Poner fin a discursos de odio, actitudes homofóbicas y modificar las leyes para evitar la criminalización de la mujer por abortar, y respetar y facilitar la tramitación de cambio de identidad de género, demandaron representantes de organismos y colectivos en el Parlamento Abierto que organizó el Congreso del Estado.
La segunda edición del Parlamento Abierto en los temas de Identidad de género, Derecho a la Vida y Despenalización del aborto, diputados participaron integrantes de la Junta de Coordinación Política, de la Comisión de Igualdad de Género y Familia, además de diputados de las distintas fuerzas políticas.
En su participación, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, garantizó a los activistas que sus opiniones y propuestas no serán un grito en el desierto, sino que tendrán una aportación en los procesos legislativos que se realizarán para cada uno de los temas.
Mencionó que la dimensión política de los derechos humanos está a la orden del día, y como ejemplo de ello señaló las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los temas del aborto y penalización del aborto.
Los activistas demandaron a los diputados hacer efectivo su derecho a que se les reconozca legalmente su nueva identidad de género, sin que ello implique seguir sufriendo discriminación.
De igual modo exigieron que se acate la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no penalizar el aborto, que se deje de considerar como delito, más cuando las embarazadas son niñas que incluso apenas tienen nueve años.
Señalaron que el aborto se practica legal o ilegalmente, pues las prácticas clandestinas se mantienen, aun cuando son sumamente agresivas contra los úteros.
En el caso de cambio de identidad de género, se expuso que debido a la cerrazón que existe en el mercado laboral, prácticamente el 80 por ciento de las mujeres trans se dedican al trabajo sexual.
Las mujeres trans, dijeron, están expuestas a un riesgo más elevado de sufrir acoso, violencia y discriminación, por lo que su promedio de vida es de 35 años.
Los participantes ciudadanos dieron testimonio de sus historias de discriminación que han sufrido por falta de una legislación que reconozca sus derechos.
