La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de tres hombres acusados de secuestro en Tabasco en 2015 y sentenciados a 50 años de prisión, debido a la falta de pruebas y violaciones al debido proceso.
Por unanimidad, el pleno de la SCJN otorgó el amparo liso y llano a Héctor Muñoz, Gonzalo García y Juan Luis López, que fueron condenados en 2018 a 50 años de cárcel por el delito de secuestro agravado en grado de tentativa.
El proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sostenía que el tribunal de enjuiciamiento oral violó el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de juicio o estándar de prueba. Además de que la Fiscalía General del Estado (FGE) tabasqueña no tenía elementos sostenibles para comprobar el delito por el que fueron sentenciados en 2018, pues la única prueba en su contra era el testimonio de la supuesta víctima.
“Me parece que en casos como éste, en que no solamente queda claro que no se pudo cometer el delito, sino es evidente la intención arbitraria de las autoridades de fabricar culpables y de hacerles pagar por un delito que es evidente que no cometieron”, expresó el Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la sala.
Por su parte, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso a las autoridades competentes que abran las indagatorias y carpetas de investigación correspondientes, tanto administrativas como penales, contra los responsables de llevar a los tres jóvenes a prisión sin existir alguna prueba, y que se proceda contra ellos.
El caso fue discutido por un amparo directo promovido por la sentencia condenatoria contra Héctor Muñoz, Gonzalo García y Juan Luis López, cuya historia fue retratada por el documentalista Roberto Hernández en la miniserie Duda Razonable: Historia de dos secuestros, de la plataforma de streaming Netflix.
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En febrero de este año, a solicitud del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el pleno atrajo el amparo directo 100/2020 del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito en Tabasco, en el cual tres personas sentenciadas por secuestro denunciaron irregularidades y violaciones a sus derechos humanos.
