Informes de la evaluación situacional y prospectiva semanal de la GN, que forman parte de los archivos hackeados por Guacamaya, revelan que durante la pandemia de COVID-19 las autoridades esperaban que los grupos delincuenciales se fortalecerían en la elaboración de drogas sintéticas y tendrían reacciones más violentas.
La incursión de los cárteles en la fabricación de drogas sintéticas, un aumento de los delitos y un recrudecimiento de la violencia de los grupos de la delincuencia organizada por la disputa de los territorios con la reactivación de actividades durante la pandemia, fueron hechos que previeron desde 2020 las áreas de inteligencia de la Guardia Nacional; pese a ello, no se hizo nada para evitarlo.
En los reportes denominados “Evaluación Situacional y Prospectiva Semanal” de mayo y junio de 2020, que forman parte de los miles de correos hackeados a la Sedena por el grupo Guacamaya, se detallan los posibles escenarios que podrían presentarse en el terreno del narcotráfico durante y después de la pandemia de COVID-19, los riesgos que estos implicarían tomando en cuenta las debilidades de las autoridades y las posibles áreas de oportunidad para hacerles frente.
En uno de los informes fechado el 15 de mayo de 2020, se señala que con la suspensión de actividades económicas y cierre de fronteras debido al COVID-19, los grupos delincuenciales dedicados a producir drogas sintéticas se vieron afectados por la falta de insumos provenientes de China, por lo que vieron como una necesidad el desarrollo de los precursores químicos necesarios para producir fentanilo; y en el caso del Cártel de Sinaloa, utilizó ingenieros químicos para fabricarlos.
“Ante nuevos brotes de COVID-19 en China, y su impacto previsible en la dinámica exportadora de ese país, el Cártel de Sinaloa movilizará los recursos a su alcance para disminuir su dependencia en la importación de fentanilo y precursores químicos. Para derivarse a una producción propia, deberá remontar el déficit de pureza que lo separa del producto procedente de China, y profesionalizar sus laboratorios mediante la integración de recién egresados o actualmente sin trabajo. De lograrlo, podrían afianzarse del mercado ilegal en Estados Unidos y desplazar al fentanilo procedente de China”, señala.
Ríodoce constató en base a declaraciones de “cocineros”, es decir personas que se dedican a fabricar drogas sintéticas en laboratorios clandestinos, que los precursores químicos necesarios para elaborar fentanilo habían escaseado en el estado durante este año, y que los cultivos de mariguana y amapola habían dejado de ser redituables en comparación con la fabricación de opioides.
Otro informe fechado el 15 de junio de 2020, indica que el cierre de fronteras también afectaría el trasiego de estupefacientes hacia EU, lo que llevaría a un aumento en el consumo local luego de la reactivación de las actividades, que incluyen centros nocturnos, bares, antros y lugares turísticos, donde se venden principalmente las drogas sintéticas y cuyo cierre impactó a los narcomenudistas, considerados como los “eslabones más bajos de las organizaciones”.
“Al ser personas que su única actividad era de tipo criminal, algunos probablemente migraron a otras funciones como la de vigilancia (halcones), seguridad, grupos de contención y de incursión para ingresar a zonas en disputa con grupos antagónicos; no obstante, otro segmento quedó a la deriva de forma voluntaria o involuntaria, personas que al no generar un ingreso por la venta de drogas optan por los robos, fraudes y extorsiones como actividad criminal emergente”.
Un año antes de la pandemia, en 2019, el gobierno estadounidense señaló a Ovidio Guzmán López, —quien fue detenido y posteriormente liberado el 17 de octubre de ese año en la operación conocida como el “Culiacanazo—, como uno de los principales productores de fentanilo en Sinaloa, estado donde durante 2021 y 2022 se han realizado los mayores decomisos de la droga sintética y donde se reporta la existencia de un consumo local que ha dejado ya tres muertes.
