La UIF señala que de 2009 a 2018 el exsecretario de Seguridad y sus cómplices obtuvieron de dependencias del gobierno mexicano 30 contratos ilegales por más de mil mdd, de los cuales el 71% fueron durante la administración del priista
El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y sus cómplices, obtuvieron de forma ilegal entre 2009 y 2018, 30 contratos por más de mil 090 millones de dólares, de los cuales el 71 por ciento fueron otorgados durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, a través del Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), además de la Policía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando Miguel Ángel Mancera, era el jefe de gobierno de la capital del país.
La información forma parte de la denuncia civil modificada que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó el 31 de octubre de 2022 a nombre del gobierno de México en contra de García Luna y sus cómplices ante la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade, en EU, con la que pretende recuperar 600 millones de dólares que, asegura, los demandados “lavaron” y transfirieron a cuentas bancarias de ese condado, y que después utilizaron para comprar bienes y propiedades. Parte de los recursos añade, se triangularon a través de cuentas bancarias en Barbados.
“El acusado García Luna y sus cómplices lograron a través del soborno,y/o manipulación de ofertas, y/o corrupción gubernamental, y/o tráfico de influencias y/u otros medios desconocidos para obtener la adjudicación de importantes contratos del gobierno mexicano en violación de La ley de adquisiciones y contrataciones del gobierno mexicano, así como las leyes penales de México, para la venta de bienes y servicios al gobierno mexicano a precios muy inflados”, señala el documento.
En la demanda, además de García Luna se incluyen a su esposa Cristina Pereyda, a Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weimberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
También fueron demandadas una veintena de empresas inmobiliarias, financieras, de consultoría y restaurantes, todas con domicilio en Estados Unidos, entre ellas Nunvav, INC. SA, Nunvav Technologies, INC. SA, Gull Holding Enterprises, INC. SA, Glac Security Consulting, Technology, Risk Management, SC, Assets Financing Services LLC, AWP Village Bay II LLC, Best Friends Midtown LLC, GL & Associates Consulting LLC, Restaurans& Beverage Operator Los Cedros LLC e Inmobiliaria Damari LLC.
La empresa Glac Security Consulting, que se incluye en la demanda de la UIF, fue relacionada en diciembre de 2019 por Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la UIF, con Operadora Grupo Gas Mart S de RL de CV, cuya socia fundadora es la mamá de los hermanos Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández, originarios de Mazatlán, Sinaloa.
La empresa domiciliada en Mazatlán fue incluida dentro de las empresas factureras que habrían participado en el esquema de “lavado” de dinero de García Luna. Ésta de acuerdo a la UIF, habría depositado en 2016, 5 millones 800 mil pesos a Glac Security Consulting, una de las firmas de asesoría en seguridad creadas por el ex funcionario calderonista y quien actualmente enfrenta un juicio por nexos con el crimen organizado en Nueva York.
La trama de los contratos
La UIF detalla en la demanda, que es una ampliación de la presentada el 21 de septiembre 2021 ante la misma corte de Miami, que los cómplices de García Luna le pagaron sobornos para obtener contratos de dependencias gubernamentales bajo su control o sobre las que tenía “gran influencia”.
“Por ejemplo, WEINBERG LOPEZ, WEINBERG PINTO, NUNVAV, NUNVAV TECHNOLOGIES y GULL HOLDING ENTERPRISES pagaron sobornos a GARCIA LUNA y NIEMBRO GONZALEZ, y otros, a cambio de su ayuda para procurar al gobierno contratos de las fuerzas del orden mexicanas que estaban sujetos a su control directo y supervisión, o sobre los que tenían gran influencia. Estos sobornos a GARCIA LUNA, NIEMBRO GONZALEZ, y otros, comenzaron al menos en 2006 y continuaron después, e incluyeron al menos
76 pagos por más de USD $10,000,000”, señala el documento.
Dichos pagos, la UIF señala que se transfirieron a cuentas bancarias en Barbados a nombre de Serber Trust, D’Frescura, First American Title (para beneficio de Genaro García Luna), Oggi, GL &Associates Consulting LLC, Delta Integrator LLC, y Rennert Vogel (cuyo beneficiario era Delta Integrator LLC).
Esos sobornos se habrían traducido en contratos ilícitos adjudicados a los cómplices de García Luna por dependencias gubernamentales durante el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Durante la administración del panista, cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública, la Policía Federal y la OADPRS otorgaron 10 contratos a Nice Systems Ltd y NUNVAV Inc, por 316.6 millones de dólares.
