La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Sinaloa acordó instalar una mesa de diálogo con la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados (FAS) para analizar el proyecto de instalación de un Centro Regional de Justicia Penal en el municipio de Guasave.
El acuerdo de instalar una mesa de diálogo con la federación citada de abogados fue aprobado por unanimidad por las diputadas Alma Rosa Garzón Aguilar, Gloria Himelda Félix Niebla y Alba Virgen Montes, y el diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos.
La agrupación encabezada por Julio César Alvarado Andrade solicitaron una reunión de trabajo para la creación de un nuevo Centro de Justicia Penal para Guasave, la cual ha sido un reclamo desde la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no solo del gremio de los abogados, sino de la ciudadanía de ese municipio.
La diputada Alma Rosa Garzón Aguilar recordó que desde la anterior Legislatura se realizaron varias reuniones de trabajo para analizar el tema, entre las que destacó la presencia de representantes de los tres poderes del Estado, así como la Fiscalía.
Precisó que en la anterior Legislatura se logró aprobar un presupuesto de 30 millones para la creación del citado Centro Regional de Justicia Penal, sin embargo se desconoce los avances del proyecto.
Lo único que se sabe, comentó, por los medios de comunicación fue la compra de un terreno donde se construiría dicho proyecto, circunstancia “que al parecer fue solo una simulación de la pasada administración estatal”, ya que se desconoce el destino de los recursos aprobados por el Congreso del Estado.
La diputada de Morena propuso a los compañeros de comisión solicitar al gobierno estatal para conocer si en realidad se adquirió el terreno y sobre a existencia de un proyecto ejecutivo de la obra.
La diputada del PRI, Gloria Himelda Félix lamentó que la falta de un Centro Regional de Justicia Penal en Guasave ha provocado que no presenten denuncias por lo lejos que les queda acudir a una instancia investigadora, pero difirió que la Comisión de Justicia solicite la información al gobierno estatal sobre la aplicación del presupuesto, sino que debiese ser la FAS quien realice la petición.