Otro documento de la GN hackeado por Guacamaya y publicado por El Universal reveló que actualmente el 76 por ciento de las pastillas de fentanilo que llegan a EU provienen de Sinaloa, donde se decomisó un cargamento de 2 mil 270 pastillas en julio pasado, el más grande hasta el momento.
Para mostrar el impacto de la pandemia en el narcotráfico, el informe cita cifras del primer trimestre de 2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública(SESNSP) cuando hubo una reducción del 15.60 por ciento de los delitos contra la salud (en su modalidad de producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, posesión) así como narcomenudeo y otros delitos).
“En abril, el segundo mes de la pandemia de COVID-19 en México, se reportaron 563 de estos delitos, un 22.66 por ciento menos que en marzo y un 38.06 por ciento menos que en abril de 2019”, añade.
“En el mismo sentido se encuentra la incidencia delictiva del fuero común en el rubro de narcomenudeo, que en 2020 registró un decremento gradual mes con mes, al pasar de 7 mil 113 casos en enero, a 5 mil 536 en abril, con lo cual se infiere que la cadena de suministro en base a la demanda bajó, debido al cierre de centros nocturnos, bares, giros negros, restaurantes, centros turísticos, entre otros”.
Añade que con la interrupción de la cadena de suministro de drogas, también redujo los decomisos en puntos de revisión de la Oficina de Aduanas en el primer cuatrimestre de 2020, cuando “la cantidad de mariguana confiscada en esos puntos reportada por la CBP disminuyó en 18.71 por ciento, la de cocaína 30.85 por ciento y la de heroína 33.33 por ciento.
El informe preveía que al término de la pandemia, los grupos criminales buscarían una disputa por los territorios para afianzar su control, lo que llevaría a un incremento de la violencia y los delitos como extorsiones.
“Una reactivación comercial y económica del país acentuará la pugna entre organizaciones criminales para afianzarse en las zonas de distribución de droga al menudeo, por lo que es posible que se presenten al inicio de la reapertura de giros negros, bares y antros, hechos violentos al interior y exterior, como medida de presión a los dueños o alinear a narcomenudistas para aceptar la administración de un grupo criminal en particular”.
Acorde con lo previsto, durante este año se recrudecieron los ataques en bares y centros nocturnos del país, principalmente en Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Morelos y Colima, que han dejado al menos una treintena de fallecidos.
Dicho aumento de la violencia por parte de los cárteles de la droga, añaden los informes, se presentará ante unas autoridades municipales “sobrepasadas”.
“El creciente valor de los nuevos mercados, cada vez más disputados, motivará a los cárteles mexicanos a adoptar medidas de gran violencia ante cualquier intento del gobierno mexicano por obstaculizarlas o impedirlas”, prevé.
Para tratar de enfrentar las problemáticas esperadas, la Guardia Nacional proponía la coordinación con los tres niveles de gobierno para optimizar el uso de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, conformar con personal de la Guardia Nacional desplegado, células de trabajo a nivel estatal que concentren la información de la entidad en materia de seguridad y en coordinación con los Centros de Control Computo y Comando de los estados, generar inteligencia estratégica y táctica que permita el diseño de acciones conjuntas.
“La acentuada competitividad mostrada por los grupos del narcotráfico eleva la percepción de atraso institucional en las estrategias para contener su crecimiento; el agotamiento de las intervenciones tradicionales, la disponibilidad de recursos económicos, sin contar el poder de aumento de intervención de narcos mexicanos”.
Y tal como alertaron los informes de la Guardia Nacional, con la reactivación de las actividades económicas durante la pandemia, se presentó un aumento de los delitos y de las reacciones violentas por parte de los cárteles, que antes sólo se habían presentado en el “Culiacanazo”.
Durante este año, han ocurrido ataques y enfrentamientos en Sonora, Guanajuato, Jalisco, Baja California Sur y Ciudad Juárez. En esta última ciudad los grupos del narcotráfico además de realizar bloqueos, quema de autos y de comercios, dispararon contra la población civil.
Artículo publicado el 30 de octubre de 2022 en la edición 1031 del semanario Ríodoce.
