Nueva información hackeada por el grupo Guacamaya revela que el Ejército firmó un nuevo contrato con la empresa que desarrolló el malware espía Pegasus, los planes del Ejército para tener una aerolínea y los nexos de autoridades con el narco
El hackeo a miles de correos de la Sedena por el grupo Guacamaya revela que en el gobierno de la 4T el Ejército contrató servicios a una empresa filial de NSO Group, que desarrolló el malware espía Pegasus, elaboró las reformas de la GN y un proyecto para tener su propia aerolínea, nuevos datos sobre el caso Ayotzinapa, los nexos de autoridades con el narco y los viajes de familiares de AMLO en aviones militares.
El espionaje en tiempos de la 4T
Contrario a las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que en su gobierno ya no se compraría tecnología para espionaje, la información extraída de archivos de la Sedena sacó a la luz dos contratos por adjudicación directa para un “servicio de monitoreo remoto de información”, firmados en abril de 2019 con Comercializadora Antsua, SA de CV, empresa que tenía la representación exclusiva para vender la tecnología de NSO Group, desarrolladora del malware Pegasus.
“En la actualidad no hay ya contratos con estas empresas (desarrolladoras de Pegasus). Sí hay un servicio que tiene la Secretaría de la Defensa, como otras secretarías, Marina, para llevar a cabo labores de inteligencia…”, aseguró López Obrador el 3 de agosto de 2021, durante la conferencia mañanera.
De acuerdo a Aristegui Noticias, poco más de dos años antes de la declaración de López Obrador, el Ejército firmó el contrato con clave DN-10 SAIT-1075/P/2019, –filtrado por Guamaya–, con la empresa representativa de NSO Group, señalada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto de haber vendido el malware Pegasus al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y a la Procuraduría General de la República (PGR), con el que se espió a periodistas y activistas.
Además de ocultar la existencia de dicho contrato “secreto”, en respuestas a solicitudes de acceso a la información, la Sedena también se negó a entregarlo a la Fiscalía General de la República como parte de investigaciones criminales y a la Auditoría Superior de la Federación en sus peticiones sobre la revisión a la cuenta pública de 2021.
La existencia del contrato coincide con la investigación “Ejército Espía” realizada por R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19 México y Centroamérica, y SocialTIC y Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que señala que entre 2019 y 2020, es decir durante el gobierno de la 4T, los teléfonos de al menos dos periodistas y un activista fueron espiados a través del malware Pegasus.
En la indagatoria se constató que el gobierno de López Obrador utilizó el programa Pegasus para infectar los celulares y espiar al periodista Ricardo Raphael, así como a otro periodista de Animal Político y al activista tamaulipeco, Raymundo Ramos Vázquez.
“Estos ataques tienen algo en común: todos fueron espiados con el malware Pegasus en este sexenio, mientras hacían labores relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas”, señala la información.
Luego de que se diera a conocer la investigación, el martes 4 de octubre López Obrador negó que su gobierno realice espionaje.
“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor”, dijo el mandatario ese día en la conferencia mañanera.
Durante su gobierno, dijo que las fuerzas armadas llevan a cabo labores de inteligencia no de espionaje, “que es distinto”.
Ese mismo día, la Sedena rechazó también en un comunicado realizar espionaje, aun cuando no abordó el tema del contrato con Comercializadora Antsua, SA de CV.
“Esta Secretaría con estricto apego al Estado de derecho ratifica que no realiza actividades de inteligencia y mucho menos de espionaje de índole alguna en contra de sectores de la población, como defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas, entre otros”, aseveró.
Las labores de inteligencia que realiza, añadió, son en el desarrollo de operaciones contra la delincuencia organizada.
La Secretaría afirmó que la compra del servicio Pegasus se realizó entre 2011 y 2013, y no durante el actual gobierno, y fue “empleado única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mediante acciones de inteligencia”.
Sedena Airlines
Entre los archivos robados a la Sedena, se encuentra un proyecto del Ejército para crear y administrar una agencia de turismo con proyectos de hoteles, parques, museos y una aerolínea comercial, que incluirá vuelos en el Avión Presidencial.
El sitio Latinus informó que el proyecto estuvo a cargo del encargado de la dirección comercial y de servicios del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca, Maya y Mexica, y fue compartido internamente el pasado 27 de agosto.
