jueves, mayo 26, 2022
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  • Dias de Impunidad

A Luis Enrique lo mató un Estado omiso

luis enrique marcha

Parece una maldición. Hace años, cuando asesinaron a Óscar Rivera Inzunza el 5 de septiembre de 2017, se organizaron marchas de amigos y periodistas para exigir justicia. Una de las protestas fue frente a las instalaciones de la Novena Zona Militar, porque Óscar era, al momento de ser acribillado, el vocero del operativo México Seguro. El comandante era entonces el célebre Rolando Eugenio Hidalgo Eddy y, por supuesto, no dio la cara. Por el contrario, envió una escuadra militar para resguardar la entrada del cuartel, temeroso tal vez de que los periodistas tumbaran las puertas y pusieran en riesgo, con sus plumas y libretas, la integridad de su tropa.

Recuerdo de esa marcha una fotografía que alguien le tomó a otro periodista, Humberto Millán, director del semanario A discusión, quien portaba una cartulina con una pregunta “¿Quién sigue?”. Casi cuatro años después, en 2011, supimos que el que seguía era él. El 24 de agosto de ese año llegó un comando hasta su oficina, se lo llevaron y más tarde apareció muerto en una parcela, acostado boca abajo con las manos en la cara. La imagen era devastadora, tenía dos balazos en la cabeza. El crimen nunca se aclaró ni se castigó a nadie.

Cuando se cometió este crimen –nunca he dudado que fue por lo que escribía o estaba a punto de escribir–, el gobernador era Mario López Valdez, el secretario general de Gobierno era Gerardo Vargas Landeros —ahora alcalde de Ahome por Morena— y el jefe de las policías estatales era Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, Chuytoño, quien estaba en el cargo gracias a Ismael Zambada García, según la confesión de su hijo Vicente en el juicio de Chapo Guzmán, en Brooklyn. Humberto nunca escribió temas relacionados con el narcotráfico, siempre, con un estilo rasposo, criticó a los políticos y su muerte tuvo que haber venido de ahí, con el apoyo del crimen organizado o de alguna estructura policiaca, pero de algún personero de la clase política que se sintió agraviado.

Tres semanas antes del crimen del periodista habían asesinado a Francisco Eduardo Urrea, el Fuco, quien había colaborado en la campaña de Jesús Vizcarra Calderón un año antes. Y dos meses atrás también asesinaron a la vidente Martha Olivia Alonso, que tenía un cliente muy peculiar, Luis Pérez Hernández, jefe de inteligencia del ex gobernador Juan Millán y que también había sido asesinado al iniciar la administración de Malova.

Cuando mataron a Humberto Millán, Luis Enrique Ramírez, quien ya escribía para el diario El Debate, dijo que corría peligro, que esta serie de crímenes tenían un patrón y que el siguiente sería él. Por eso se refugió en Ciudad de México, lo protegieron sus amigos y la organización Artículo 19, pues entonces no existía todavía el mecanismo de protección para periodistas. Con el tiempo regresó y mantuvo la misma línea de no escribir del narcotráfico, sino solo de los hechos políticos y sus protagonistas.

Ni eso lo salvó. La fiscalía estatal ya ha dicho que no se descartará ninguna línea de investigación y que si hay que hurgar en el pasado se hará. Esperaríamos que el crimen se esclarezca lo más pronto posible y se castigue a los responsables. Y al margen de si los motivos del crimen están en su labor periodística o no, puede ya establecerse una responsabilidad intrínseca del Gobierno y de sus autoridades. Hay, en Culiacán un clima de violencia deleznable. El control que tienen las células delictivas de cada barrio de la ciudad, es incuestionable. Y ese control solo puede ejercerse con la complicidad de las policías, de las estatales y de la municipal. Y no hablo de omisiones, de miedo, de dejar pasar las cosas para no comprar problemas: hablo de complicidades, de acuerdos en los que unos ganan protección y los otros obtienen beneficios. Y como víctimas de esos acuerdos, la sociedad, los ciudadanos, las mujeres y hombres de a pie, los ejecutados de todos los días, los comerciantes, empresarios y agricultores extorsionados, los miles de jóvenes que ingresan al consumo de drogas, los que mueren por sobredosis, los desaparecidos y sus familias…

Bola y cadena
NINGÚN RESULTADO QUE PRESENTE la fiscalía estatal por el caso de Luis Enrique Ramírez, podrá eximir al Gobierno de la responsabilidad que tiene en el crimen. El gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eligió no combatir al crimen organizado y estas son las consecuencias. No hay garantías para nadie, ni para la libertad de expresión ni para nadie. La seguridad de sus ciudadanos es la primerísima responsabilidad del estado moderno desde que se fundó, pero el presidente renunció a ella. Ahí están los resultados de los últimos tres años, trágicos, inapelables.

Sentido contrario
LOS PROPIOS HERMANOS De Nicolás pensaron que Eustaquio saldría en libertad porque según ellos fue detenido bajo un proceso sin bases. Pero no fue así. El juez de la causa le dictó el miércoles el auto de formal prisión y podría pasar muchos años en la cárcel. Homex, fundada por Eustaquio, se dedicó a construir cárceles porque lo encontraron como “un negocio lento pero seguro”, luego de la crisis inmobiliaria que desplomó la construcción de viviendas. En 2010 consiguieron en la Secretaría de Seguridad Pública una concesión por 20 años que incluía la construcción de varios penales, así como tres aspectos de la operación: el mantenimiento de los inmuebles, el servicio de lavandería y el de alimentos. El mundo al revés.

Humo negro
EL ALCALDE DE CULIACÁN, Jesús Estrada Ferreiro, no tiene remedio. Ni él se ayuda ni se deja ayudar. En su más reciente mensaje por Facebook, les dijo al gobernador Rubén Rocha y al diputado Feliciano Castro, que “parecen perros rabiosos”. “¿De qué se trata pues?”.

Artículo publicado el 08 de mayo de 2022 en la edición 1006 del semanario Ríodoce.

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