“…comunicar a todo al país con Internet va a ser un avance importantísimo, toda una revolución”.
Andrés Manuel López Obrador. 3 de mayo 2019.

En su segundo informe, el 1 de septiembre de 2020, fijó la fecha en que todo México tendría internet: el año 2021

“Sigue avanzando el proyecto de Internet para todos… y, en 2021, habrá señal en todo el territorio nacional”, sostuvo el presidente. Y añadió al final: “Sigamos pues, haciendo historia”.

Según esa promesa, era cosa de un año más lo que tardaría en cumplirla.

Expertos señalaron que había un error de diseño, que la meta no debería medirse por porcentaje de territorio sino por porcentaje de población atendida. Que ese error podía llevarlo a invertir en zonas donde no viviera nadie en lugar de dedicarle recursos a atender a sectores importantes como los estudiantes en situación de pobreza.

La gran barrera de acceso es la compra de los equipos, indicaron los estudiosos del tema.

Meses antes, 14 mayo de 2019, el presidente les pidió a las empresas privadas que se hicieran a un lado.

“Les vamos a decir con mucho respeto a las empresas que han tenido las concesiones, háganse a un lado, porque ahora el gobierno va a poner su empresa para comunicar con Internet a todos los mexicanos”, dijo el mandatario en un evento en Nayarit.

En julio de 2019 creó la empresa ‘CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos’, el nuevo proveedor de internet del gobierno federal, una subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad.

“Calculamos más de diez mil centros, en estos centros va a llegar el internet…y ahí va a haber una antena para comunicar un área, un radio, que llegue al resto de las comunidades”, mencionó López Obrador.

El presidente decidió cumplir su promesa, sin colaborar con las empresas privadas, mediante un
organismo gubernamental, como en los años setenta, del que resaltó que no tenía “afán de lucro”.

Muchos especialistas señalaron que era un error de elección de mecanismo porque significaba desechar conocimiento tecnológico que ya había, que una mejor opción era procurar formas mixtas de colaboración público-privada.

Tan solo un mes después del segundo informe, el 14 de octubre de 2020, la meta fue aplazada a 2022 por el entonces secretario de educación, Esteban Moctezuma.

La cadena de titubeos continuó. Durante el Tercer Informe de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a posponer el cumplimiento de su promesa.

“En 2023, todo el territorio nacional tendrá acceso a internet”, aseguró.

El presidente suele hablar de su promesa de internet para todos acompañándola de los avances de otro programa que empezó en 2016, la red compartida, sin darle crédito a este último.

La red compartida es el proyecto de construir una red de banda ancha para todo el país, de uso de los mayoristas, que se licitó en 2016 y que ganó una empresa privada, Altàn Redes. No son los 10 mil puntos a que se comprometió la CFE.

Según reportes de 2021 de la Secretaría de Hacienda, el Programa Internet para Todos tuvo un presupuesto de 2 mil 485 millones de pesos, pero solo invirtió mil 346, un subejercicio de 46 por ciento. ¿Y cuál fue el resultado? Dicen haber establecido solo mil de los 10 mil centros.

Hay evidentes errores de implementación.

El 2 de mayo de este año 2022, el presidente volvió a posponer el cumplimiento de su promesa. Ahora para el 2024.

“No es un problema de falta de recursos, es un asunto tecnológico, básicamente. Entonces, yo espero que ya pronto avancemos más y se cumpla con este compromiso antes de que termine el gobierno”, sostuvo.

Se advierten garrafales errores de planeación. ¿No sabían cómo resolverían el tema tecnológico cuando comprometieron fechas de cumplimiento?¿Cómo asignan un presupuesto si no saben cómo lo van a usar?

No es un caso aislado, es una forma de desempeño del gobierno federal. Objetivos bellamente expresados pero pésimamente llevado a los hechos.

El presidente prioriza la lealtad ciega por sobre la eficiencia.

“…pero tiene razón, pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación” declaró el 23 de septiembre de 2020.

De encargarse de la seguridad del presidente, abrirle el paso entre las multitudes o recibir peticiones ciudadanas, 18 integrantes de la Ayudantía han pasado a ocupar cargos de alta responsabilidad en la administración pública federal con sueldos de más de 100 mil pesos mensuales.

“No crean que tiene mucha ciencia el gobernar”, proclamó el 25 de junio de 2019.

No basta con buenas intensiones, la realidad se transforma solo cuando hay buen diseño, planeación, seguimiento, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Una cosa más: la crítica argumentada a estos fracasos, debiera obligarlo a corregirlos.

Es una razón más para no ser incondicionales del poder.

Lamentablemente, los pobres tendrán que seguir esperando su internet, quien sabe hasta cuándo.

No le preocupa mucho, sigue siendo muy popular.

Artículo publicado el 08 de mayo de 2022 en la edición 1006 del semanario Ríodoce.