaFGR informó que interpondrá una queja administrativa y procederá penalmente contra el juez, además de apelar el fallo a favor de Rosario Robles.

Artículo publicado el 26 de febrero de 2023 en la edición 1048 del semanario Ríodoce.