Marlén León Fontes, directora ejecutiva de Iniciativa Sinaloa, centro ciudadano de investigación, opinó que el tema de las adjudicaciones directas que ha realizado el gobierno que encabeza el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres tiene todos los elementos para ser llevado a un juicio político.
En dicho planteamiento, también coincidió Jorge Figueroa Cancino, presidente de la Asociación Civil Contraloría Ciudadana, quien dijo que hay muchos elementos que van hacia un posible daño patrimonial a las finanzas públicas, pero que habrá qué esperar el resultado de las investigaciones.
“Este situación de la adjudicación directa de las luminarias, si bien es un tema controversial, es un tema totalmente de interés público, yo creo que tiene todos los elementos que menciona la Ley Orgánica del Congreso para iniciar un juicio político tal como lo marca el 236 y 238 del ordenamiento donde menciona que cuando se lesionen los intereses públicos fundamentales por parte de estas figuras se puede iniciar un juicio político”, dijo.
Lo anterior fue expuesto por Marlene León durante el panel ciudadano “Riesgos de las adjudicaciones directas: caso de estudio luminarias de Mazatlán, convocado por Observatorio Ciudadano de Mazatlán, A. C., que dirige Gustavo Rojo Navarro.
Este ejercicio ciudadano ocurre, luego que el Observatorio Ciudadano, A. C. diera a conocer semanas atrás que el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán, autorizó la compra de 2 mil 139 luminarias a la empresa Azteca Lighting por 400.8 millones de pesos, vía adjudicación directa, es decir, sin someter la adquisición a un concurso.
Al ser cuestionada respecto a la viabilidad de que el “Químico” Benítez sea sujeto a un juicio político por haber autorizado dicha compra, Marlene León precisó que las causas por las que procede un juicio político en este tipo de casos, es que ya sea que hay una violación grave a la constitución o las leyes, “yo creo que aquí lo estamos viendo (…) y también se puede dar este juicio político por el manejo indebido de estos fondos y recursos”.
“Creo que hay dos elementos que cumplen totalmente este caso, y además de otros que menciona la propia ley, que yo los veo que caben totalmente en este supuesto, como que cada vez se están haciendo estas violaciones sistemáticas”, detalló.
En Mazatlán las adjudicaciones directas sobrepasan por mucho las licitaciones públicas, señaló, es algo sistemático.
Por su parte, Jorge Figueroa Cancino, presidente de la Asociación Civil Contraloría Ciudadana, dijo que esperará el proceso de investigación que se va a generar alrededor del caso.
“Creo que hay muchos elementos que enderezan, que van hacia un posible daño patrimonial a las finanzas públicas, se está configurando, si este resultado final de investigación da ese resultado, un daño al patrimonio municipal o a las finanzas públicas, ahí tendríamos un elemento de mucha fuerza para poder iniciar un procedimiento de esta naturaleza”, indicó.