Choca la versión de supuesta explotación indígena en Ahome
César Valencia está sentado en la sala de espera de la oficina de conciliación laboral en Los Mochis. Es un tipo alto, para ser un tepehuano. Es atlético y de color cobrizo. Lleva un corte de pelo estilo fle-tap. Viste jean, tenis y playera. Es un tipo avispado, que no encaja en el estereotipo de trabajador agrícola de la sierra, más bien, es de porte citadino.
Al contrario, su acompañante, es bajo de estatura, medio regordete, cohibido, cabello lacio crecido, peinado de lado.
A su lado está Irma Cota, una ex militante panista, ex locutora y comentarista, pero ahora se desempeña como delegada en la zona norte de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa. Ella es la guardiana y la custodia del albergue. “Están a mí cargo, por el momento”, dice. Y precisa que no intervendrá en el proceso jurídico, que para eso está Juan Francisco López Orduño, delegado de la Dirección de Trabajo y Previsión Social en la zona norte de la entidad.
“¿Eres César, el líder de los jornaleros tepehuanes que denunciaron el caso de trata de personas?”, se le pregunta al avispado. Él abre los ojos y no parece que respondería, cuando Cota salta a botepronto.
¡No pueden hablar, son víctimas protegidas!
Y todos se silencian.
¡Muchas gracias!
Los tres entran como en un sopor; hablan quedo, como en susurros entre ellos. Se levantan, abandonan la sala de espera, hablan por teléfono y salen cuando una funcionaria los llama a la oficina.
Delante de ellos está el abogado José Ramón Valenzuela Contreras, y Rodolfo Moreno, transportista, quien tiene años contratando tepehuanes y rarámuris a través de César Valencia, quien se encarga de rastrearlos en la sierra de Chihuahua, reunirlos, montarlos en tren o camiones y bajarlos hasta la costa de Ahome, conducirlos a los albergues en el Campo 35 y asignarles las labores en el campo, ya sea por tarea o a destajo.
Ambos explican que se dirigen a César porque es quien habla español y la lengua de los jornaleros; y es a él a quien se le deposita para que cubra los gastos de traslado y de enlistado de la sierra hacia abajo, pero una vez en Ahome, cada quien acuerda la forma de trabajar, pedir prestados a cuenta de la jornada laboral, y de labores propias en un campo agrícola.
El grupo de 42 jornaleros llegó al Campo 35 con un pago diario de 145 pesos más 9 pesos la arpilla de papa cosechada, por lo que quien llenara más sacos, más ganaba, explica Rodolfo Moreno, el transportista que los lleva de los galerones al campo y los retorna.
Este año, la cosecha de papa se alargó junto con la de pepino, por eso, ellos aún estaban en enero (2023) en el campo, pero César ya se había ido a Jalisco a buscar más empleo. Incluso, a media semana, dividió al grupo y se lo llevó a aquel estado, para después regresar y contratarlos en campos de Juan José Ríos, cuando aún tenían trabajo por hacer, rememora Moreno, quien muestra fichas de depósitos hechos al líder de los jornaleros, listas de raya, fotografías de los cuartos de estancia y de fiestas con piñatas de por medio para los hijos de los trabajadores.
Del caso de trata de personas en la modalidad de trabajo forzado no hay nada, pero si la Fiscalía de Justicia del Estado insiste en judicializar el caso, “pues nos vamos a juicio, y que sea el juez quien defina”, dice Valenzuela Contreras. Él tiene en su expediente las actas de visita de los inspectores de trabajo, con entrevistas a los propios trabajadores y de constancia de las condiciones del albergue. “Es a cielo abierto, cualquiera puede irse cuando quiera o entrar cuando lo desee. No se puede retener a nadie contra su voluntad. No hay cercos ni nada que lo impida”, defiende el abogado.
Después de que César desaparece del campo, aparece repentinamente, y tras él, llega el Gobierno, y luego inician las versiones sobre la trata de personas, dijo Contreras.
César, el indígena tepehuano, no puede refutar lo dicho, porque Cota se lo impide.
Sin embargo, el lunes 27 de enero, la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), distribuyó un comunicado en el que narraba la atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno, denunciado por un joven indígena que reportó que sus compañeros procedentes de Chihuahua trabajaban bajo condiciones inhumanas en un campo agrícola del norte del estado.
El boletín asegura que el viernes 20 de enero se comunicó con María Inés Pérez Corral, el enlace de ACNUR, Agencia de la ONU para Refugiados, para pedirle ayuda con un caso de posible trata de personas y violación de derechos humanos de víctimas de desplazamiento forzado. Era el caso de Ahome.
El informe establece que el afectado le contó la travesía que había vivido él y sus compañeros al llegar a Sinaloa con la intención de trabajar y que solo habían recibido malos tratos.
Le relató que ellos son indígenas desplazados de la comunidad de Las Milpillas o Milpas, del municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, y que les prometieron empleos en condiciones dignas, pero al llegar separaron a algunos padres de hijos y se llevaron a otros a trabajar al estado de Jalisco, además, los que se quedaron en Sinaloa viven hacinados, nunca les pusieron una cocina para poder usarla, solo tenían una tiendita donde les vendían la comida ya procesada a 100 pesos diarios, por lo que el campo solo les entregaba 40 pesos de lo trabajado para sus gastos.
Pero esa versión no ha sido confirmada.
Artículo publicado el 05 de febrero de 2023 en la edición 1045 del semanario Ríodoce.
