El alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros y un cabildo incondicional encontraron la manera de torcer la ley, traficar con sus influencias y afectar el bien común de miles de habitantes enajenando las áreas de donación de ocho colonias precarias para beneficiar a 1 mil 184 demandantes de lotes.

A juicio de Luis Alfonso Cota Sánchez, de la Academia Nacional de Arquitectos Capítulo Sinaloa-Sección Norte; Rocío Anahí Mendoza Camacho, presidenta del Colegio de Arquitectos del Norte de Sinaloa; Cristhian Jaime Barraza Nevarez, presidente del Colegio de Topógrafos y Geodestas de Los Mochis y Arturo Noriega Ibarra, presidente del Colegio Civiles del Valle del Fuerte, la medida adoptada en el Proyecto de Lotificación para Vivienda con Servicios Progresivos Destinada a personas Vulnerables y Personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, es dictatorial y violatoria de leyes y reglamentos varios, como la venta de lotes de 10 metros por 10 metros que ya están prohibidos porque favorece el hacinamiento de las familias.

El fundamento legal del acuerdo de la Comisión de Urbanismo aprobado el 11 de abril del 2022 por los regidores Pedro Ceballos Rendón, Judith Elena Luna Castro, Julio César Valdez Miguel y Jesús Ramón Salmerón Pérez, es falso, sesgado jurídicamente, no es cierto, no sirve, y violentan la ley territorial porque no se permite enajenar bienes públicos que sean áreas de donación ya protocolizadas para la instalación de equipamientos públicos y espacios abiertos, precisó Cota Sánchez.

A los colonos de Santa Luz, Ampliación Santa Luz, las Flores, la Cantera, La Cantera IV, Renato Vega, José Ángel Espinoza “Ferrusquilla” y Santa Alicia los llamó a ponerse en alerta si observan gente que pretenda apropiarse de sus áreas comunes. “Deben defenderlo, a toda costa, porque se les suprima un terreno destinados para áreas verdes en donde el ayuntamiento debe construir parque, escuela, canchas deportivas e instalaciones de uso común en donde las personas puedan reunirse para la convivencia sana. La determinación es propia de un sistema monárquico, dictatorial, que debe ser desechado”, dijo.

Usan e artículo 115 Constitucional como fundamento que se refiere a las obligaciones políticas pero no le da facultades al ejecutivo para disponer a placer de los predios ya vocacionados como bienes públicos, aclaró.

Recordó que un caso similar ya se intentó con la administración de Arturo Duarte cuando pactó la permuta de áreas verdes ya protocolizadas con una inmobiliaria, situación que dio origen a una investigación en el Congreso de Sinaloa que terminó desechando el acuerdo.

Rocío Anahi Mendoza Camacho explicó que los nueve predios están enclavados en colonias marginadas sin que se conozca que exista un área de esparcimiento en los alrededores.

Noriega Ibarra exigió a Vargas Landeros declinar su pretensión de suprimir los espacios públicos por ilegal, y llamó a los regidores a cumplir con lo que prometieron al asumir el cargo, defender la ley. Pidió al cabildo “no toquen ni trastoquen la paz vecinal de los fraccionamientos. Un grupo de regidores no puede estar por encima de la ley ni disponer de las áreas de donación, sino hacer cumplir la vocación a que fueron destinadas”.

Barraza Nevares insistió en que los lotes de 10 por 10 están prohibidos y que la forma en que el gobierno local está manejando el asunto oculta algo pues a más de 75 días de haber denunciado el caso ante las propias autoridades municipales, están ignorado las quejas y continúan con su plan de seguir adelante con un proyecto irracional.

Dijo que el proyecto de vivienda municipal acusa un grave tráfico de influencias pues cualquier inmobiliaria se tardaría un año en conseguir los permisos y aprobaciones necesarias, la elaboración de los proyectos y la aprobación de los estados financieros, mientras que en el municipio, estas obligaciones fueron pasadas por alto por ser una interés del gobierno. “Es evidente que en eso está pasando algo incorrecto”, aseguró el profesionista.

Todos coincidieron en que si Vargas Landeros pretende entregar lotes progresivos debe obtener alianzas con Cvive y adquirir predios ejidales en zonas con vocación habitacional, y no andar trastocando los sectores ya definidos.

Las alianzas gubernamentales son permitidas y entre todos los involucrados deben aportar dinero para beneficiar a más personas que no tengan un lugar en donde edificar su vivienda, pues esta es un derecho irrenunciable de las personas y una obligación para los gobiernos, afirmaron.

Vargas Landeros restó importancia a las quejas de los profesionistas y se dolió de que le critiquen una intención de asignar lotes a policías.

Ofreció que se reuniría con los querellantes.

Aún está por verse si hay o no acuerdos entre las partes.

Artículo publicado el 4 de septiembre de 2022 en la edición 1023 del semanario Ríodoce.