El Gobierno del Estado no tiene evidencia de que el Club Dorados haya cumplido con las aportaciones económicas ni certeza de que haya hecho las inversiones en infraestructura que estaba obligado a hacer, pero sí hay evidencia de que el estado le dio 111 millones 835 mil pesos en apoyos, contratos de publicidad y obras.
La intención de Grupo Caliente de trasladar al equipo Gallos Blancos de Querétaro a Culiacán destapó una serie de irregularidades que van desde el incumplimiento del contrato hasta la concesión ilegal del estadio.
El Gobierno Estatal inició una investigación sobre las irregularidades que han ocurrido desde 2004, cuando concesionaron el estadio entonces llamado Carlos González y González.
El inmueble fue construido por el Gobierno del Estado en la administración de Juan Millán Lizárraga.
El estado entregó el estadio a la empresa Estadios de Sinaloa el 7 de agosto de 2004, según el contrato de concesión firmado por el secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, José Luis López Uranga; Emigdio Martínez Lizárraga, representante legal de la empresa; y el subsecretario de Administración y representante legal del gobierno, Alejandro Barraza Gaxiola.
De acuerdo con las actas del registro público, Estadios de Sinaloa era propiedad de José Eustaquio de Nicolás Gutiérrez, Valente Aguirre Meza, Guillermo Aguirre Meza y Juan Antonio García Ramírez.
En 2013 Estadios de Sinaloa vendió el club a Grupo Caliente propiedad de Jorge Hank Rhon y traspasó la concesión del estadio.
De acuerdo con el Gobierno Estatal, Grupo Caliente opera el estadio de manera ilegal debido a que Estadios de Sinaloa no podía ceder la concesión y además venció el 31 de julio de 2018 y no fue renovada.
El Gobierno del Estado inició una revisión para verificar el cumplimiento del club en las obligaciones que debía cumplir según el contrato de concesión.
En los registros del estado no hay evidencia de que el club entregó 120 mil pesos anuales al Patronato Impulsor del Deporte y tampoco que haya invertido 40 millones de pesos en infraestructura en el estadio, como establece el contrato.
De lo que sí hay registro es que el estado entregó cantidades millonarias durante los primeros años.
De acuerdo con información de la Secretaría de Administración y Finanzas, por concepto de “apoyo al deporte” dieron al club 65 millones 736 mil 165 pesos en ocho años.
De 2005 a 2010 el gobierno de Jesús Aguilar Padilla entregó al club 62 millones 256 mil 165 pesos; y en 2012 la administración de Mario López Valdez entregó 3 millones 480 mil pesos.
Por contratos de publicidad el estado pagó al club 16 millones 535 mil 108 pesos.
Del monto total, de 2005 a 2009 el gobierno de Aguilar Padilla pagó 9 millones 905 mil 810 pesos; y en 2012 y 2015 el de López Valdez pagó 6 millones 629 mil 298 pesos.
En 2019, en la administración de Quirino Ordaz Coppel el estado erogó 29 millones 564 mil 50 pesos en la remodelación del estadio.
De acuerdo con el contrato de concesión, el club estaba obligado a hacer una inversión de 40 millones de pesos en infraestructura y ampliación del estadio. A cambio, durante la vigencia de la concesión, el estado no cobraría impuestos, derechos o productos estatales que derivaran del uso del inmueble y su área de estacionamiento.
El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que hay documentos que muestran que se hizo la inversión pero no son convincentes.
Señaló que supuestamente el club invirtió 20 millones de pesos y el estado otros 20 millones de pesos.
“Si dentro de las obligaciones contraídas de manera irregular, porque no podían hacer uso del estadio en concesión, se las traspasó Estadios de Sinaloa, sí encontramos en buena fe que en efecto se ha invertido y que es lo que se puede acreditar, si derivado de eso hay una diferencia que tienen que pagar, habría que llegar a un acuerdo de que se pague y si no reconocemos nosotros, tendríamos que hacerlo documentalmente”, dijo.
Mencionó que “hay documentos del Gobierno del Estado anterior en donde dicen haber recibido y acreditan que sí (hubo inversión), incluso, en Obras Públicas es donde está esta documentación, pero seguimos revisándolo porque partimos de la idea que debe revisarse dado que esta relación con el gobierno viene de un hecho indebido, ilegal que fue el traspaso de la concesión”.
Comentó que los documentos están firmados por diversos funcionarios de las áreas de Administración y Obras Públicas que de ser necesario serán llamados a aclarar.
“La autoridad revisora que es Transparencia tendrá que jalar a las autoridades, a los funcionarios que firmaron y dan fe que en efecto se dio este recurso y demás. Hasta pueden hacerse compulsas, si se metieron 40 millones de pesos hay que hacer la compulsa a ver dónde está, en dónde se pusieron, no sé si en esas jaulas que hicieron, las que están alrededor, medio raro”, expresó
Aseguró que la investigación no quedará inconclusa y de ser necesario acudirán ante la Auditoría Superior del Estado.
Manifestó que en los documentos que han revisado no está acreditado que el club haya entregado 120 mil pesos anuales al Patronato Impulsor del Deporte en Sinaloa como establece el contrato.
“Si nos remitimos al contrato sí es una obligación que se debe de tener, vamos a ver si eso lo pretenden englobar en una participación del orden de los 20 millones de pesos, de los que se habló, porque eso sí lo registra ese documento, registra que sí hubo una aportación de parte de la empresa, sin embargo, no está todavía claro”, mencionó.
Señaló que si la investigación determina que el club sí cumplió con sus obligaciones, dará la concesión a Grupo Caliente.
Aseguró que por el momento los Dorados seguirán jugando en el estadio.
“El estadio está ahí, los Dorados están jugando y nosotros necesitamos regularizar eso porque está irregular y como ya nos dimos cuenta de eso caeríamos en omisión y falta si no lo hacemos, le vamos a dar seguimiento puntual”, expresó.
Artículo publicado el 03 de abril de 2022 en la edición 1001 del semanario Ríodoce.
