sábado, febrero 4, 2023
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Concluye ASE que patrullas de Ahome debieron licitarse

PATRULLAS DE AHOME. Compras irregulares.

En el informe de las cuentas públicas de 2021, la Auditoría encontró que ex síndicas y regidores de Mazatlán se despacharon con la ‘cuchara grande’ y que el alcalde de Badiraguato, faltó a los principios de austeridad al comprarse lujosa camioneta

La Auditoría Superior del Estado (ASE) concluyó que el arrendamiento de 126 patrullas por parte del municipio de Ahome a la empresa Grinleasing, SAPI de CV, debió realizarse mediante licitación pública, que las ex síndicas y regidores de Mazatlán recibieron sobresueldos por más de 8 millones de pesos, y que el alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes, faltó a los principios de austeridad al comprar al inicio de su gobierno una camioneta con un valor de 1.9 millones de pesos.

Sí fue irregular la compra de patrullas morenistas

En el informe de la cuenta pública de 2021 del municipio de Ahome, la ASE determinó que el gobierno de Gerardo Vargas Landeros no justificó el procedimiento de adjudicación directa por el arrendamiento de 126 patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por 171 millones 451 mil 932.10 pesos a la empresa Grinleasing, S.A.P.I. de C.V., el 10 de diciembre de 2021.

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En el resultado con observación número 65 del informe, se señala que “la contratación se realizó mediante el procedimiento de adjudicación directa con invitación a cuatro proveedores, debiendo ser por licitación mediante convocatoria pública”, y además observó que se omitió “la fianza de garantía”, que equivale al 10 por ciento del monto total del contrato, es decir 17 millones 145 mil 193.21 pesos.

El documento añade que como parte del contrato de arrendamiento puro número DA-Arrendamiento-018-2021 de las 126 unidades habilitadas como patrulla, con vigencia del 10 de diciembre de 2021 al 31 de octubre de 2024, y el cual se cubrirá con recursos públicos del gasto corriente, el Ayuntamiento pagó 4 millones de pesos como anticipo el 23 de diciembre de 2021 y 1 millón 634 mil 231.20 pesos, cinco días después por concepto de primera mensualidad.

Para justificar la compra directa, el municipio de Ahome presentó ante la ASE comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) impresos, autorización de pago, orden de compra, anexo técnico, propuesta económica, propuesta técnica, contrato de prestación de servicios, acta ordinaria número 21 del Comité de Adquisiciones del diciembre de 2021 y acta de entrega recepción, pero la ASE determinó que no se justificó el procedimiento realizado.

“Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 34, 42 primer párrafo, 43, 44y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 4, 5, 6 segundo párrafo, 62, 69,92 y 94 fracciones III, IV, VIII, XIV, XV, XVI, XIX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción X, 38 fracción IV, 59fracciones III y IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 11 fracción IX, 21y 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Municipio de Ahome, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, el día 6 de diciembre del2013 y cláusula décima segunda del Contrato númeroDA-Arrendamiento-018-2021celebrado entre el Municipio de Ahome, Sinaloa y la empresa Grinleasing, S.A.P.I. de C.V. de fecha 10 de diciembre de 2021”, señala.

Para exceptuar el procedimiento de licitación pública, el gobierno de Vargas Landeros citó el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Administración del estado en las fracciones, que señalan que se podrá contratar por adjudicación cuando “su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad pública” y “existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada o la contratación de servicios de proveedor determinado”.

Del reglamento de Adquisiciones del Municipio se tomó el Artículo 20, que señala que el procedimiento de adjudicación directa podrá efectuarse cuando “se trate de adquisiciones de urgencia, motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, previo acuerdo escrito del presidente municipal o del Cabildo, en el que se hará constar tal circunstancia” y “cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de la ciudad, como consecuencia de desastres naturales producidos por fenómenos naturales” o “se trate de la adquisición de armamento, bienes servicio y equipamiento destinado a seguridad pública municipal”.

Para la ASE dichos argumentos no son válidos, por lo que emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa “para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.”

El 2 de noviembre, el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Genaro García Castro, declaró a medios que ya habían solventado las observaciones de la ASE sobre el proceso del arrendamiento de las 126 patrullas, y que en los temas de seguridad los contratos no se licitan.

La empresa Grinleasing, S.A.P.I. de C.V.es la misma a la que el ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y su Comité de Compras le adjudicaron directamente un contrato por 117 millones de pesos para el arrendamiento de 40 camiones de recolección de basura, pese a que esta no tiene solvencia económica para prestar el servicio, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado.

En la audiencia del proceso, la Fiscalía señaló que el Ayuntamiento de Culiacán adjudicó el contrato a Grupo Ketzer, SA de CV, el cual tras cobrar el primer mes, cedió los derechos a Grinleasing, que a su vez renta los camiones recolectores de basura a Casanova Vallejo, SA de CV.

