domingo, junio 26, 2022
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  • Dias de Impunidad

La revuelta de los motociclistas en Ahome

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Gobierno municipal frena el decomiso de unidades y surge iniciativa estatal de descuento en placas

El gobierno municipal de Ahome frenó en seco una ofensiva contra “motolocos”, cuando estos amenazaron con abortar la imposición de síndicos promovida por el alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros, y operada por el secretario de la comuna, Genaro García Castro, y asesores políticos del primero.

Tras la revuelta social, y ahondando en el caso que derivó en la movilización, el diputado local por el Tercer Distrito Electoral, César Ismael Guerrero Alarcón, detectó un problema de liquidez familiar y desigual tasa de cobro a los vehículos ligeros de lujo y los utilitarios, antes de la confrontación con el gobierno y promovió ante sus pares una iniciativa para reducir a la mitad el costo de las placas de motocicletas de trabajo para ampliar la base de contribuyentes y elevar los ingresos por impuestos y derechos propios del Estado.

Una negociación que terminó bajando la presión, cuando el municipio dobló las manos a la bota y garrote que había impuesto en Higuera de Zaragoza y Ahome, y cuyo resultado arrojó la incautación de 170 motocicletas, pero los accidentes mortales no disminuyeron, sino que continuaron.

Peor aún, los motociclistas se levantaron en protestas y mantuvieron un asedio contra la sindicatura de Ahome, porque la policía comenzó a allanar las viviendas, golpear a motociclistas e imponer el terror.

Entonces, estos se lanzaron sobre una venganza política y en redes sociales operaron el voto de castigo en contra de José Ramón Urías Verduzco, el “Tomate”, candidato oficialista a síndico de Higuera de Zaragoza. La campaña creció como la espuma y llegó a las calles, entró a los domicilios y se quedó entre las personas.

El miércoles, Genaro García Castro anunció que los operativos de requisa estaban cancelados. La organización social había derrotado al gobierno incipiente y experimentado de Gerardo Octavio Vargas Landeros.

“Pero será momentáneo, en tanto se encuentra una solución. Los operativos de vialidad y de la policía municipal serán los rutinarios, en tanto que el diputado, César Ismael Guerrero Alarcón logre que el Congreso de Sinaloa y el Ejecutivo aprueben una modificación a la Ley de Ingresos que reduzca el costo del “emplacado” de las motocicletas”, dijo García Castro.

En tanto que el legislador precisó que en la víspera de la revuelta social analizó el asunto y encontró que no era un tema de confrontación contra el gobierno ni intensión de ocasionar desmanes, sino de economía familiar porque el costo de la placa, seguros y licencia superaba con mucho una semana de trabajo en el campo. “Y ante esa disyuntiva, el motociclista opta por su familia antes que cumplir con las reglas del Estado”, consideró.

Miembro de la comisión de Fiscalización y contador público certificado de profesión, dijo que también encontró inequidad en la Ley de Ingresos pues se tasa igual a una motocicleta de turismo como a la de trabajo, lo que no es igual con los vehículos, porque paga menos una camioneta utilitaria que un auto de lujo, dependiendo el año, que va disminuyendo cuando el modelo va perdiendo actualización.

“Pero eso no ocurre con las motocicletas, lo que evidentemente está mal. Eso provoca la evasión fiscal, y termina siendo un asunto de seguridad pública”, consideró.

Guerrero Alarcón dijo que la propuesta ya en consenso con la bancada de Morena y en negociación con las restantes, es reducir en 50 por ciento el costo de la placa y eliminar la calcomanía para motos de trabajo, así como conminar a las aseguradoras a una prima preferencial a estos, aunque esa sería su decisión.

El Estado tendría más ingresos porque más contribuyentes cubrirían el derecho de tránsito, que finalmente, no se paga.
Guerrero Alarcón aseguró que el Congreso y el Gobierno de Sinaloa deberán atender el tema porque es producto de un descontento social desatendido por años.

Gonzalo López, el líder motociclista que se enfrentó al operativo para detenerlo, consideró que las propuestas del municipio y del legislador gustaron a los motoristas, y esperarán el resultado para regularizar los vehículos ligeros.
José Luis Leyva Vázquez, motociclista del Aguajito, opinó que la propuesta del legislador Guerrero es más que justa porque los precios de la placa, licencia y seguros son impagables, y empeoran cuando la moto va perdiendo valor porque es cuando las aseguradoras se niegan a dar la cobertura.

Criticó que los operativos de seguridad de Vialidad y de la Policía municipal sólo afectaron a los trabajadores y a sus familias, pero no dañaron a los infractores a los que estaban destinados. “Eso siempre sucede, y hoy no fue la excepción, se repitió la historia”.

Artículo publicado el 30 de enero de 2022 en la edición 992 del semanario Ríodoce.

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