Los defensores presentaron apelación pero fue desechada por extemporánea, debido a que la presentaron un día después de que venció el plazo
El ex secretario Técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel Pineda Ochoa, sigue buscando anular la sentencia en su contra para evitar la prisión, pero el Tribunal Colegiado negó la última apelación por un error de cálculo de sus abogados.
El ex funcionario malovista fue sentenciado el 16 de junio de 2019 a 13 años de prisión pero en septiembre de 2019 el Supremo Tribunal de Justicia del Estado modificó la condena y la redujo a ocho años tres meses de prisión y al pago de 8 millones 651 mil pesos por reparación del daño por desempeño irregular de la función pública.
En un juicio oral se acreditó que Pineda Ochoa simuló pagos de campañas publicitarias y el dinero fue transferido a cuentas bancarias de sus familiares.
De los 12 funcionarios del gobierno de Mario López Valdez llevados a tribunales por delitos de corrupción, Pineda Ochoa y la ex directora Administrativa de la Secretaría de Salud, María Alejandra Gil, fueron los únicos en recibir sentencia.
En el caso de Pineda Ochoa, a más de tres años de que fue dictada, la condena no ha podido ser ejecutada debido a que ha presentado diversos medios de apelación.
El último recurso legal fue resuelto el pasado 12 de septiembre y los magistrados decidieron negar el amparo contra el rechazo de la apelación de la condena que presentó en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
En junio de 2019, la jueza Sara Bruna Quiñonez Estrada, hoy Fiscal General del Estado, lo declaró culpable y sentenció a 13 años de prisión.
Los defensores apelaron la sentencia y el 30 de septiembre de 2019 la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia la modificó y redujo a ocho años de prisión.
Después continuó con apelaciones y amparos hasta lograr que repusieran el juicio oral para que la jueza dictara un nuevo fallo.
El 13 de abril de 2021, la jueza volvió a celebrar la audiencia y tras analizar las pruebas que presentaron en el juicio, volvió a declararlo culpable y ratificó la sentencia de ocho años tres meses de prisión.
Los defensores presentaron otra apelación contra la nueva condena pero fue desechada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado por extemporánea debido a que la presentaron un día después de que venció el plazo.
Los abogados promovieron un amparo contra el rechazo y el Tribunal Colegiado lo negó el pasado 12 de septiembre.
“Lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Ángel Pineda Ochoa”, señala la sentencia.
Pineda Ochoa hizo 42 pagos por 8 millones de pesos, presuntamente para campañas publicitarias con Delta Vacations, CanWest y Continental Airlines.
En las investigaciones la FGE acreditó que el dinero fue transferido a cuentas de su esposa, hija, cuñado y hermana.
En el juicio, el ex secretario, Rafael Lizárraga Favela, declaró como testigo y ahí reveló que Pineda Ochoa le confesó haber cometido el desvío.
Lizarraga Favela dijo que en una ocasión le expresó “te voy a hablar con la verdad, no te voy a echar mentiras, no se realizaron (la campañas), ese dinero lo saqué porque recibí instrucciones superiores”.
Además, le confesó “que lo habían hecho a la antigua, que habían falsificado documentos, que habían falsificado facturas, que habían falsificado firmas, que habían falsificado pólizas”.
El Supremo Tribunal concluyó que “la Fiscalía sí acreditó más allá de toda duda razonable la acusación en contra de Luis Ángel Pineda Ochoa, quedando por tanto desvirtuada la presunción de inocencia del aludido, puesto que con las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio, quedó demostrada la plena responsabilidad del acusado en la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública”.
Al inicio de la administración de Quirino Ordaz Coppel, 12 funcionarios malovistas fueron llevados a proceso penal pero solo dos fueron sentenciados.
Junto con Pineda Ochoa fue vinculado a proceso es ex secretario de Turismo, Javier Lizárraga Favela; y el ex coordinador Administrativo, José Luis Martínez Romero, pero a ellos les retiraron las acusaciones.
Otro de los procesos fue contra el ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro; la ex directora Administrativa, María Alejandra Gil Álvarez; y el ex director de Atención Médica, Jaime Otañez.
Echeverría Aispuro pagó 7 millones de pesos por la reparación del daño y libró el juicio; a Otañez la Fiscalía le retiró la acusación y solo Gil Álvarez fue llevada a juicio y sentenciada a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 17 mil 519 pesos.
Contra funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas abrieron proceso por irregularidades en la contratación de las empresas que construyeron el Tiburonario de Mazatlán y que colapsó.
Los involucrados son Dionisio Sánchez Félix, ex Director de Control Administrativo; Armando Trujillo Sicairos, ex jefe del Departamento de Concursos y Contratos; y José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental y Contratos, quienes obtuvieron una suspensión condicional con la compra de cámaras para monitorear pingüinos y la instalación de los equipos en el acuario.
De la Secretaría de Administración y Finanzas acusaron a Armando Villarreal Ibarra; el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de Caja General, José Carlos López Ramírez, de desviar 263 millones de pesos de cuentas de recursos federales a cuentas de recursos estatales.
Los tres evitaron el juicio con el pago de 2 millones de pesos como reparación del daño y con una disculpa pública a la sociedad.
Artículo publicado el 02 de octubre de 2022 en la edición 1027 del semanario Ríodoce.
