Fustiga la ASF el principal proyecto del sur de Sinaloa
En la construcción de la presa Santa María, en Rosario, no se realizó una adecuada planeación, presupuestación y ejecución del proyecto que debía terminarse en 2018, pues en 2021 apenas llevaba un avance de 32 por ciento; y además, se pagaron 55 millones 614 mil 900 pesos en exceso.
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó los recursos del Proyecto Baluarte-Presidio, presa Santa María, ejecutado por la Comisión Nacional del Agua.
El dictamen señala que no hubo una adecuada planeación del proyecto ya que se incumplió el plazo programado de tres años, que iniciaba en 2014 y terminaba en 2018; y en diciembre de 2021 la obra todavía no estaba concluida.
El avance en la construcción de la presa es del 38.2 por ciento de acuerdo con lo indicado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021.
La obra tendría un costo original de 3 mil 989 millones 29 mil pesos y un periodo de ejecución de 1 mil 111 días, establece la ASF.
Aunado a que no fue terminada a tiempo, indica, se presentaron conflictos sociales y diversas suspensiones de obra por no contar con la disponibilidad de los sitios de los trabajos, licencias de construcción, incluyendo la falta de liberación de la totalidad de derechos de vía, incumplimientos en los programas de trabajos, insuficientes estudios y proyectos geológicos que permitieran el desarrollo de los trabajos de forma ininterrumpida, y bajas asignaciones presupuestales en los años 2017, 2018, y 2019, provocando el pago de gastos no recuperables, y gastos financieros por pago extemporáneo de estimaciones.
Tras notificar las irregularidades, la Conagua informó a la ASF que se formalizó el convenio de coordinación entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y la Conagua para llevar a cabo todo lo necesario para la construcción de la presa y realizar todas las acciones necesarias referentes a las liberaciones de derecho de vía, tenencia de la tierra y dar puntual seguimiento y cumplimiento a los trabajos en materia de medio ambiente.
Durante el proceso de ejecución de los trabajos, se suscitaron eventos no previstos, justificó la Conagua, motivo por el cual se han tenido que formalizar 12 convenios, que han originado que el periodo de ejecución de la obra se modificara de 1 mil 111 a 3 mil 121 días.
En relación con los conflictos sociales, ocasionados por grupos de personas que se manifestaron al verse afectadas por la ejecución de los trabajos, éstos tuvieron que ser reconocidos con base en lo pactado en el contrato y la legislación aplicable, señaló.
En 2017, 2018 y 2019 se presentaron bajas asignaciones presupuestales para el proyecto de la presa, por lo cual no fue posible llevar a cabo la totalidad de los trabajos establecidos en los programas de ejecución entonces vigentes y, en consecuencia se debieron realizar adecuaciones que generaron gastos financieros por pagos extemporáneos, explicó la Conagua.
En el ejercicio de 2019, los recursos fueron puestos a disposición hasta el mes de octubre, detalló, lo que ocasionó una afectación económica importante a las contratistas tanto de obra como de servicios.
La Conagua informó que realizaron adecuaciones al proyecto debido a que durante la ejecución se presentaron condiciones de trabajo diferentes a las originalmente previstas en el proyecto ejecutivo que generaron volúmenes adicionales y conceptos no considerados en el catálogo original.
La Conagua justificó que las liberaciones de los derechos de vía y la tenencia de la tierra se llevaron tiempos muy prolongados, por lo que la dependencia determinó las suspensiones temporales de la obra y tuvo que reconocer los gastos no recuperables que se generaron.
Además, la falta de la licencia de construcción por parte del municipio de Rosario, obligó a que el inicio de los trabajos de construcción de la presa programado para 2014, se recorriera al 16 de junio de 2015.
La ASF determinó que los conflictos sociales, la falta de liberación del derecho de vía y de licencias han generado 92 millones 159 mil pesos de gastos no recuperables, 37 millones 155 mil pesos por factor de actualización y 14 millones 798 mil pesos por concepto de gastos financieros por pago extemporáneo de estimaciones.
“Fueron insuficientes los estudios previos y proyectos geológicos que permitieran el desarrollo de los trabajos de forma interrumpida y en consecuencia se incumplieron los acuerdos del convenio de coordinación entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y la Conagua, toda vez que no se contó con los recursos suficientes para la ejecución del proyecto y no se obtuvieron los permisos, licencias y liberación del derecho de vía oportunamente”, indica la ASF.
En la revisión de contratos, la ASF concluyó que pagaron en exceso por marcos metálicos para el sostenimiento permanente de las excavaciones de un túnel, sin que se acreditaran las pruebas de control de calidad de las soldaduras de las pruebas de líquidos penetrantes, partículas magnéticas, radiografías, ultrasonido y electromagnéticas, ni de las conexiones atornilladas, consideradas en el proyecto estructural.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 55,614,898.85 pesos (cincuenta y cinco millones seiscientos catorce mil ochocientos noventa y ocho pesos 85/100 M.N.), por los pagos en exceso realizados, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación”.
La Auditoría Superior de la Federación emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron una inadecuada planeación, presupuestación y ejecución del proyecto.
Artículo publicado el 26 de febrero de 2023 en la edición 1048 del semanario Ríodoce.
