La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en los recursos ejercidos en el programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente Campañas Fitozoosanitarias ejecutado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (Cesavesin).

La ASF detectó falta de contratos y de evidencia que acredite la recepción de bienes y servicios, pagos que superan los montos máximos establecidos en el catálogo de bienes o servicios autorizados, pago de nómina, servicios de limpieza y jornales sin CFDI y falta de pago de cuotas al IMSS e impuestos al SAT durante 2020.

Los recursos ejercidos por el Cesavesin provienen de la Secretaría de Agricultura Federal y el Gobierno Estatal.

La ASF presume un probable daño por un millón 245 mil 961 pesos por la falta de evidencia comprobatoria del ejercicio de los recursos del componente de Campañas Fitozoosanitarias del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

Los auditores detectaron que no hay documentos que sustenten la contratación de los servicios profesionales por 750 mil pesos y 470 mil 960 pesos de los que no se acreditó la entrega-recepción de los servicios adjudicados del “Diagnóstico de Virus”.

La ASF señala como responsables al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, en calidad de instancias responsables de la implementación, supervisión, seguimiento y control del ejercicio de los recursos.

También presume un daño de 2 millones 855 mil 971 pesos correspondientes a gastos de servicios de limpieza y jornales, que carecen de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que comprueben el ejercicio de los recursos; así como 2 millones 165 mil 789 pesos del rubro de recursos humanos.

La ASF pidió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que audite a la persona moral Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa.

“Se presume tener evasión de aportaciones de seguridad social correspondientes a la entrega de sueldos y salarios a los trabajadores que durante el ejercicio 2020 prestaron sus servicios a dicha persona moral y de los cuales se observó el pago de 3,213,405.46 (tres millones doscientos trece mil cuatrocientos cinco pesos 46/100 M.N.), cuyos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que comprueban dicho ejercicio fueron expedidos en el año inmediato posterior al de su realización y de los cuales no se precisa el cálculo ni la retención de las cuotas de seguridad social correspondientes, persona moral”, señala.

También pide al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que verifique mediante auditoría el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

“Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el propósito de que audite a la persona moral Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa con Registro Federal de Contribuyentes CES770630HB8, presunto evasor del entero de impuestos correspondientes al pago de sueldos y salarios a los trabajadores que durante el ejercicio 2020, le prestaron sus servicios y de los cuales se observó el pago de 3,213,405.46 (tres millones doscientos trece mil cuatrocientos cinco pesos 46/100 M.N.), cuyos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que comprueban dicho ejercicio fueron expedidos en el año inmediato posterior al de su realización y de los cuales no se precisa cálculo ni la retención del Impuesto Sobre la Renta”, indica la ASF.

La auditoría detectó que mediante adjudicación directa se adquirió equipo y material de laboratorio por 70 mil 800 pesos, de los cuales mediante expedientes de contratación, acreditaron y justificaron el ejercicio de los recursos; sin embargo, con el análisis de la información se observó que los insumos se adquirieron a un costo superior al del precio de mercado, ya que, de acuerdo con las cotizaciones anexas a la investigación de mercado, se identificó la oferta de los mismos bienes a un precio menor hasta por 28 mil 900 pesos.

En ocho conceptos de gasto, en los que ejerció 18 millones 434 mil pesos proporcionó los CFDI y los comprobantes de pago de los bienes y servicios adquiridos; sin embargo, no acreditó contar con la evidencia documental que sustente el proceso de contratación y evidencia de la entrega recepción de los insumos, en los conceptos de Diagnóstico de virus, Huevo de sitotroga, Proteína hidrolizada 5.5 por ciento, Servicios profesionales convenidos, Spinetoram, Spirotetramat, Tebuconazole y Malathion.

En el concepto “Diagnóstico de virus”, el servicio contratado fue pagado en agosto de 2020 e inició su ejecución con posterioridad a la fecha de pago y emisión de la factura por lo que la ASF señaló que el Cesavesin pagó servicios sin que éstos estuvieran efectivamente devengados.

En el análisis a la información y documentación que sustenta la formalización y entrega de los bienes y servicios adjudicados por un importe de 4 millones 470 mil pesos en el concepto de “Malathion, Proteína hidrolizada y Spinosad”, se observó que los proveedores adjudicados incumplieron con el plazo para la entrega, lo que ocasionó la imposición de pena al proveedor por incumplimiento, pero no se demostró con evidencia que acredite su cálculo ni retención correspondiente.

El ente fiscalizado realizó adquisiciones que superan el monto máximo del presupuesto autorizado por un importe de 292 mil pesos en compra de vehículos, equipo de cómputo, telefonía fija o convencional y telefonía móvil.

Mediante dos procedimientos de licitación pública compraron 9 mil 763 litros de “Malathion” por un millón 812 mil pesos, y con el análisis de los precios de compra, se identificó que el costo del insumo por litro es menor en el segundo procedimiento, además las licitaciones se realizaron con una diferencia de dos meses y no justificaron los motivos para haber celebrado dos procedimientos.

La ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos.

Artículo publicado el 29 de mayo de 2022 en la edición 1009 del semanario Ríodoce.