Ni leyes ni organismos autónomos han logrado contener la violencia contra periodistas, ni abatido la impunidad

A diferencia de otras entidades del país, el Congreso del Estado de Sinaloa le apostó a la creación de un instituto para que sea el responsable como organismo autónomo en prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en los casos de agresiones.

El nuevo organismo, único en el país, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión.

Sinaloa no es la primera entidad federativa en expedir una ley en materia de protección de periodistas. Antes ya lo hicieron una decena. Son los casos de Baja California, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

La versión más cercana al Instituto que funcionará en Sinaloa es el caso de Veracruz, en donde fue creada la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, como un organismo autónomo, responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho de la información y a la libertad de expresión.

Aunque la legislación veracruzana en materia de protección de periodistas entró en vigor desde 2012 y tiene una reforma en 2018, la organización Propuesta Cívica tiene identificada a esa entidad como de alta incidencia en crímenes contra periodistas.

En los últimos días, los detalles para la creación en Sinaloa del Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas retrasó la elaboración del dictamen que fue aprobado este martes por el pleno.

Existían dos opiniones jurídicas, una orientada a que era necesario primero realizar una modificación constitucional para crear el nuevo organismo autónomo y otra posición contraria, que señalaba que era suficiente señalar su creación dentro de la expedición de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Al elaborar el dictamen las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Derechos Humanos, eligieron crear el referido instituto sin pasar por la reforma constitucional.

Al analizar la propuesta del dictamen, el PAS en voz de la diputada Elizabeth Chía Galaviz, propuso modificar uno de los requisitos que deberá reunir el director general del referido Instituto al ser nombrado por el Congreso del Estado.

Al argumentar que se podría caer en discriminación por el solo hecho de pertenecer a un partido político, el cual es un derecho legítimo, se disminuyó el requisito de no haber sido miembro adherente afiliado a algún partido político, en los dos años anteriores, en lugar de seis, a la fecha de la emisión de la convocatoria para designar al director general del Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La idea de la creación del Instituto fue presentada en una iniciativa entregada al Congreso del Estado por la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, Iniciativa Sinaloa, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, así como el defensor de los derechos humanos, Óscar Loza Ochoa y los periodistas Alejandro Sicairos Rivas, Raquel Zapien Osuna, Francisco Cuamea Lizárraga y Luis Alberto Díaz.

En la iniciativa argumentaron en su exposición de motivos, que tras el crimen del periodista Javier Valdez, el Ejecutivo Estatal –en ese entonces representado por Quirino Ordaz Coppel- había convocado a crear la Unidad de Protección a Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero que había quedado inconcluso al no integrarse del todo el órgano consultivo ni ser designado el coordinador estatal, a pesar de que en Sinaloa seguían ocurriendo amenazas, agresiones y asesinatos de periodistas.

Señalaron que esa unidad local no inspiraba confianza, y que en la mayoría de casos de periodistas agredidos o en peligro confiaban más en el mecanismo que opera en el gobierno federal.

Por todo lo anterior, el grupo propuso la creación del organismo autónomo que construyera la forma de proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, y de ahí derivar la investigación y actuación de las dependencias del Gobierno del Estado.

La creación del Instituto de Protección de Periodistas y Defensoras de los Derechos Humanos fue también una propuesta del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ricardo Madrid, en una iniciativa presentada en enero del presente año. En su planteamiento el Instituto no sería un organismo autónomo, sino público descentralizado, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno.

La expedición de una ley para la protección a periodistas había sido un tema en la agenda desde la anterior Legislatura, cuando en 2019 se organizó un foro en el que asistieron especialistas nacionales e internacionales
La celebración de un nuevo foro el pasado mes de febrero con la actual Legislatura había incluso despertado la advertencia de que el ejercicio al parlamento abierto en materia de protección de periodistas y defensores de derechos humanos no fuese solo una simulación.

El reciente asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez aceleró la emisión del dictamen de una ley en la materia, que había estado entrampado en las últimas dos legislaturas.

Este martes el pleno del Congreso local aprobó la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como una adición al Código Penal.

Con la nueva ley, las autoridades en el ámbito de sus competencias, tendrán la obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ambas actividades.

Con la adición al Código Penal, se aplicarán de seis meses a cuatro años de prisión y de 200 a 300 días multa, a quien utilice la violencia para evitar que se ejerza la actividad periodística o de personas defensoras de derechos humanos; y a quien obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión o la actividad realizada por personas defensoras de derechos humanos.

El delito que se perseguirá por querella, y en el caso de que sea cometido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, la pena se aumentará hasta el doble.

De acuerdo con el dictamen, las autoridades del Estado de Sinaloa deben implementar y operar las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de las actividades de defensa de los derechos humanos y del periodismo.

Con el propósito de dar cumplimiento al objeto de esta Ley, se creó el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión.

El Instituto será responsable de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en los casos de agresiones.

Entre sus facultades estará el disponer de oficio, o a petición de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que lo soliciten, las medidas necesarias para prevenir la consumación de amenazas y/o agresiones.

Estará también facultado para programar y coordinar el cumplimiento de las medidas preventivas, medidas de protección y las medidas urgentes de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con las instituciones especializadas, autoridades administrativas e instancias jurisdiccionales competentes.

El dictamen fue presentado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Derechos Humanos. El decreto entrará en vigor al siguiente día su publicación. De acuerdo a los artículos transitorios del decreto, en un plazo de 30 días naturales posteriores a su publicación y entrada en vigor, el Congreso del Estado deberá emitir una convocatoria pública para designar a los consejeros y al director general del naciente Instituto.

Artículo publicado el 22 de mayo de 2022 en la edición 1008 del semanario Ríodoce.