“Lo que más llama la atención es que son contrataciones públicas con montos muy elevados”, dice Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa
Durante 2022 el Ayuntamiento de Culiacán ha realizado cinco licitaciones públicas nacionales y en todas ellas el común denominador ha sido la participación de una o dos empresas, otorgando contratos que en conjunto suman 84 millones 404 mil 320 pesos.
La licitación pública es un mecanismo mediante el cual el estado realiza una convocatoria pública para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y el ente adjudique el contrato a la propuesta más acorde a los intereses públicos.
Y como el común denominador todos estos procesos fueron realizados de manera remota y aprobados por el Comité de Adquisiciones de la comuna. Uno de los procesos fue declarado desértico y todos tuvieron un plazo de entre 8 y 12 días para recibir postulaciones y contratar. Ninguno con testigo social.
Todas estas conductas ponen en riesgo al proceso de incurrir en actos de corrupción, y según explicó la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, se debe abonar a que la licitación pública cumpla con su objetivo: más competencia y mejores precios para el gasto del erario.
“Lo que nos llama la atención es el tema de los plazos, cómo el Ayuntamiento de Culiacán en un plazo pequeño entre 8 días y máximo 12 días hace todo un proceso de contratación pública de compras y adquisiciones”, explica la activista.
La comuna inició actividades con la licitación pública nacional para la “contratación de servicios profesionales de asesoría integral en diagnóstico y definición del esquema de remuneración del municipio, e implementación de la norma NOM-035-STP-2018”.
La convocatoria se lanzó un jueves 27 de enero y el plazo para recepción de propuestas el jueves 3 de febrero. Un día más tarde se realizó la junta de aclaraciones, el martes 4 de febrero, y al evento, vía zoom, sólo una empresa se presentó. El monto contratado fueron 34 millones 220 mil pesos a la empresa JVAL Asesores SC, única concursante.
“Lo que más llama la atención es que son contrataciones públicas con montos muy elevados, el más alto estaba viendo que es el de 34 millones, y pues sí, yo creo que se trata de contrataciones donde se tuvo que haber puesto vigilancia por el tema de los plazos”, añade Marlene León.
El común denominador
Las actividades de los diversos funcionarios de la administración municipal varían. En actos públicos, convocan a gente, se reúnen. Casi siempre en espacios abiertos por motivo de la pandemia por el COVID-19. Cuando se trata de fallos de contrataciones y juntas de aclaraciones, es remoto y no es público.
Esa ha sido la constante en cinco contratos brindados por la comuna en menos de seis meses.
“Todas (las licitaciones públicas) comparten un común denominador, una constante que es que se realizan vía remota que es a través de la herramienta zoom, entonces creemos que al utilizar este mecanismo inciden a que se dé un riesgo de corrupción”, opinó Marlene León.
“Consideramos que el tema de que ya no estamos en pandemia no es una justificante para optar por ese modelo en lugar de que sea presencial, también llama la atención de que son entre un participante y máximo dos los que participan en estos concursos públicos”, añadió.
A las cinco licitaciones públicas se inscribieron apenas un concursante y en un par de casos dos y una más desértica. Las licitaciones públicas parecieron más adjudicaciones indirectas.
Y esto se advierte desde las bases. Cuando se revisan los plazos, las especificaciones y que al final únicamente una empresa participa porque las otras desisten, se advierte un proceso como mandar hacer un traje a la medida.
“Ahí te manda señales de que hay algo extraño, de que posiblemente se estén cometiendo irregularidades”, opina la directora de Iniciativa Sinaloa.
“Nosotros creemos que se debe al tema de los plazos, que quizás no hay la difusión debida, que quizás el tema entre la junta de aclaraciones y la presentación de propuestas es muy corto, entonces esto a nosotros a lo que nos obliga es a pensar a revisar en una reforma a la ley de adquisiciones y servicios del estado de Sinaloa porque a partir de ahí pues estarían permitiendo que se den este tipo de contrataciones públicas muy a la ligera y con altos riesgos de corrupción y pues bueno, yo creo que aquí lo estamos viendo en tan sólo cinco contrataciones”, añadió León Fontes.
La práctica no es novedad en esta administración. En 2021 el Ayuntamiento llevó a cabo 63 procesos de obra pública de los cuales 55 de ellos fueron adjudicaciones directas. Es decir, el 87 por ciento de los procesos fue a través del Comité de Adquisiciones de la comuna.
Ese año la comuna erogó 81 millones 288 mil 863 pesos de los cuales el 40 por ciento de los recursos aplicados a obra pública se pagaron sin licitaciones.
“En su momento cuando se hacen adjudicaciones directas es más probable que sean susceptibles a una auditoría, a que te revisen, porque las adjudicaciones directas recordemos que es una modalidad que se utiliza por los gobiernos para evitar la licitación pública y hacer todo de manera discrecional utilizando los supuestos que muchas veces no caben en estas contrataciones”, explica la activista.
Y para este 2022 todos los procesos han sido mediante licitación pública, aunque con esta salvedad: poco tiempo y apenas un participante.
“Yo creo que ahorita están haciendo esas licitaciones públicas pero están buscando una forma de evadir que sean lo que busca la licitación pública, de que se dé una competencia, de que se reciban las mejores respuestas, de evitar propuestas que sean a sobre costo, entonces yo creo que si nomás está llegando una propuesta, la licitación pública no está contando con su propósito”, concluye.
En total el Ayuntamiento ha erogado casi 84.5 millones de pesos en cinco concursos donde han participado menos de siete empresas.
Artículo publicado el 29 de mayo de 2022 en la edición 1009 del semanario Ríodoce.