El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro estalló contra el gobernador Rubén Rocha Moya y del Congreso del Estado, culpándolos de orquestar una campaña de odio en su contra debido a la reforma a la Ley de Agua Potable que ampara un nuevo descuento a personas de la tercera edad.
“Yo hago responsable al gobernador del estado y a los diputados del Congreso del Estado, principalmente a Serapio Vargas si algo me pasa a mí o a mi familia, porque están generando odio en la población, están convocando a manifestaciones, a movimientos”, dijo.
La declaración la dio luego de criticar la postura del ejecutivo estatal y del Congreso respecto a dicha Ley y al tema de la actualización del predial, medias que tildó de perversa y cochambrosa.
“Andan con la idea perversa, cochambrosa política de la candidatura y enredan a todo mundo, y la gente piensa que nosotros somos los malos”, dijo.
Lea: ‘No vamos a aplicar’ descuento del 50% en el pago de agua potable a adultos mayores: Estrada Ferreiro
En entrevista durante el evento de firma de convenio entre el Ayuntamiento de Culiacán y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Estrada Ferreiro recapituló los encuentros que ha tenido con el congreso y que han terminado en controversias constitucionales, mencionando que una vez más llevará a cabo este recurso a más tardar en seis días contra la Ley de Agua Potable.
Previamente el alcalde señaló que Rocha Moya miente al afirmar que está Leu favorece a los pobres y marginados, y que por el contrario, favorece únicamente a un grupo y está medida podría llevar a la quiebra a las juntas de agua en el estado.
“Miente el gobernador cuando dice que lo del agua potable ahora se autorizó porque ayuda a la gente pobre o porque lo ocupa la gente vulnerable, miente, y miente también cuando dijo que el predial no se puede aumentar porque afectaba la economía de la gente pobre”, agregó.
Señaló que Culicán se estaría viendo afectado con 195 millones de pesos en la captación de este impuesto mientras que el monto ascendería a 500 millones a nivel estatal.
“Esto que están haciendo impacta en 195 millones de pesos cuando menos a Culiacán y 500 millones en todo el estado… o sea, a qué nos quieren llevar el gobernador y los diputados, ¿a la quiebra para que se privaticen las juntas?”, dijo.
