La DEA incluyó en la lista de los más buscados a Ismael Zambada Sicairos, el ‘Mayito Flaco’ o ‘Caballero’, y reveló una fotografía reciente de su rostro.
El Mayito Flaco es el único de los hijos varones de Ismael el Mayo Zambada, acusado de narcotráfico que no ha sido detenido.
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La ficha difundida por la DEA indica que nació en 1982 y mide 1.85 metros de estatura.
Zambada Sicairos enfrenta cargos en la Corte de California desde 2015.
En la misma acusación están su papá, su hermano Ismael Zambada Imperial el Mayito Gordo, e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán.
El 22 de septiembre del año pasado el gobierno estadounidense triplicó la recompensa que ofrece por el Mayo y la elevó de 5 a 15 millones de dólares. Esta es la segunda mayor recompensa ofrecida por la DEA, después de la de Rafael Caro Quintero, por quien ofrecen 20 millones de dólares.
El Mayito Flaco es el hijo menos conocido públicamente y de quien poco se sabe. Y al igual que su padre nunca ha sido detenido.
Sus hermanos, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo; y Serafín Zambada Ortíz, el Sera, ya fueron detenidos.
El Vicentillo fue capturado en marzo de 2009 en la Ciudad de México y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010, donde se declaró culpable de conspiración e importación de cocaína.
En mayo de 2019 el Vicentillo, fue sentenciado a 15 años de prisión.
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El Mayito Gordo, fue detenido en la comisaria El Ranchito, en la sindicatura de El Salado, en Culiacán, en noviembre de 2014 y extraditado en diciembre de 2019.
El año pasado, en la Corte se declaró culpable de conspiración para distribuir e importar cocaína, metanfetaminas, heroína y mariguana.
Su proceso no ha terminado y se espera que en abril de este año sea sentenciado.
El Sera fue detenido en noviembre de 2013 en el cruce fronterizo de Nogales y en marzo de 2018 sentenciado a 66 meses de prisión pero solo estuvo preso durante 58 meses, ya que le concedieron la libertad por buena conducta.
La acusación contra el Mayito Flaco, señala que operaba el tráfico de metanfetamina desde Asia a México y una vez en el país, la trasladaba hacia los Estados Unidos y la distribuía.
Además, coordinó la recolección y lavado de las ganancias de la venta de droga en los Estados Unidos y la transferencia del dinero hacia México y a otros lugares en beneficio de los miembros del Cártel de Sinaloa y asociados.
La acusación derivó de una investigación de líderes de alto rango del Cártel de Sinaloa, lugartenientes y operadores y concluyó con 14 acusaciones contra 60 presuntos miembros.
Las acusaciones son por tráfico de grandes cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína y mariguana para puntos alrededor de los Estados Unidos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia la investigación también ofreció una de las vistas más completas hasta la fecha del funcionamiento interno de uno de los cárteles de la droga más prolíficos, violentos y poderosos del mundo.
Los miembros del cártel y sus asociados fueron el objetivo durante tres años en la investigación masiva que involucró a varios países, decenas de agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos, varios distritos federales y más de 200 escuchas telefónicas autorizadas por los tribunales solo en este distrito, señala.
La acusación principal fue contra el Mayo, sus hijos, e Iván Archivaldo Guzmán.
La investigación comenzó a finales de 2011 de lo que al principio se creía que era una célula de distribución de drogas a pequeña escala en National City y Chula Vista.
El presunto líder de esa célula, José Luis Iglesias, alias José Bautista Sámano Molina, y varios de sus asociados fueron acusados en 2012.
En la investigación se hizo evidente que las drogas estaban siendo suministradas por el Cártel de Sinaloa, y el caso se transformó en una investigación multinacional y multiestatal masiva que ha resultado en decenas de arrestos e incautaciones en San Diego, Los Ángeles, Riverside, los condados de Bernardino e Imperial; las grandes ciudades de San Francisco, Chicago, Nueva York y Detroit; los estados de Nevada, Texas, Carolina del Sur, Delaware, Pennsylvania, Minnesota, Kentucky, Georgia; y los países de México, Canadá, Colombia, Gran Bretaña, Filipinas, Guatemala y China, indica el Departamento de Justicia.
Entre las acusaciones derivadas de esa investigación, se encuentra la que presentaron contra Serafín Zambada Ortíz.
De la misma investigación derivó la acusación contra José Rodrigo Aréchiga Gamboa, el Chino Ántrax, arrestado en los Países Bajos y extraditado a los Estados Unidos por las autoridades en julio de 2014; y asesinado en Culiacán en mayo de 2020 después de haberse “fugado” de la prisión domiciliaria que purgaba en San Diego.
La investigación estableció que los narcotraficantes acusados utilizaron varios métodos para mover las drogas, incluidos aviones de carga, aviones privados, submarinos y otras embarcaciones sumergibles y semisumergibles, portacontenedores, embarcaciones de suministro, lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras, autobuses, vagones de tren, remolques de tractores, camiones, automóviles y transportistas interestatales y extranjeros privados y comerciales.
En el transcurso de la indagatoria decomisaron más de 652 kilos de metanfetamina, mil 343 kilos de cocaína, 12 toneladas de mariguana, 53 kilos de heroína, 5 mil 500 pastillas de oxicodona y 14 millones de dólares en ganancias de narcóticos.
Según la acusación, los presuntos líderes del cártel importaron a México grandes cantidades de cocaína, metanfetamina y otras drogas, así como los productos químicos para fabricar metanfetamina, desde Asia y países de América Central y del Sur, incluidos Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala.
La acusación formal asegura que las grandes cantidades de drogas fueron contrabandeadas a través de la frontera internacional a San Diego en automóviles, remolques de tractores, camiones, embarcaciones pesqueras y túneles y almacenadas en varios escondites, casas de seguridad y almacenes en el condado de San Diego. La cocaína, la metanfetamina y la mariguana se transportaban y distribuían desde allí a lugares de todo Estados Unidos.
El documento señala que las ganancias del tráfico se lavaron a través del contrabando de efectivo a granel; depósitos bancarios estructurados; transferencias bancarias; transferencias de cambio de moneda; sistemas alternativos basados en créditos utilizados para transferir dinero sin el uso de transferencias electrónicas u otros medios tradicionales; sistemas basados, en bienes en los que los artículos, incluidos los vehículos y aviones de lujo de gama alta, se compraban en un lugar y se transferían a otro lugar; y otros métodos por redes compartidas de mensajeros de dinero y lavadores de dinero asociados con el Cártel de Sinaloa.
Según la acusación, el gobierno busca el decomiso de varias posesiones, incluido un avión Cessna Turbo 210 de 1982, un vehículo de lujo Lamborghini Murciélago y otros vehículos y propiedades.
Para proteger sus actividades de distribución de drogas y evadir la aplicación de la ley, los traficantes tomaron una serie de medidas y obtuvieron pistolas y otras armas y usaron intimidación, violencia y amenazas de violencia contra miembros de las fuerzas del orden, narcotraficantes rivales y miembros de su propia organización.
Artículo publicado el 06 de febrero de 2022 en la edición 993 del semanario Ríodoce.
