El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, interpuso una denuncia contra el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, asociación delictuosa y lo que resulte.
De acuerdo con la nota publicada en la revista Proceso, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción el viernes 22 a las 11:00 horas contra el titular de la Fiscalía General de la república (FGR).
Según cita el periodista Juan Omar Fierro en la querella también se señala a los tres fiscales de la FGR que buscaron imputar los delitos de tráfico de influencias, extorsión, lavado de dinero y delincuencia organizada a cuatro abogados que han laborado en los mismos despachos que el exconsejero jurídico de la Presidencia.
Los señalados son el subprocurador de Control Competencial de la Fiscalía, Juan Ramos López; al fiscal de Asuntos Especiales de la FGR, Manuel Granados Quiroz; la fiscal de Asuntos Internos de la FGR, Adriana Campos López; y la ministerio público María Eugenia Castañón Osorio.
“El fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero; el fiscal de Control Competencial, el señor Juan Ramos López, y otros servidores públicos de la institución deben responder… por las faltas, omisiones y violaciones sistemáticas graves a los derechos humanos, a la ley en perjuicio del suscrito y de otras personas, así como a los principios que debieron regir su actuar”, señala la denuncia.
La nota de Proceso, agrega que se acusa al fiscal de ser un hombre “parcial, vengativo y envenenado” que ha utilizado a la FGR para litigar sus asuntos personales, como el caso de las imputaciones penales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó contra su cuñada, Laura Morán, y la hija de ésta, Alejandra Cuevas.
Además, también se acusa a Alejandro Gertz Manero de intentar influir en un proceso judicial para favorecer a un empresario que ha sido su socio y cliente, Gabriel Alarcón Velázquez, acusado por su familia del delito de defraudación, derivado de que se habría apropiado “de una herencia de cientos de millones de dólares”.
De acuerdo con Scherer, Gertz Manero usó a la FGR “para investigar y acusar a los señores Francisco y Ernesto Álvarez Morphy Alarcón mediante la imputación de delitos fiscales sin que existiera un procedimiento de revisión por parte de la Secretaría de Hacienda Crédito Público”, repitiendo así un modus operandi que se vio en el caso de su familia política.
“El fiscal general de la República pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del caso de uno de los hermanos Álvarez Morphy cuando estaba a punto de ser resuelto en definitiva por parte de un Tribunal Colegiado. Terminó perdiendo el asunto, demostrando, de nueva cuenta, que maneja a la Fiscalía General de la República como su oficina particular”, señala el documento.
En ese contexto, el exconsejero jurídico de la Presidencia denuncia que, a partir de su negativa a intervenir en este caso para favorecer los intereses de Gertz Manero, se iniciaron tres carpetas de investigación en contra suya por un supuesto tráfico de influencias cuando ocupaba ese cargo; además de que se han comenzado a indagar sus ingresos previo a la responsabilidad que tuvo como servidor público.