La propuesta contempla la creación de Servicios Turísticos Itzamná junto con otra compañía que administraría la nueva aerolínea, la cual dependerá del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca, Maya y Mexica.
Con esta empresa, la Sedena pretende operar desarrollos hoteleros en Uxmal y Calakmul, en Yucatán, y ecohoteles en la Riviera Maya, donde se proyecta el Tren Maya, en el cual también colaboran las fuerzas castrenses.
Como parte del proyecto, el Ejército planea tener a su cargo parques nacionales como el de La Plancha, en Yucatán, y el Parque Nacional del Jaguar, en Quintana Roo, así como operar un museo subacuático en Tulum. Todos los proyectos serían administrados por militares.
En el caso de la aerolínea proyecta que sea un servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga con diez aeronaves rentadas. Se planteaba utilizar el avión presidencial José María Morelos y Pavón para vuelos comerciales, pero esta última se desechó debido a que los boletos tendrían un costo 40 por ciento mayor para que fuera rentable.
Para crear la aerolínea, la Sedena tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2023, aunque las leyes establecen que son necesarios 16 meses para la creación de una nueva línea aérea.
El miércoles 5 de octubre, el presidente López Obrador confirmó la existencia del proyecto y que las utilidades serán para pensiones de militares.
“¿Y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de la Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va a costar un poco más… no es lo mismo quitársela y privatizarla, como lo hicieron, si está en manos de Comunicaciones, que si está en manos de la Secretaría de la Defensa”, argumentó.
El Ejército, autor de las reformas sobre la Guardia Nacional
La reforma para que la Guardia Nacional perteneciera a la Sedena, fue planteada por el propio Ejército.
De acuerdo a documentos hackeados por Guacamaya, y que tiene en su poder la revista Proceso, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena presentó el 1 de julio de 2022 a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal un plan A y un plan B de reformas en materia de la Guardia Nacional.
El plan A consistía en una reforma al artículo 21 constitucional para que la Guardia Nacional fuera reconocida como una “Fuerza Armada con la función esencial de proporcionar la seguridad pública”, de “carácter permanente y naturaleza militar”, “adscrita a la Sedena”.
También consideraba que los recursos financieros y materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destinados a la GN fueran transferidos a la Sedena.
Otro punto de la reforma al artículo 13 de la Constitución, planteó que los integrantes de la Guardia Nacional, “para efectos estrictamente disciplinarios”, quedaran sujetos al fuero militar para los delitos y faltas contra la disciplina militar.
El plan B del Ejército son una serie de reformas a leyes secundarias: la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ley de la Guardia Nacional, la ley Orgánica y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Durante julio y agosto, la Sedena trabajó en la iniciativa con el consenso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y para el 31 de agosto ya se tenía una iniciativa final, en la que la adscripción sería a la SSPC, pero con la aclaración de que la institución militar tendría el control operativo y administrativo, señala el semanario.
“De acuerdo con un análisis comparativo entre las reformas aprobadas y los documentos enviados por la Sedena a la Consejería Jurídica de la presidencia, el espíritu de la propuesta militar se mantuvo y sufrió ligeros cambios”, de acuerdo a Proceso.
Como ejemplo se señala que en su primera versión, la Sedena proponía que el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal estableciera que a esta institución le correspondía “manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, así como de la GN”.
“En la última versión, ese artículo quedó tal como fue aprobado en septiembre pasado en el Congreso de la Unión, es decir, que corresponde a la Sedena “ejercer el control operativo y administrativo” de la GN”, añade la publicación.
El pasado 31 de agosto, luego de obtener el visto bueno de la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre el impacto presupuestario del proyecto, continuó el trámite para hacer llegar la iniciativa al legislativo, Y ese mismo día López Obrador envió la propuesta a la Cámara de Diputados como si fuera suya.
Los viajes de la familia de AMLO en aviones militares
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó que entre los archivos hackeados se encuentran documentos que dan cuenta de los viajes de familiares del presidente López Obrador a Houston, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Polonia y Japón.
Uno de los viajes reportados en informes militares confidenciales se realizó en la segunda quincena de enero de 2020 a Houston, Texas, cuando el hijo mayor de AMLO habitaba la llamada “Casa Gris”.
En una serie de oficios y fichas elaborados por personal militar consta que la esposa del presidente López Obrador y uno de sus hijos viajaron el 18 de enero de 2020 a Houston “con el fin de llevar a cabo actividades privadas”, para lo cual fueron comisionados cinco militares.
