Después de frenar la construcción de una planta de amoniaco en sus territorios, indígenas yoremes del norte de Sinaloa se quedaron con las palmas de las manos extendidas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y peor aún, los funcionarios que prometieron honestidad y apertura, traicionaron la palabra y por debajo de cuerda reaprobaron la industria petroquímica, aún sin tener resolución judicial que lo ordene.

Ante ello, los yoremes volvieron sobre pasos andados diez años atrás: los juicios de amparos.
A diferencia de la década anterior, hoy son más fuertes, más unidos, experimentados y ya no tan fácil amedrentables, dispuestos a todo por la defensa de su territorio, opinó Claudia Quintero Sandoval, alférez de la etnia en Ohuira.

La prueba la dieron el miércoles 8 cuando desconocidos incendiaron el cerro Bledo Chico, en la bahía de Ohuira, una reserva natural, y ellos, a cubetazos y como transporte una cadena humana, apagaron las llamas. Se expusieron a quemaduras por fuego directo y por radiación, a intoxicaciones por inhalación de humo, pero extinguieron el fuego. El sabotaje no prosperó, dijo uno de los yoremes convertido a bombero forzado.

En contraparte, jóvenes indígenas de Lázaro Cárdenas ganaron una suspensión provisional en el juicio de amparo 40/2023 que fue interpuesto en el Juzgado Sexto de Distrito. En esta, una jueza ordena al Director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, paralizar los efectos de la resolución en materia de impacto y riesgo ambiental contenida en el oficio SRA/DGIRA/DG-05042-22, del 19 de septiembre del 2022…”.

Es decir, las autoridades responsables anteriormente citadas, en el ámbito de sus competencias, deberán ordenar la inmediata paralización de operaciones del proyecto denominado “Planta de Amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa; en la inteligencia de que la suspensión aquí decretada tiene el efecto de paralizar las acciones tendientes a la construcción de la planta, así como la operación de la misma en caso de haber concluido las primeras (construcción); lo anterior hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva.”…

La resolución a favor de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) contenida en el oficio SRA/DGIRA/DG-05042-22, se dio el 19 de septiembre del 2022, un día después de que concluyó la Consulta Indígena que ordenó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Estado en los amparos en revisión 497(2021 y 498/2021; y de la sentencia del Juzgado Sexto de distrito en el expediente 628/2018, sin que la sentencia se hubiese validado por órgano jurisdiccional alguno, sino que fue impugnada y aún se encuentra en proceso de cumplimiento, hasta este 10 de febrero del 2022.

La resolución de Semarnat se ha mantenido en reserva por las dependencias encargadas de su publicación, pues hasta el viernes no se encontraba en la Gaceta Ecológica, ni en el portal de Semarnat.
Incluso, Daniel Quezada Daniel, Director de la Unidad Coordinadora de Vinculación Social, Derechos Humanos y Transparencia de Semarnat, negó la entrega de la resolución a miembros del colectivo ¡Aquí No! que la solicitaron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En respuesta a la petición, Quezada Daniel remitió el 20 de diciembre del 2022 el oficio SEMARNAT/UCVSDHT7UT71399/2022, aceptando la existencia del oficio de referencia, pero alegó que sobre éste pesa la resolución 534/2022 que reserva la información porque vulnera la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no haya causado estado.

A su vez, justifica la reserva en que su divulgación daña el interés público y la seguridad nacional, pudiendo dar lugar a presiones políticas o sociales para tener cumplida o no la ejecutoria en el juicio, incluso asegura que de hacerse público no aporta beneficio social alguno y sí un daño al interés público.

Y no fue todo, porque el mismo colectivo solicitó por el mismo mecanismo de transparencia el oficio UCVSDHT/22/0072 donde se informa el 19 de septiembre se notifica a la DGIRA que el 18 de septiembre finalizó la Consulta Indígena realizada al pueblo Mayo-Yoreme, a lo que responde que este fue reservado dos años a través de la resolución 591/2022.

De acuerdo con integrantes del colectivo ¡Aquí No! que estudian las entrañas de los procedimientos de amparo contra los permisos administrativos para la planta de amoniaco, la Semarnat ignoró el resultado de la consulta indígena y omitió un análisis de fondo, decidiendo entregar la autorización sin que obre de por medio que la sentencia hubiese causado estado.

“Es decir, el resultado de la consulta ni siquiera fue tomado en cuenta pues no hay acuerdo entre las comunidades con la empresa y las directamente afectadas rechazaron el consentimiento; además, la consulta no cumplió con los requisitos esenciales y se tomó como mero trámite pasando por alto las consecuencias jurídicas de esa determinación, lo que ahora se combate”, precisaron.

La danza de los despalabrados

Han pasado 20 días desde que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, una de las “corcholatas” presidenciables, comprometió su palabra para reunirse con indígenas mayos-yoremes para conocer la versión de lo ocurrido en una década de conflictos por la pretendida y fallida construcción de una planta de amoniaco en territorios sagrados de la bahía de Ohuira-Topolobampo… pero el funcionario ha desaparecido y rompió todo contacto con los pueblos originarios.

“Eso lo dibuja de cuerpo entero, el sr. Secretario de Gobernación simplemente ya no atiende, desapareció; su promesa, su compromiso, su palabra de recibirnos, no vale nada, y pues nosotros nos cansamos de insistir; mejor lo dejamos y lo olvidamos; probado quedó que los pueblos originarios no le importan, ni a él ni a los políticos que lo siguen, quizá nos volvamos a encontrar, en un punto, pero hoy no será”, afirmó Felipe Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira, con quien López habló el 20 de enero a su arribo al Polideportivo, previo a un acto proselitista a invitación del gobernador, Rubén Rocha Moya, que entregaría tarjetas bancarias a discapacitados.

En el lugar, los políticos, gobernador, secretario de gobernación, diputados federales, locales y sus mandaderos, se lanzaron toda clase de “cebollazos” que entre uno y otro se volvieron candidatos a presidentes del país, próximos gobernadores y alcaldes, pero afuera del recinto, los pescadores y yoremes los esperaron.

Antes, López dio su palabra de que el lunes los atendería, que agendaría una cita para recibirlos, incluso hasta por videoconferencia. Uno de los muchos cercanos de este le extendió a Felipe una tarjeta con los números telefónicos de contacto.

El lunes siguiente, nadie llamó a Felipe, y él tomó la iniciativa y se comunicó el martes 24 de enero, recibiendo sólo evasivas, que la agenda apretada, que no hay tiempo, que buscarían un espacio, etc.
Días después, repitió la llamada, los mismos pretextos dijo la recepcionista, y la historia se alargó en un tercer contacto. Él ya no volvió a llamar, y continuó con su quehacer cotidiano.

“Entendemos que empeñó su palabra sólo para salir del momento; ofreció, prometió y no cumplió. Esos son ellos, esa su clase”.

“Entendemos por qué evade el diálogo, y ni modo, que así sea.

Para Felipe, Adán Augusto López los dejó con la mano extendida, y en su mundo, es una falta de respeto, un mentiroso, un traidor a lo que dicen representar.

Dijo que lo mismo sucede con las funcionarias de Semarnat, como María Luisa Albores, que en una reunión en diciembre se comprometió a estar en las comunidades, pero dos meses después, deshizo lo dicho. “Qué podemos esperar de este gobierno, pues nada, solo mentiras y traiciones a los pueblos originarios”.

Artículo publicado el 12 de febrero de 2023 en la edición 1046 del semanario Ríodoce.