La Fiscalía argumentó que Grinleasing no tiene camiones y solo es intermediario y que en 2020 la empresa no tenía empleados registrados y en 2021 sólo dos trabajadores, pese a que cada mes obtiene ganancias por un millón 836 mil 368 pesos.

El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, aseguró que no hay ninguna irregularidad en la contratación sin licitación del arrendamiento de patrullas.

“En el momento en que nosotros hicimos ese arrendamiento, son circunstancias muy especiales por tema de la pandemia y como fueron patrullas la Ley nos permite tomar decisiones en temas de seguridad y además que no había vehículos en el mercado y esa fue la única empresa que nos garantizaba, nosotros hicimos la compra directa, no usamos intermediarios como fue el caso de otras ciudades”, dijo Vargas Landeros.

-En el caso de Culiacán la empresa no tenía camiones y los renta a otra, ¿ustedes tienen la certeza de que las patrullas son propiedad de esa empresa, que no las renta a un tercero?, se le preguntó.

-Yo lo único que te doy la certeza es que nosotros cumplimos con la Ley, número uno; que las patrullas están al servicio de la ciudadanía de Ahome y que gracias a eso, junto con la disposición que hemos tenido de las fuerzas federales, hoy Ahome es el quinto municipio más seguro del país, los policías en Ahome no tenían patrullas, no tenían uniformes ni tenían armas, no tenían municiones, no les subían el sueldo en varios años.

-¿A usted no le ha saltado la duda de si son propietarios de las patrullas después del caso de Culiacán?

-Nosotros tenemos todo legalmente y estamos pagando conforme el contrato, entonces, no tenemos ningún problema.

Ex síndicas, síndica y regidores de Mazatlán se “sirven con la cuchara grande”

En la revisión de la cuenta pública de 2021 al Ayuntamiento de Mazatlán, la ASE también encontró pagos en exceso a la síndica procuradora y regidores por concepto de “otras percepciones” y aportación de Ahorro por 8 millones 925 mil 813 pesos.

En el detalle de las observaciones se señala que las síndicas procuradoras durante los dos periodos del ex alcalde morenista, Luis Guillermo Benítez Torres, Elsa Isela Bojórquez Mascareño y Nayla Adilene Velarde Narváez, así como la síndica actualmente en funciones, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, recibieron percepciones mensuales por 116 mil 448 pesos, de las cuales 63 mil 300 fueron pagos en exceso.

En el desglose de las percepciones se señala que las síndicas percibieron un sueldo ordinario de 29 mil 228 pesos, a los que se sumaron 23 mil 919 por complemento, 40 mil 500 por otras percepciones y 22 mil 800 por fondo de ahorro.

Los regidores percibieron un total de 100 mil 709 pesos, de los cuales 56 mil 970 pesos fueron en exceso.

Los regidores beneficiados del Cabildo 2018-2021 fueron José Manuel Villalobos Jiménez (PRD), Felipe de Jesús Velarde Sandoval (PRI), Rodolfo Cardona Pérez (PT), Guadalupe Aguilar Soto (PAN), Ricardo Michel Luna (PRI), Adalberto Valle Pérez (Morena), María Teresa Núñez Millán (PRI), Paulina Guadalupe Osuna Castañeda (PAS), Santa del Carmen Tirado Díaz (Morena), María Isabel Gamboa González (Morena), Guadalupe Elizabeth Ríos Peña (Morena), Jesús Alberto Lizárraga (Morena).

Entre los beneficiados con pagos no justificados, la ASE también incluye a los regidores del actual cabildo de todos los partidos políticos.

Alcalde de Badiraguato se da la bienvenida con camioneta de casi 2 mdp

En el informe de la cuenta pública 2021 de Badiraguato, la ASE señala que dos meses después de asumir el cargo, la presidencia municipal del morenista José Paz López Elenes compró de forma directa con recursos del gasto corriente una camioneta Yukón modelo 2022 marca GMC por un monto de 1 millón 915 mil 900 pesos a la empresa Alianza Automotriz Rivero, S.A. de C.V.

El alcalde cuestionado en días pasados por la creación de un museo del narco, de acuerdo a la Auditoría compró la unidad el 29 de diciembre de 2021, contraviniendo “los criterios de austeridad, racionalidad y transparencia, toda vez que el costo de la unidad es superior a 9 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, además que omitieron realizar el procedimiento de invitación de cuando menos tres proveedores, mediante cotización por escrito en sobre cerrado que serían abiertos en presencia del Contralor Interno, derivado de una incorrecta administración y supervisión en el pago de los recursos”.

Artículo publicado el 06 de noviembre de 2022 en la edición 1032 del semanario Ríodoce.

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