Los contratos fueron por servicios de diseño, arquitectura, instalación y puesta en marcha de sistemas de rastreo de localización y redes celulares, así como servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la Policía Federal, y suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha del equipamiento tecnológico de control y supervisión de diversos penales del país.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la institución que mayormente otorgó contratos a empresas ligadas a García Luna, fue el Cisen, actualmente denominado Centro Nacional de Inteligencia, dependencia de la Secretaría de Gobernación, que estaba bajo el mando de Miguel Ángel Osorio Chong (2012-2018), actual senador del PRI, y el cual otorgó entre 2013 y 2018, 14 contratos por 320.2 millones de dólares a NUNVAV Inc y NUNVAV Technologies Inc, controladas por los Weinberg y Natan Wancier.
Los servicios contratados fueron por la adquisición de “equipos de comunicación especializada”, creación de una “plataforma de seguridad”, “equipos con tecnología de seguridad” y mantenimiento de los equipos de “seguridad nacional”.
El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), firmó cinco contratos por 427 millones de dólares con NUNVAV Inc, mientras que la Policía General de Justicia de la Ciudad de México, firmó con Glac un convenio de reconocimiento de adeudo en 2017 por 26.6 millones de dólares.
Pese a que en la demanda la UIF señala que la mayor parte de los 30 contratos se adjudicaron durante la administración peñista, hasta el momento no se conoce que este haya sido incluido en las denuncias contra García Luna que actualmente se encuentran abiertas en México.
“Además de los sobornos pagados por WEINBERG LOPEZ, WEINBERG PINTO y
otros bajo su control y dirección, en cada uno de estos contratos, así como en los soportes y documentación proporcionada por los demandados en relación con los contratos, el principal acusado y/o las personas que actuaban en su nombre, hicieron declaraciones falsas y engañosas… y lograron que las agencias contratantes pasaran por alto y no investigaran dichas declaraciones como normalmente lo harían en el ejercicio normal de sus funciones”, indica.
Entre las declaraciones falsas, la UIF señaló el hecho de que las instituciones señalaron que los contratistas eran proveedores únicos para así adjudicar de forma directa los contratos; mintieron sobre la situación fiscal de los contratistas en México o Panamá, y señalaron que no había conflicto de interés, pese a la relación de García Luna con las empresas y sus cómplices.
Además, para evitar que el destino de los recursos de los contratos fuera rastreados, un monto de 452 millones de dólares pagados por los servicios contratados se transfirieron a cuentas bancarias de las empresas beneficiadas en Barbados, posteriormente los beneficiarios los transfirieron a EU, y estos a su vez los triangularon a empresas radicadas en EU, específicamente en el condado de Miami-Dade, donde se utilizaron en la compra de autos de lujo, como Rolls Royce, Ferrari, Cadillac, Lamborghini, Tesla, Mercedes Benz, Mini Cooper, embarcaciones, propiedades, activos bancarios y otros bienes en Florida, así como para apoyar su “lujoso estilo de vida”.
“Preocupados porque las autoridades mexicanas puedan detectar el esquema de contratación ilegal, y sabiendo que en cualquier momento se puede descubrir el esquema, GARCIA LUNA, NIEMBRO GONZALEZ, WEINBERG LOPEZ y WEINBERG PINTO, comenzaron a planificar el retiro de las familias GARCIA LUNA y NIEMBRO GONZALEZ de México, para aislarlos de los esfuerzos de las autoridades mexicanas en caso de que se descubra el plan, y con el fin de disfrutar de un lujoso estilo de vida con los fondos robados al Gobierno de México”, indica.
“En consecuencia, y como componente vital del esquema de contrataciones ilegales, y para ayudar aún más con el lavado de los fondos robados de México y el producto de los mismos en Estados Unidos, estos demandados diseñaron e implementaron un plan para usar los fondos robados del Gobierno de México para obtener una visa estadounidense para GARCIA LUNA y NIEMBRO y sus miembros de la familia.”
Para obtener la visa y evadir la justicia mexicana, detalla la UIF, García Luna y su esposa crearon la empresa Operadora de Restaurantes y Bebidas Los Cedros LLC, a través de la cual en enero de 2012, cuando todavía se encontraba en funciones como secretario de Seguridad Pública, fundó Oggi Caffe, que sirvió de base para su solicitud de visa, la cual finalmente obtuvo mediante declaraciones falsas.
“GARCIA LUNA es un malhechor principal, un arquitecto principal y uno de los beneficiarios finales del esquema ilegal que criminalmente tomó fondos del gobierno de MÉXICO a través del esquema de contrataciones ilícitas, y luego lavaron esos fondos robados en los Estados Unidos y en otros lugares. GARCIA LUNA conspiró con otros Demandados en este documento, así como con otros no demandados, para tomar dinero ilegalmente del gobierno de MÉXICO a través de fraude, soborno, manipulación de ofertas y/o corrupción en México, y para crear, mantener y/o controlar la empresa de lavado de dinero en los Estados Unidos”, concluye.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno busca el reintegro de más de 700 millones que García Luna y sus cómplices “lavaron” en Estados Unidos.
Artículo publicado el 29 de enero de 2023 en la edición 1044 del semanario Ríodoce.