Cuando se realizó ese viaje, José Ramón López Beltrán tenía cuatro meses de haberse mudado a “La Casa Gris”, la cual en ese momento era propiedad de quien fuera un alto ejecutivo de la compañía de servicios petroleros Baker Hughes, que en el actual sexenio ha acumulado miles de millones de pesos en contratos en Pemex.
Ayotzinapa: 20 alcaldes con nexos con el narco y la intromisión de Sandoval
La información hackeada dio nuevos atisbos sobre el caso Ayotzinapa. De acuerdo a los correos obtenidos por Proceso. La Sedena identificó que durante la desaparición de los 43 normalistas, al menos 20 alcaldes estaban vinculados con grupos criminales como Guerreros Unidos, La Familia y los Caballeros Templarios.
En el informe que la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Sedena envió en octubre de 2014 a Tomás Zerón, entonces jefe de la Agencia de Inteligencia Criminal, se señala que tres semanas posteriores a la desaparición de los normalistas, José Luis Abarca, el alcalde de Iguala “proporcionaba protección” a Guerreros Unidos y que su esposa, María de los Ángeles Pineda, tenía vínculos con miembros de la familia Beltrán Leyva. Actualmente ambos están presos.
Los archivos detallan que también tenían nexos con la delincuencia organizada el alcalde priista César Miguel Peñalosa Santana, de Cocula; Norberto Figueroa Almazo, alcalde de Huitzuco de los Figueroa, y 17 presidentes municipales más de la región.
Otro informe obtenido por Proceso, menciona que previo a una visita de los padres de los normalistas y de personal de la CNDH en enero de 2015, se recomendó al entonces titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, inhabilitar áreas de arrestos y negarse a “la remoción de losas de concreto” dentro de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.
Los documentos secretos de la Sedena, difundidos por Proceso también incluyen una serie de cartas firmadas por el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dirigidas a López Obrador, en las que trata de influir en el desarrollo de las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas.
En las cartas, Sandoval descalificó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que buscaba investigar a soldados del 27 Batallón de Infantería, y en otra defendió al capitán José Martínez Crespo, detenido por su presunta vinculación con el grupo Guerreros Unidos.
En una carta fechada el 18 de enero de 2021, Sandoval planteó a López Obrador que el capitán “negó su participación en los eventos realizados por un grupo de la delincuencia organizada en contra de los 43 estudiantes”, le dijo que “el proceso que se le sigue está basado únicamente en dos referencias” y lo deslindó de sus presuntos vínculos con Guerreros Unidos.
El general señaló que Crespo “desde un principio ha sido investigado sobre sus ingresos y patrimonio, no encontrando evidencias de capacidad económica superior al que ha podido obtener como resultado de sus ingresos”.
En otra carta, con fecha de 31 de marzo de 2021, Sandoval se quejó ante el presidente de una decisión de la CNDH de revisar la recomendación 15VG/2018 emitida el 28 de noviembre de 2018, y de exhortar a una investigación exhaustiva a soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala, “ya que tuvieron participación protagónica y ocultaron pruebas”.
Añadió que la Sedena ya había accedido a varias solicitudes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (CoVAJ).
En su informe presentado el pasado jueves 29 de agosto, en una carta al presidente, el GIEI afirmó que la Sedena se negó a entregarle la información generada en este CRFI –incluyendo intervenciones de comunicaciones con el spyware Pegasus–, “alegando que no se encuentran o que no existen, aspecto que no responde a la verdad”.
En otros correos electrónicos aparecen varias cartas y memorándums dirigidos a Cienfuegos, titular de la Sedena durante la desaparición de los normalistas, para frenar las investigaciones del GIEI, y que evidencian cómo, en el ámbito militar, imperaba la hostilidad hacia los expertos.
Un general retirado, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, envió una carta a Cienfuegos el 16 de mayo de 2015, en la que le recomendó “preparar al personal del 27/o B.I. que será entrevistado y revisar que los expedientes no tengan inconsistencias” para convencer al GIEI que los militares no estuvieron implicados y rechazar la clasificación de Ayotzinapa como desaparición forzada, y que su vinculación con un Crimen de Estado “podría resultar de gravedad para el gobierno mexicano”.
Artículo publicado el 09 de octubre de 2022 en la edición 1028 del semanario Ríodoce.
