El Gobierno de México pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la figura de prisión preventiva oficiosa en la Constitución, ya que al eliminarla podría tener efectos negativos en el combate a la inseguridad en el país.
En un comunicado emitido este tarde, el Gobierno federal señala que la prisión preventiva oficiosa asegura a los presuntos criminales, y detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas.
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“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra Ley fundamental”, señala el texto difundido.
El comunicado fue firmado por el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López; y la consejera jurídica del Poder Ejecutivo federal, María Estela Ríos González.
De acuerdo con la actual Adminsitración, es fundamental la existencia de esta figura jurídica en ciertos delitos de alta gravedad para la sociedad, por lo que “dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica”.
Además, aseguraron que algunos delitos implican que los presuntos criminales, a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal.
Asimismo, argumentan que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos.
