Sin la presencia del PRI, PAN y PRD, los legisladores de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo acordaron remover al priista Alejandro ‘Alito’ Moreno de la presidencia de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, tras los múltiples escándalos en los que se ha visto involucrado, así como las investigaciones en su contra por presuntos delitos de desvío de recursos cuando era gobernador de Campeche.

Asimismo durante la  sesión, por mayoría de votos, eligieron a la morenista Julieta Ramírez Padilla como la nueva presidenta en funciones.

A la reunión asistieron 21 diputados de estos tres partidos; la oposición tiene  17 legisladores en esta comisión, pero ninguno asistió a este debate; posteriormente, el partido tricolor afirmó que la convocatoria a la reunión fue ilegal.

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En julio pasado las y los diputados de Morena solicitaron remover a Moreno Cárdenas como presidente de la Comisión.

Los legisladores morenistas resaltaron que “Alito” ha utilizado de manera facciosa las instituciones para obtener beneficios personales al margen de la ley; así como los cargos que ostenta para presionar, manipular y ensañarse con las personas, por lo que afirmaron, no se le puede considerar para dirigir el diseño normativo de la nación desde una comisión tan trascendental como la de Gobernación y Población.

Asimismo recordaron que entre las acusaciones contra Moreno Cárdenas, está el derroche en gasto de comunicación social durante su gestión como gobernador de Campeche, así como las irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de la Federación por 4 mil 336 millones de pesos.

Así como los audios que han salido a la luz, donde se revelan conversaciones que exponen supuestos delitos electorales cometidos, aunado a ello se señalan las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía del Estado de Campeche y la Fiscalía General de la República.

El PRI nacional publicó un comunicado en el que afirma que fue ilegal la convocatoria para la sesión donde se tomó esta determinación.

Moreno afirmó que los dictámenes deben distribuirse vía electrónica entre sus integrantes con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta y se vote, lo que no ocurrió en este caso.

Por lo que solicitó a la Junta de Coordinación Política que exhorte a los diferentes actores que intervinieron en el intento de convocatoria, “que violenta flagrantemente el Reglamento de la Cámara, se abstengan de realizar este tipo de prácticas, que deterioran la legalidad y enrarecen la discusión de los asuntos”.

También señaló que los secretarios que convocaron a la reunión no han sido nombrados oficialmente, por lo que no tienen facultades para realizar convocatorias.