El juez determinó que el ex alcalde de Culiacán y los funcionarios que participaron en el arrendamiento de camiones de basura, no justificaron la adjudicación directa

Durante más de 18 horas los abogados del ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y los miembros del Comité de Adquisiciones trataron de convencer al juez de que la contratación sin licitación del arrendamiento de camiones recolectores de basura fue legal, pero no lo lograron.

La audiencia inició a las 8:30 horas del lunes 18 de octubre y concluyó a las 3:00 horas del martes con la vinculación a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Además del ex alcalde fueron vinculados a proceso quienes eran miembros del Comité de Adquisiciones, la ex Tesorera, Issel Guillermina Soto; el ex secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo; el ex oficial mayor, Alejandro Amézquita; el ex director de Egresos y Presupuesto, Raúl Alcántar Kondo; y las ex regidoras de Morena, Angelina Gutiérrez y María Antonia Sarabia.

El contrato para el arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura por 117 millones de pesos por 30 meses, debió licitarse, según la Fiscalía, porque no estaba justificada la adjudicación.

El municipio adjudicó el contrato a la empresa Grupo Ketzer, SA de CV y ésta cedió los derechos a Grinleasing, S.A.P.I. DE C.V, que no tiene camiones para prestar el servicio y los renta a Casanova Vallejo, SA de CV.

El Ayuntamiento paga cada mes a Grinleasing 3 millones 920 mil pesos y Grinleasing paga a Casanova Vallejo, 2 millones 551 mil pesos.

Durante la audiencia los defensores aseguraron que la adjudicación sí estaba justificada por urgencia por “causa de fuerza mayor”. debido a que la pandemia de COVID-19 estaba en curso y la ciudad no podía quedarse sin servicio de recolección de basura ya que con el confinamiento la cantidad de desechos aumentó y su acumulación representaba un riesgo sanitario.

Los abogados defensores pidieron la declaración de la perito oficial Cinthia Selena Ortegón para que hablara sobre el peritaje contable que hizo y está incluido en la carpeta de investigación.

La experta dijo que tras hacer un análisis concluyó que la adjudicación no estaba justificada y era necesaria la licitación, por lo que el contrato y los pagos son ilegales.

Comentó que en el expediente de adjudicación solo invocaron artículos que permiten la adjudicación directa pero no hay documentos que acrediten cuál es la causa de fuerza mayor por la que había urgencia de contratar y debía exceptuarse la licitación.

El expediente, indicó, señala que fue por la pandemia pero eso no fue lo que motivó la urgencia.

Durante el interrogatorio por parte de la defensa sobre el peritaje, la perito decía no recordar, incluso, el abogado Giancarlo Loza pidió al juez la declarara testigo en rebeldía y desestimara su estudio, pero el juzgador consideró que todavía no era procedente.

La perito dijo que entre los documentos que revisó se encontraba el contrato, pero en las preguntas de la defensa no pudo precisar quién era el arrendador y quién era el arrendatario, a pesar de que en varias ocasiones le mostraron el contrato para que lo leyera.

En el interrogatorio por parte de la Fiscalía la perito empezó a contestar todas las preguntas rápidamente sin dar tiempo a la defensa para objetar hasta que el juez le pidió que tras escuchar la pregunta hiciera una pausa para responder.

La defensa contrató al perito Eduviges Haro Bojórquez para que hiciera también un peritaje contable y lo llevó a la sala de audiencias para que lo expusiera.

El perito concluyó que la adjudicación sí estaba justificada por urgencia y que si el municipio no contrataba dejaría de cumplir con el servicio de recolección de basura.

Aseguró que había elementos suficientes para justificar la causa de fuerza mayor por la pandemia, que en ese momento estaba en semáforo epidemiológico rojo.

El contrato y los pagos, indicó, no son ilegales porque la adjudicación cumplió con la normatividad.

