El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que existe un contrato de arrendamiento de la USE pero nunca se notificó al gobierno el cambio de propietario y a quién se tenía que pagar la renta y se dejó de pagar.
Manifestó que el contrato se firmó en 2004 con la empresa OEI Inmobiliaria que era la propietaria y después el inmueble se vendió al fideicomiso del SNTE.
Comentó que con el cambio de propietario el contrato se subroga al nuevo dueño y el SNTE debió notificar al estado que la renta ahora se debía pagar a ellos.
El secretario general del SNTE en ese entonces, indicó, era quien tenía que haber hecho el requerimiento de pago cuando compraron el edificio pero no lo hizo.
Reiteró que su administración pagará la renta solo desde noviembre del año pasado.
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“Para nosotros no existe deuda de arrendamiento”, indicó.
Manifestó que pedirá al Congreso del Estado que haga una auditoría al fideicomiso.
El Secretario general Fernando Sandoval es el presiente del Comité Técnico del Fideicomiso y quien debe designar a la persona física o moral que se encargue de realizar los contratos de arrendamiento de los bienes materiales.
Los líderes sindicales desatendieron el fideicomiso, aseguró, y permitieron que los gobiernos no enteraran las retenciones que hacían a los maestros.
El Gobierno de Mario López Valdez no enteró las retenciones y el de Quirino Ordaz Coppel solo una parte, dijo.
Los dirigentes eran disimulados cuando el Gobierno no enteraba las retenciones. Puede haber complicidad entre los dirigentes y el gobierno, señaló.
Aseguró que los gobiernos y dirigentes sindicales deterioraron el patrimonio que es de los trabajadores
Con la auditoría que se realizará, indicó, pretenden que se establezcan responsabilidades y obligaciones en el fideicomiso.