El OIC prepara la denuncia que podría incluir a cuatro alcaldes

Después de un proceso que trascendió cuatro administraciones municipales y de un conflicto legal que terminó con el pago de 141 millones 802 mil pesos a la empresa Nafta Lubricantes, el Ayuntamiento de Mazatlán presentó una demanda contra tres exfuncionarios.

De acuerdo con declaraciones del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, se trata del exalcalde Carlos Felton González, la exsecretaria del Ayuntamiento, María del Rosario Torres Noriega, hoy secretaria de Turismo, y del exsíndico procurador Javier Magaña Lizárraga.

El pasado 19 de marzo, el secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zatarain, informó que el Gobierno Municipal finiquitó el adeudo con la empresa.

Esto ocurre a más de 10 años de que el ex director de Planeación y Desarrollo Urbano de Mazatlán, Carlos Venegas Arreola, emitió un dictamen de uso de suelo para que la empresa Nafta Lubricantes iniciara la construcción de una gasolinera, la cual no se pudo instalar porque los vecinos de la zona demandaron. Y la empresa a su vez presentó una demanda contra la Comuna.

González Zatarain advirtió que el Gobierno Municipal “procederá en instancias de justicia contra quienes resulten responsables”.

El litigio concluyó a favor de Nafta, y un juez ordenó el pago de 141 millones 802 mil pesos, monto que incluyó la entrega de cuatro propiedades del municipio.

En febrero de este año se celebró el segundo adendum con la entrega de los cuatro predios al Grupo ARHE, al que pertenece Nafta Lubricantes, dos ubicados en Parque Bonfil, uno en el Centro y otro más en la carretera El Habal-Cerritos.

La directora de Asuntos Jurídicos, Berenice Oleta Benítez, informó que el Ayuntamiento procederá ante las instancias de justicia contra quienes resulten responsables por omisión del caso que inició en 2014.

González Zatarain informó a este semanario que el objetivo de presentar la denuncia es cumplir con un procedimiento interno y evitar caer en omisión, es decir, que si la autoridad competente considera que sí hubo dolo, tras analizar las pruebas que se presenten, finque responsabilidad en contra de quien resulte responsable.

Precisó que el caso inició en la administración del ex alcalde Alejandro Higuera Osuna, hoy secretario particular del gobernador Rubén Rocha Moya, y continuó con Carlos Felton, Fernando Pucheta, la primera gestión de Luis Guillermo Benitez, y concluyó con el finiquito en la segunda gestión del “Químico”.

Actualmente la Secretaría del Ayuntamiento se encuentra documentando y aportando toda la información requerida, y trabaja en coordinación con el Órgano Interno de Control.

Las áreas involucradas de anteriores administraciones son la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Planeación principalmente.

Respecto a si la Comuna busca que sea resarcido el daño con el reembolso de lo que pagó a Nafta Lubricantes, o la inhabilitación de los ex servidores públicos para desempeñar futuros cargos, González Zatarain dijo que será la autoridad competente la que determine la penalización, y que por lo pronto esta administración busca evitar caer en omisión, de ahí el interés de presentar la denuncia.

Este lunes será radicada la denuncia: OIC

Rafael Padilla Díaz, titular del Órgano Interno de Control, declaró que se está armando el expediente para su análisis, y que el lunes aceptarán la denuncia, y de ahí se dará vista a la Fiscalía, de considerarse que hay un delito grave, pero no hay una fecha determinada para ello.

“Es un tema muy delicado, de mucha trascendencia para la administración y lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Todo porque creemos que se va a salir de nuestra circunscripción”, explicó.

—Es del dominio público que este tema inició en la administración de Alejandro Higuera, continuó con Carlos Felton, Fernando Pucheta, Joel Bouciéguez (alcalde interino), y siguió hasta su conclusión con Luis Guillermo Benítez Torres, ¿qué áreas se estarían investigando para documentar esta denuncia?

—En la investigación, por supuesto que tendrían que estar las áreas involucradas, que en este caso son Planeación, la Secretaría del Ayuntamiento, y el Síndico Procurador, hay que recordar que quien es el representante legal del Municipio, el que tiene esa atribución, es el Síndico Procurador.

Respecto a los alcances de la penalización, Padilla Díaz, explicó que, si es una falta grave, la misma ley habla “en el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades, si es falta no grave, pues se queda con nosotros, tenemos que hacer el análisis; ahora, si nosotros vemos que hay un posible delito, tenemos que dar vista a la Fiscalía, esos son los panoramas”.

De dar vista a la Fiscalía General del Estado, precisó, se hará a la Fiscalía Anticorrupción, que es el área especializada para atender todo lo relacionado con funcionarios públicos.

—¿No hay fecha límite para resolverlo?

—Nos vamos a apurar porque creemos que es un asunto, por el monto, muy importante para la administración pública.

“Muy pocos asuntos hay de ese tipo y de esos montos” agregó.

—Y que hayan trascendido esas administraciones…

—Así es, entonces, es un asunto prioritario para nosotros, y estamos entrando en ese proceso, el lunes ya radicamos la denuncia, ya la aceptamos como Órgano Interno de Control, y ya de ahí, la ley ya nos obliga, si hay un delito, darle vista a la Fiscalía.

El titular del órgano, precisó que si hay una falta grave, “nosotros directamente lo mandamos al Tribunal de Justicia Administrativa, recuerda que en las faltas graves, nosotros no podemos sancionarlas, nada más documentamos, le damos el derecho de audiencia a la persona y la mandamos al tribunal, ellos son los que sancionan”.

—¿Van a mandar llamar ustedes a los involucrados de estas cuatro administraciones pasadas para que justifiquen o documenten cualquier duda que ustedes tengan?

—Así es, si es necesario, tenemos la atribución para hacerlo

“Es un tema prioritario para nosotros, porque es un tema de mucha cantidad, de mucho tiempo, que son errores que no se deben de volver a repetir”, aseveró.

Padilla Díaz sostuvo que el trabajo que están realizando es objetivo y que hay que recordar que el sistema de Responsabilidades Administrativas es un procedimiento muy garantista, por lo que se debe de acreditar el caso por el que se quiere acusar.

El Órgano Interno de Control se encuentra solicitando toda la información que hay en los expedientes al secretario del Ayuntamiento, precisó, “porque es un tema más amplio de lo que nos podemos imaginar, es un tema en el que ha intervenido muchísima gente: cuatro administraciones”.

Artículo publicado el 27 de marzo de 2022 en la edición 1000 del semanario Ríodoce.