Mencionó que por la pandemia no podía dejar de prestarse el servicio y además no se podían celebrar reuniones presenciales por lo que no podía hacerse un concurso de licitación.

En sus alegatos finales los defensores insistieron en que la adjudicación estaba justificada por la pandemia.

El abogado Josué Ontiveros manifestó que en la carpeta de investigación no había datos de prueba suficientes para establecer que se cometió un delito y que los imputados participaron.

“Se cumplió con el procedimiento legal, no existe desempeño irregular de la función pública”, expresó.

Aseguró que tampoco hubo daño económico al municipio porque el servicio sí se prestó y costó menos que en administraciones anteriores.

El dictamen pericial de la FGE, abundó, solo es una interpretación personal de la ley, sesgada, dogmática e imprecisa.

La Fiscal Nereida Avilés dijo que la pandemia no motivó la urgencia porque había un contrato previo con otra empresa para la renta de camiones y los funcionarios sabían que ya se iba a vencer.

Aseguró que hubo omisión y negligencia porque no tomaron previsiones cuando estaba por concluir el contrato anterior.

Manifestó que esperaron al término del contrato para que no hubiera tiempo para la licitación.

Señaló que el alcalde solicitó contratar por urgencia el servicio el 7 de junio y el contrato se firmó hasta el 12 de octubre, y cuestionó cómo es que si había urgencia pasaron cuatro meses para que se contratara el servicio.

Señaló que argumentan que no hubo licitación porque por la pandemia no se hacían reuniones presenciales, sin embargo, la reunión en la que se adjudicó el contrato fue presencial.

Además, indicó, la ley permite las licitaciones vía electrónica y ese año el Ayuntamiento hizo siete concursos de licitación.

Antes de que el juez diera a conocer su decisión, el ex alcalde Estrada Ferreiro dijo que todo se trataba de un asunto político.

“Están peleando una candidatura en el Senado”, expresó.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum determinó que sí había elementos suficientes para presumir la probable comisión del delito y dictó auto de vinculación a proceso a todos los imputados.

Explicó que tanto la perito oficial como el perito particular se excedieron en sus atribuciones y ninguno se sujetó solo a su experiencia.

La pandemia fue un hecho público y notorio, explicó, pero no hay datos que indiquen que eso provocó la urgencia para contratar.

“No solo era vincular a la pandemia, sino acreditar la urgencia, ¿por qué la pandemia trajo esta urgencia y tuvieron que contratar esos camiones?. No se trata de que la pandemia sea un pretexto para llevar a cabo contratos”, expresó.

El problema de la recolección de basura tiene años, abundó, y no se advierte cómo incidió la pandemia para la contratación, por lo que no se actualiza la urgencia.

Durante la audiencia un abogado mostró contratos de varias empresas con otros municipios para la renta de camiones para demostrar que en Culiacán se habían contratado a un menor costo y el juez respondió que eso solo hace pensar que hay un posible abuso de las empresas de una necesidad de los municipios.

“Es dinero de la gente, es dinero del pueblo, ¿por qué no se cuidó bien?”, cuestionó.

En uno de los recesos de la audiencia, el ex alcalde dijo a los medios de comunicación que estaba confiando en que dictarían auto de no vinculación a proceso y pidió piedad.

“Yo quiero que me digan qué quieren, ya, ¿qué quieren? y a ver cómo lo arreglamos, ya tienen la presidencia ¿qué más quieren? ¿qué no sea candidato? no soy candidato, se acabó, no es mi ambición, que me dejen en paz ya, es una tortura todo esto para mi familia, no para mí, yo puedo aguantarlo pero mis hijos no, ni mis hijas, yo les pido con mucho respeto que tengan piedad”, expresó.

La Fiscalía tiene un plazo de tres meses para concluir la investigación, por lo que en enero de 2023 los imputados y los fiscales volverán a la sala de audiencias para continuar con el proceso.

Artículo publicado el 23 de octubre de 2022 en la edición 1030 del semanario Ríodoce.