A casi 29 años de que fueran asegurados ministerialmente los bienes inmuebles de la familia Arellano Félix, tras las investigaciones del homicidio del Cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, uno de los miembros del clan, Fernando, interpuso un juicio de amparo indirecto en un intento por recuperar una serie de propiedades que se encuentran en el limbo jurídico y cuyos derechos son susceptibles de ser peleados por el quejoso.

Nacido en 1966 en Culiacán, Sinaloa, Fernando Arellano Félix, de profesión ingeniero, presentó una demanda de garantías ante la Oficialía de Partes de los Juzgados del Complejo Penitenciario de Puente Grande, la cual fue radicada en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, bajo el número de expediente 33/2022, el 19 de enero pasado.

Como u intento de que se levante el aseguramiento precautorio que pesa sobre varios inmuebles de su propiedad. Los bienes afectos al reclamo están relacionados con las averiguaciones previas 43841DGI/93, DI. B/EX/001194 y PGR/UEPO/298/2003.

A través de su abogado Carlos “N”, Fernando señaló como acto reclamado “La orden de aseguramiento, su subsistencia, puesta a disposición de inmuebles a diversas autoridades administrativas para la celebración de contratos con terceros o terceros interesados, entrega de posesión a terceros o terceros interesados, así como la omisión de levantamiento de aseguramiento de los bienes”.

De entrada, el Juez de Amparo negó la suspensión provisional solicitada por la defensa, ya que la parte quejosa no acreditó el interés que asegura, le asiste, “es decir, que efectivamente sea el propietario o poseedor del inmueble de referencia; pues en el caso, la parte quejosa no allegó documento alguno para acreditar algún derecho sobre los inmuebles mencionados, ya que únicamente exhibió el poder otorgado al promovente de amparo”. Será necesario que ofrezca pruebas que acrediten fehacientemente ese interés.

Por lo menos son cinco los inmuebles que en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Jalisco (RPPC) cuentan con anotación de aseguramiento ordenado por el Ministerio Público Federal, a nombre de Fernando Arellano Félix, con fecha 9 de agosto de 1993, a dos meses y medio de que se registró el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara el 24 de mayo del mismo año.

El primero se ubica sobre Avenida Topacio número 2525, esquina con Calle Barlovento (antes Ónix), Fraccionamiento Verde Valle en Guadalajara; residencia que fue adquirida por Benjamín Francisco Arellano Sánchez en representación y ejerciendo la patria potestad de su hijo Fernando, el 21 de junio de 1983, cuando era menor de edad.

La casa originalmente perteneció al matrimonio compuesto por Francisco “N” y Gilda “N”, quienes la vendieron a los Arellano por 900 mil antiguos pesos, según escrituras. El inmueble, con una superficie de 600 metros cuadrados de construcción y con cochera por ambas calles, presuntamente fue vendido por Fernando el 16 de mayo de 1987 a Oscar “N”, quien, por su parte, también ha buscado la recuperación de la propiedad.

Otro domicilio adquirido por Fernando Arellano, el 30 de diciembre de 1984, es el número 3, manzana 820, de la calle Zafiro, Fraccionamiento Residencial Victoria, en Zapopan; propiedad que fue traspasada el 14 de marzo de 1990 a María Magdalena “N”, pariente política de Benjamín Arellano Félix.

También destaca la transacción del local F-27 del centro comercial Plaza Fiesta Arboledas, ubicado en Avenida Arboledas, Fraccionamiento Rinconada de las Arboledas, muy cerca del Mercado de Abastos de Guadalajara.

El local comercial, de 61.98 metros cuadrados de superficie, fue adquirido a Multibanco Comermex en 5 millones 888 mil 100 pesos, el 16 de julio de 1989; y atualmente es ocupado por una compañía dedicada a la venta, instalación y servicio de paneles y calentadores solares; sin embargo, sus empleados desconocen la situación legal del local.

Dos propiedades más compradas por el ingeniero civil en 1991, son las ubicadas en Calle José María Heredia, números 2683 y 2703, manzana 39 del fraccionamiento Ladrón de Guevara, también en Guadalajara.

Uno de los inmuebles, de 246.08 metros cuadrados, fue adquirido al matrimonio de Enrique “N” y Rosalía “N”, en 235 millones 660 mil 800 pesos; el otro, con superficie de 245.28 metros cuadrados, costó 117 mil 734 mil 400 pesos; y el 31 de agosto de 1993, supuestamente fue vendido a María Luisa “N”, cuando ya estaba asegurado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

En el juicio de amparo promovido este año, el abogado de Fernando Arellano Félix solicitó al juez requerir al director de Catastro Municipal de Guadalajara, la expedición de diversos certificados catastrales y copias certificadas para ofrecerlas como pruebas en favor de su cliente, ya que la institución referida ha sido omisa en entregar dicha documentación solicitada por defensa del quejoso desde el 26 de enero de 2022.

En Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga (Jalisco) fueron por lo menos 23 los inmuebles asegurados que, a la fecha, con excepción de uno, continúan con tal anotación ante el RPPC.

Una casa se devolvió, al ganar un amparo, a la madre de los Arellano, Alicia Félix Zazueta, en 2015, el resto permanece con estatus de aseguramiento en forma indefinida.

Esta resolución abrió el camino para que los hermanos Arellano que quedan vivos y se encuentran libres, hombres y mujeres, reclamen algunos de los inmuebles que se encuentran en el limbo legal, ya que la autoridad ministerial no ha probado su ilegítima procedencia, ni ha promovido juicios de extinción dominio Figura jurídica incorporada al Derecho mexicano en 2009, que ha permitido al Gobierno Federal hacerse de diversas propiedades de presuntos miembros de la delincuencia organizada.

(Publicado originalmente en Zeta Tijuana)