Jesús Enrique Valenzuela Benites llegó rayando llantas. Ya iba tarde para esa audiencia, quizá la más importante de sus últimos dos años de vida. Entró casi corriendo al tribunal… y esperó a ser llamado a cuentas.

Una vez adentro, escuchó los argumentos de un juez que durante dos semanas lo tuvo enfrente, sentado en la silla de los acusados. Y esa mañana fría, estaba allí para dictarle el fallo en el caso 17/2022 que la Fiscalía General de Justicia del Estado llevó palmo a palmo para lograr que lo sentenciaran culpable por el delito de disparo de arma de fuego.

Con las pruebas aportadas por ambas partes, resta dictar el fallo, dijo el juez de enjuiciamiento, viendo a los ojos a cada uno de los asistentes: absuelto. Y un silencio llenó la sala A de la sede judicial.

Jesús Enrique, un tercer oficial de Vialidad, veterano con casi 25 años de servicio, se desguanzó. Se cubrió ambos ojos con sus manos y se quedó petrificado por largos cinco minutos. Su pecho y barriga parecían desinflados. Su rostro comenzó a ponerse rojizo, pero no dio otra muestra de emoción. La contuvo. Sus defensores del sistema oficioso estaban igual que él, casi patitiesos. Todos aguardaron.

Cuando el juez clausuró la audiencia y fijo para el 25 de noviembre la lectura y explicación de sentencia, todos abandonaron la sala. Entonces, Jesús Enrique le dio tal abrazo a Benjamín Lugo que casi lo magulló, y le dio un ¡Gracias! apenas audible ¡Gracias! Luego sus ojos se enrojecieron y quizá unas lágrimas lo traicionaron. Abordó su auto, y como llegó se retiró, en zumba.

Esa tarde de jueves 17 de noviembre, habían quedado atrás dos años de martirio que inició el 5 de enero del 2020 al filo de las 19:35 horas en el estacionamiento de la gasolinera Chevron ubicada en carretera Mochis-Topolobampo y el ramal a Ohuira.

En esas fechas, su hermana, Angelina Valenzuela Benites fungía como síndica procuradora en la primera administración morenista de la historia política de Ahome. Esta la presidía Manuel Guillermo Chapman Moreno. En la confrontación por el poder, ella arrebató a Chapman el crédito de morenista. Él resultó con dos sentencias firmes por violencia política de género en la vertiente de obstrucción del cargo, aunque evitó que lo criminalizaran por el delito de amenazas. Y allí Jesús Enrique Benites fue engarzado por el poder.

Aquella tarde de invierno, aparecieron los patrulleros y lo capturaron, porque lo vieron portando una pistola y escucharon un balazo. Por ello, también atraparon al hijo del Tránsito y a un amigo de este.
Pero sólo al hermano de la síndica procuradora acusaron de que había disparado.

Como evidencia de su dicho, Óscar Alfonso Ibáñez Bueno, un policía novato con cuatro años de experiencia, y la agente, Virgen Oralia Alvarado Valenzuela, una veterana de casi 25 años de servicio, entregaron cinco cascajos y cuatro balas, la pistola, tres cargadores, el auto, y las credenciales del Tránsito.

Durante la captura, uno de los policías le ordenó al Tránsito que no opusiera resistencia, porque “la orden venía de arriba”.

Tras esa noche, el papeleo comenzó. Valenzuela Benites fue separado de las filas, y un año después fue dado de baja, sin que su caso hubiese tenido una resolución.

La fiscalía comenzó a acopiarse de pruebas materiales y documentales para sostener el dicho de los policías, aportó pruebas de balística que resultaron positivas y de rodizonato de sodio, que fue negativo. Es decir, no había prueba química que acreditara que el tránsito había disparado.

En los alegatos se incorporó un video de la gasolinera y este terminó por revelar la mentira que sostenían los dos policías. Nunca hubo tal disparo, y en ello, los policías mintieron, contaminaron la escena de los hechos para incriminar al oficial y manipularon la pistola, sembraron evidencia como balas pues de cuatro pasaron a siete, jamás hubo una intervención con el capturado y manifestaron contradicción en la secuencia de los hechos, como fue la cadena de custodia de las pruebas materiales, el aseguramiento de la escena, su entrega a los investigadores y otras obligaciones policiales que el juez fue descubriendo en el proceso, al haber contrastado los testimonios con el video, y las pruebas periciales con la filmación.

El juez consideró que por los alegatos y argumentos de la fiscalía era inviable cambiar el resultado de las pruebas, resultó negativa, y eso es que no hay evidencia de que el acusado hubiera desplegado la conducta imputada. En todo caso, la prueba y el video que es claro, demeritan las imputaciones.

En tanto que los testigos de cargo mostraron contradicción en cuanto a la intervención, mientras que los testigos de la defensa coincidieron en una mecánica que corrobora el video, como lo fue que no hubo cinco disparos en tres minutos, y que los clientes y asistentes a la estación de servicios jamás mostraron una actitud de pánico en los hechos denunciados.

En la resolución, el juez advirtió que los policías faltaron a su juramento de decir la verdad, y por tanto, dio vista al Ministerio Público para que se abra carpeta de investigación en contra de los policías Óscar Alfonso Ibáñez Bueno y Virgen Oralia Alvarado Valenzuela por falsedad ante la autoridad. Estos pasaron de acusadores a acusados. La venganza política que entonces acusaron los hermanos Valenzuela Benites había sucumbido ante la evidencia abrumadora.

Artículo publicado el 20 de noviembre de 2022 en la edición 1034 del semanario Ríodoce.