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Aceleran purga de trabajadores en El Fuerte

COSME CORRAL. Manotazo en El Fuerte.

‘Administración a la deriva, sin rumbo’: Jairo Leyva, regidor

El alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, puso tierra de por medio… con sus detractores, pero inició una purga de trabajadores.

En ese manotazo, desmantela a síndicos que acusan como móvil no ceder a caprichos de gobierno; sin embargo, en su defensa, el gabinete aduce que los despidos son por reingeniería financiera.

Las víctimas inmediatas del ajuste fueron Jesús Uriarte Ramírez, sindico de San Blas, su auxiliar, Juana Rodríguez Pacheco y la secretaria, Irene Isabel García Corral. Al primero, le obstruyen gestiones, y le despiden personal.

Mientras que Juana fue cesada del cargo, y amenazada con ser desalojada por la fuerza pública. Dos policías armados llegaron hasta ella, pero no lograron sacarla; Irene Isabel, optó por renunciar al momento.

Tras el despido de las trabajadoras, el municipio contrató a otros, dándose sólo un enroque.

Uriarte Ramírez atribuyó la purga de personal a una venganza del alcalde de El Fuerte por no ceder a sus caprichos, y que no digiere aún la derrota que le infringió en el plebiscito, obstruyéndole toda gestión.

Además de que lo culpa por la aversión que los habitantes de la sindicatura le manifiestan en actos públicos, en donde le reclaman los precios inflados de la obra pública que anuncia, y que en realidad no soluciona.

La operación fue realizada por Cosme Corral Valdez, director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de El Fuerte.

Este negó haber usado la fuerza pública para despedir a los trabajadores, porque no se encontraba al momento de que llegó la policía.

Y aseguró que no fue un despido, sino una terminación de contrato, que se notificó por escrito a petición de ellas, acto en el que se les invitó a que se presenten con el síndico procurador para gestionar el finiquito. “No se les va a renovar. Son eventuales, y podrán recurrir a cualquier instancia a reclamar lo que consideren injusto”.

Corral Valdez aseguró que el caso del síndico es distinto, pero él no pude contratar a nadie, no tiene facultades, está solo, porque el patrón lo es el municipio, y porque los perfiles se eligen desde Recursos Humanos.

Además, dijo que el síndico ha demostrado oposición al alcalde, (Gerardo Leyva Ortega) e indisposición a trabajar en equipo. “Hay problemas. Así, no hay avance. El síndico falsea lo que puede”, opino.

Afirmó que los despidos continuarán en las sindicaturas y en la cabecera municipal de hasta el 50 por ciento del personal porque el municipio está “tronado”, y no por una instrucción del presidente, “… que no se dedica a fregar gente por hacerlo. Tenemos 1 mil 100 trabajadores, y debe adelgazarse la nómina.

Los trabajadores de primer nivel aceptaron una reducción del 10 por ciento. Ese dinero se destinará a gastos de operación”.

“Estamos notificados que no hay dinero para la quincena. Se retendrá el pago a los de primer nivel”.

Édgar Adair Espinoza Robles, secretario de la Comuna, negó que exista un conflicto entre la planta laboral y los síndicos con el alcalde y el gabinete.

Y aseguró que en caso de San Blas no actuaron bajo ninguna provocación ni con excesos, sino dentro de la norma, dejando que las instancias administrativas hicieran su trabajo.

“Los trabajadores tienen sus derechos a salvo, quien se considere despedido injustificadamente u otros pueden acudir ante la instancia que consideren. Jamás violentaremos un derecho laboral”.

Lo ocurrido en San Blas, se repetirá en otras sindicaturas, vaticinó.

“Está ocurriendo ahora mismo. Recibimos la administración con 420 trabajadores eventuales, hoy tenemos 320; más 220 de confianza, hoy 180. Seguiremos haciendo los cambios necesarios, porque el ayuntamiento necesita efectividad. Nos tenemos que apretar el cinturón. No puede ser un municipio que deje de operar por exceso de personal. Lamentablemente las condiciones del municipio nos obligan a la reingeniería. En ella, el cabildo, y gabinete redujeron las percepciones en 10 por ciento. Ahora mismo, subsidia a la Junta de Agua Potable de El Fuerte (JAPAF) con 2 millones de pesos y más 1.5 millones para el consumo CFE para que El Fuerte no se quede sin agua”.

Hay una política de austeridad, de reducción de sueldos, y estamos obligados hacer más con menos. Estamos comprometidos con la legalidad, con la norma, haciendo una realidad financiera para que el municipio tenga cambios. Vamos a eliminar la duplicidad de puestos, aseguró Espinoza Robles.

Jairo Samuel Leyva Soto, regidor independiente, aseguro que el gobierno de Gildardo Leyva Ortega está a la deriva, sin rumbo, y cobrando venganza contra opositores que le critican la nula obra pública, y el desorden de su gabinete que ocho meses después no se acomoda y, por el contrario, es de escándalo.

Artículo publicado el 10 de julio de 2022 en la edición 1015 del semanario Ríodoce.

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