El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el debate sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva de oficio, medida que se impone de manera automática cuando una persona es investigada por determinados delitos marcados específicamente en la ley.

Los ministros deberán analizar si la prisión preventiva oficiosa, como está diseñada en el sistema penal mexicano, es o no violatoria de derechos humanos.

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Para ello, el ministro Luis María Aguilar Morales presentará el proyecto de resolución de las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio, con la que se incluyó en esta categoría a los delitos financieros y de corrupción.

El ministro prevé proponer al Pleno dejar de aplicar esta medida pues, a su juicio, la prisión preventiva de oficio sí es violatoria de derechos humanos y, por tanto, contraria al artículo 1 de la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual México es parte.

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Para aprobar el proyecto de Aguilar Morales, se requieren 8 votos de los integrantes del Pleno.

De aprobarse la propuesta, los jueces tendrán la posibilidad de aplicar, a futuro, la prisión preventiva justificada, para lo cual el ministerio público deberá acreditar la necesidad de aplicar la medida privativa de la libertad mientras realiza sus investigaciones.
Es decir, que no se eliminaría por completo la prisión preventiva, sólo no operará de manera automática.